Al colocar su nombre en una lista de presos en condiciones de acceder a la prisión domiciliaria u otras medidas alternativas a la prisión, el Servicio Penitenciario Federal –que depende del Ministerio de Justicia– habilitó para el ex marino Alfredo Astiz un beneficio que ni siquiera él había pedido ante los jueces encargados de la ejecución del cumplimiento de las dos condenas a cadena perpetua que recibió por los crímenes cometidos en la ESMA. Lo mismo sucede con otros genocidas, como Jorge “El Tigre” Acosta. El repudio social y político y el enojo de los organismos de derechos humanos fueron tan grandes que distintos funcionarios salieron a despegar al Gobierno del informe que allana el camino para aliviar el régimen de detención de un centenar de represores. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, llegó a decir que la “posición institucional es de repudio y de rechazo”. El titular del SPF, Emiliano Blanco dijo que el organismo “no ha recomendado ni sugerido” la prisión domiciliaria de Astiz u otros acusados de delitos de lesa humanidad.  Y el ministro de Justicia, Germán Garavano, señaló que ese tipo de medidas son decisiones que corresponden a los jueces y juezas. En la Cámara de Diputados tuvieron eco enseguida los proyectos de rechazo a la lista del SPF y hasta Cambiemos mostraba disposición a votarlo con algunos retoques.

Astiz está enfermo de cáncer hace más de dos años a lo largo de los cuales recibió y sigue recibiendo quimioterapia. No tuvo problemas ni impedimentos para hacer el tratamiento en la cárcel de Ezeiza. Ni siquiera pidió al Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) la prisión domiciliaria. El SPF envía cada tres meses a los juzgados y tribunales que tienen detenidos a disposición, las listas de las personas privadas de la libertad –no sólo por delitos de lesa humanidad sino de todo tipo– que podrían estar en condiciones de acceder a la detención domiciliaria con una pulsera electrónica o la libertad condicional. Lo mandan con el argumento de la crisis y la sobrepoblación carcelaria. Es evidente que no les dicen a los tribunales que otorguen medidas alternativas a la prisión a tal o cual persona, pero es una invitación tácita. El TOF 5, que condenó a Astiz a prisión perpetua en dos oportunidades, en 2011 y en 2017, recibió listados con una decena de detenidos a disposición de ese tribunal que podrían acceder a la tobillera. El último llegó en enero, y Astiz no figuraba. Tampoco en el anterior. Su nombre apareció en una nueva nómina del SPF del 8 de marzo último, cuando se están por cumplir 42 años del golpe que inauguró la dictadura cívico militar.

A fines de enero el SPF había envidado un listado de 1111 presos y presas con posibilidades de acceder a formas de egreso anticipado de la cárcel. Entre ellos había 96 represores procesados o condenados. Allí aparecieron los nombres de Acosta, Julio Simón (alias el Turco Julián) y el ex capellán Cristian Von Wernich, entre otros. En la última actualización, donde la nómina se elevó a 1436 presos aparece incluido, Astiz, que tiene 67 años, junto con otros 15 represores que son enfermos oncológicos, como el ex agente de Inteligencia Horacio Martínez Ruiz, que actuó en el centro clandestino Automotores Orletti, y el apropiador Víctor Gallo.

En el SPF, ante la consulta de este diario dijeron que lo hicieron fue una clasificación con categorías generales de personas presas entre las cuales una es la de los pacientes oncológicos, otra es la de mayores de 70 años, mujeres embarazadas, madres con hijos de hasta cuatro años y enfermos terminales. Señalaron que no hicieron un análisis de particularidades de cada caso. La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad había advertido ya en enero que no era posible identifica qué criterios se utilizaron en la confección del listado. “Lo que hay que entender es que esa lista no es vinculante y son los jueces a cargo de la ejecución de la pena los que deciden si alguien puede acceder a una medida alternativa. Cuando hay enfermedad de por medio, la ley habla de que el tratamiento en prisión no se debe convertir en un trato cruel. El problema de las prisiones domiciliarias es que a veces la situación de los detenidos no se corresponde con la que realmente se invoca. Si está enfermo, hay que verificar la gravedad y las posibilidades de tratamiento en la detención. Miguel Etchecolatz, por ejemplo, recibía un tratamiento en el SPF, y sin embargo fue beneficiado con domiciliaria (luego revocada). Lo que hay que evitar es que el beneficio sea en realidad excarcelación anticipada. Hay que evitar la impunidad”, dijo a PáginaI12 Jorge Auat, titular de la Procuraduría de lesa humanidad.

La palabra “provocación” fue la más representativa de la reacción de familiares de víctimas del terrorismo de Estado y organismos de Derechos Humanos, ante la difusión de lista de represores que serían candidatos a alternativas a la prisión, que tuvo su primera tanda fuerte en enero. “Estamos shockeados, no podemos creer que en la lista que ya habían publicado para beneficiar a genocidas de la ESMA incluyeran a Astiz, una figura destacada en la represión y terrorismo durante la dictadura. Tuvo un papel perverso en la infiltración de las Madres”, dijo ayer Mabel Careaga, hija de Esther Ballestrino de Careaga, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo que integraba el grupo de la Iglesia de la Santa Cruz donde Astiz se hacía pasar por hermano de un desaparecido. Fueron doce los desaparecidos de la de la Santa Iglesia Santa Cruz, y sus familiares repudiaron ayer el guiño del gobierno a las prisiones domiciliarias través de sus listas, y anunciaron : “vamos a arbitrar los medios judiciales, acudiemos a todas las instancias Nacionales e internacionales que sean necesarias para que permanezcan en la prisión”.

En el Congreso, Romina del Plá (del FIT) motorizó un proyecto a modo de declaración de repudio que no se focaliza en Astiz sino en la lista de genocidas pasibles de ser beneficiados. En el debate en Diputados surgió el nombre el del ex marino y se multiplicaron las reacciones desde la mayoría de las fuerzas. Incluso Cambiemos accedía al final del día apoyar un texto si se quitaba la palabra “indultazo”.

El reflejo del Gobierno fue despegarse de lo que se leyó inevitablemente como una postulación de represores a la domiciliaria. El titular del SPF, Emiliano Blanco, aseguró que la institución “no ha recomendado ni sugerido” la prisión domiciliaria de ningún acusado de lesa humanidad y que tampoco tiene “la facultad de hacerlo”. “Se hizo un listado de categorías con criterios objetivos determinado por organismos internacionales”, insistió. “El SPF se limita únicamente, a requerimiento de las autoridades judiciales, a elaborar un informe interdisciplinario” y “es el Poder Judicial el que bajo sus propias evaluaciones ex extremos legales terminan definiendo una soltura anticipada o la libertad”, dijo. El TOF5, informaron a este diario funcionarios judiciales, no les había pedido nada. Sólo fue recibiendo los listados que el SPF enviaba y en una ocasión en que ése organismo pidió el traslado de Astiz a otra unidad, el tribunal lo rechazó.

Avruj había sido el primero en decir que su secretaría se opone y  rechaza la domiciliaria para Astiz “tal como lo hiciera con los perpetradores Etchecolatz y Gómez y de la misma manera que se opuso a cualquier aplicación del 2x1 cuando fue requerido”. “Apelamos a la racionalidad en el manejo de este beneficio”, se desmarcó.El ministro Germán Garavano también dijo que deciden los jueces, pero fue algo más sinuoso: elogió a Graciela Fernández Meijide, por decir que “quienes cometieron los peores crímenes tienen derechos” y que el “sistema carcelario no está pensado para personas de tanta edad y con problemas de salud, aunque el SPF lo están enfrentando sin problemas”.