Un policía jujeño, con uniforme, fusil, casco, municiones, chaleco antibalas, anteojos y de un contorno corporal, por lo menos, cuatro veces mayor al de la diputada Mayra Mendoza (FPV) la agarró del cuello, la ahorcó, la sostuvo del brazo y la tiró al piso. Abuso de su fuerza física y de la fuerza del uniforme y de la portación de armas estatales para reprimir a una legisladora que pretendía ingresar al juicio a Milagro Sala, en Jujuy, el miércoles 21 de diciembre. El columnista de América Televisión Eduardo Feinmann no se privó de justificar: “Buscan la represión. Buscan ser víctimas. Verguenza la diputada Mayra Mendoza”. También el periodista de La Nación Jaime Rosemberg, tuiteó: “Diputados, ex diputados, ex funcionarios, todos K, quieren entrar de prepo al juicio de Milagro. De guapos perdieron con la policía jujeña” como si fuera una batalla o una re-edición de la teoría de los dos demonios en donde manifestantes y fuerzas de seguridad del Estado estarían en igualdad de condiciones y la calle fuera un ring de box. 

Una vez más, la represión a la protesta social se desencadena en la Argentina –con un protocolo de seguridad democrática para no generar lesiones en situaciones de conflicto social dejado de lado por el gobierno de Cambiemos– y la violencia de género institucional no respeta fueros, ni cuerpos. La abogada Claudia Perugino, integrante del Comité por la libertad de Milagro Sala enmarca: “En Jujuy rige un estado represivo y quedó a los ojos de todo el mundo cómo la policía, que responde al gobernador (Gerardo) Morales se ensañó con la diputada Mayra Mendoza en un hecho de violencia institucional contra una mujer. No nos asombra de un gobierno que tiene de rehén a una líder popular y legisladora del Parlasur desoyendo las recomendaciones de los organismos internacionales que piden su inmediata liberación. Morales no es solo un autoritario, sino también un misógino”.