Los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan exigieron la “renuncia inmediata e irrevocable” del ministro de Defensa, Oscar Aguad, al que además calificaron de “ineficiente” y acusaron de haber utilizado “desvergonzadamente y a su favor” la recompensa que esa cartera había ofrecido a quienes tuvieran información sobre la nave desaparecida desde el 15 de noviembre pasado. Además, le pidieron al presidente Mauricio Macri que reasigne el monto de esa recompensa a la contratación de equipos que puedan hallar el submarino.
Las demandas de los familiares fueron transmitidas en sendas cartas enviadas tanto al titular de la cartera castrense como al Jefe de Estado, en las que cuestionaron la falta de resultados del operativo de búsqueda de las 44 víctimas.
En el texto enviado a Aguad, los familiares le exigen “su renuncia inmediata e irrevocable” y le dan las razones sin eufemismos: “Consideramos que usted está incumpliendo su cargo político y público por su incapacidad e incompetencia demostrada hasta el día de la fecha”. También lo acusaron de “utilizar el pedido de recompensa desvergonzadamente a su favor y el de su gobierno”.
El Estado nacional ofreció el 14 de febrero 98 millones de pesos para quien pudiera aportar datos certeros sobre la localización del ARA San Juan –se supone– en el Mar Argentino. Los familiares calificaron a ese monto de “suma poco millonaria para lo que son los costos reales de embarcaciones” que se necesitarían para rastrear la nave. “Consideramos a usted una persona ineficiente y vergonzosa para el cargo político que ocupa”, concluyeron.
Por otra parte, en la misiva los familiares de las víctimas pidieron “la anulación de la recompensa para la localización e identificación del submarino” y usar ese dinero para darle un nuevo impulso a la búsqueda. “Ya pasados 41 días, nadie se ha registrado por dicha recompensa”, y el “valor de la contratación (de equipamiento) es igual al ofrecido en la recompensa”, fundamentaron.
Las cartas fueron enviadas luego de que, tras una presentación ante el Congreso del jefe de Gabinete, Marcos Peña, se revelara que el San Juan no solo tenín la misión de controlar la pesca ilegal en el Mar Argentino sino también monitorear las operaciones que se realizaban desde las islas argentinas del Atlántico Sur, ocupadas por el Reino Unido desde 1833.
