Desde Santa Fe
Los fiscales María Laura Martí y Roberto Apullán pidieron ayer la prisión preventiva por presunta "asociación ilícita" y "defraudación al Estado" de las cuatro docentes presas desde el martes en una causa que investiga supuestos reemplazos falsos en escuelas de Santa Fe y Santo Tomé y ampliaron la imputación ‑por los mismos cargos‑ a otras diez que seguirán bajo proceso, pero libres. Son catorce bajo la lupa. La diferencia entre unas y otras es el nivel de responsabilidad que le atribuyeron en las maniobras: a una de las detenidas le reprocharon la "jefatura" del grupo, a las otras tres, la condición de "organizadoras" y a las diez restante, la calidad de "miembros".
Lo que investigan los fiscales es la "carga de horas cátedras irreales o falsas en el sistema informático del Ministerio de Educación de la provincia, que luego eran cobradas". La "asociación ilícita se consumó en 274 defraudaciones y otras 100 que quedaron en grado de tentativa, todas en perjuicio de la administración pública".
Martí y Apullán ya enunciaron las pruebas en tres audiencias públicas. El martes, en Tribunales, imputaron por supuesta "defraudación" y "asociación ilícita" a las cuatro detenidas: a una le atribuyeron "la jefatura y organización" del grupo y a las otras tres la condición de "organizadoras". El miércoles, en el Ministerio Público de la Acusación, ampliaron la imputación por los mismos cargos a las otras diez investigadas, a quienes se les reprochó la "calidad de miembros" de la organización. Y ayer, pidieron la prisión preventiva de las cuatro presas.
La pesquisa se inició en mayo por una denuncia de la ministra de Educación Claudia Balagué, quien pidió "ir hasta las últimas consecuencias".
