Hace unos días leía en una nota que Luis Chocobar, el policía procesado por el homicidio agravado de Juan Pablo Kukoc reconocía que no podía dormir pero, lo más destacable de la nota, según creo, es que aseguraba que volvería a hacer lo que hizo porque “hice lo correcto, si no, no tendría el apoyo de mis jefes”.

Esas son, entiendo, las claves de un caso que trasciende la cuestión específica penal, no porque no sea decisiva sino porque en este caso se juega mucho más que una calificación. Se juega un modelo múltiple. Un modelo de qué policía queremos; de qué significa el delito; y cómo se sanciona; el modelo de representación que es el Presidente; qué representa y a quién. Un modelo de sociedad y de vínculos.

El fallo de la Sala de Feria del Tribunal de Casación Penal, integrada por los jueces María Laura Garrigós de Rébori, Daniel Morin y Héctor Magariños, rechazó por inadmisible la queja de la defensa de Chocobar y confirmó su procesamiento por homicidio agravado por el uso de arma de fuego con exceso en el cumplimiento de un deber.

Hablando pronto y fácil: el fallo de Casación se conoce a dos días del 24 de marzo, a pocos días del pedido del Gobierno a los jueces en pos de la domiciliaria (léase libertad) de los genocidas condenados (inclúyase a Astiz, la lista es larga), y del comentario del presidente Mauricio Macri sobre la “necesidad” de que los jueces “entiendan que nos tienen que cuidar” evitando la “liberación de delincuentes”.

El fallo de Casación aparece en el momento en que Macri y el poder que representa (no me refiero al del Estado, sino al que controla a ambos) pretende definir de quién se habla cuando se habla de delincuencia. En el momento en que del gobierno se insiste en que los condenados por genocidio merecen volver a sus casas (algo no habrán hecho); que los policías que matan por la espalda son héroes; y que quienes supuestamente cometen robos con o sin violencia, no merecen justicia sino la respuesta policial inmediata, merecen la muerte, la misma lógica de los genocidas.

Es el mismo tándem Macri/Bullrich el que transformó el debate penal sobre el disparo de Chocobar, por la espalda, en un modelo de actuación policial y convirtió al procesado por homicidio en víctima. Los pasos que dio el Gobierno son insalvables porque no tienen retorno, atravesaron todos los límites de la legalidad y de la ética: 

  • Promovió el accionar de un policía que mató por la espalda.
  • Presionó al juez que interviene en el caso al invitar al recién procesado a la Casa de Gobierno y difundirlo en todos los medios.
  • Por lo tanto, presionó a todos los jueces que intervienen o intervendrán en casos en los que la policía interviene en acción represiva. Defendió a Chocobar aún después de que se confirmara y agravara su procesamiento en la Cámara.
  • Instaló un modelo policial en el que disparar por la espalda es apenas un “detalle”, según lo transmitió la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
  • Todo esto, con la consecuente y previsible repetición de casos de violencia policial que siguieron a esa fecha, en una repetición de fusilamientos por la espalda y exceso policial sin sanción, que resulta muy difícil de desalinear del caso originario.
  • En pocas palabras, promover un modelo policial en el que la prevención pasa por “limpiar” las calles de “enemigos”, no importa cómo sea y sin intervención judicial porque, ya lo dijo Bullrich, como vocera de la Gendarmería, “no se puede poner en duda las acciones de las fuerzas de seguridad”.

Es por esto que me parece tan acertado lo que dijo en aquella nota Chocobar. Dijo que lo volvería a hacer porque cree que es correcto. Y que esa legitimidad no está dada por las leyes sino porque sus superiores (inclúyase por favor a Bullrich y a Macri, en definitiva sus superiores máximos) lo apoyan y lo alientan. A él y a todos los uniformados. A él y a toda la sociedad dispuesta a matar a patadas si no hay un uniformado armado que garantice la muerte del otro. 

A dos días del aniversario del golpe militar más cruento en la historia del país, el fallo de Casación viene a recordarle a Macri, sobre la independencia de los jueces como integrantes de otro poder del Estado democrático. Y viene a recordarle que cualquier gesto que haga desde el sillón del (ya fallecido) Rivadavia será leído como modelo. 

Más allá de toda calificación penal, el fallo de Casación dice que los gestos tienen límites. A dos días del 24 de marzo, le está diciendo a Macri que hay modelos que son ilegales. Modelos inadmisibles.

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