El escándalo por la actitud del Gobierno Nacional en la primera causa por encubrimiento del atentado a la AMIA, sumó ayer un nuevo episodio con la denuncia penal del ex titular de la Unidad Especial de investigación del atentado, el radical Mario Cimadevilla, contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, su ex jefe de Gabinete Esteban Conte Grand y otros 9 funcionarios y asesores. Según Cimadevilla (designado por el propio Mauricio Macri) Garavano intentó “entorpecer la tarea de la querella tratando de buscar algún favoritismo para alguno de los acusados”. En el escrito de más de 40 páginas, el ex senador de la UCR realizó un pormenorizado detalle de las presiones e intereferencias que realizó el ministro a través de distintos emisarios y operadores y que derivaron en un cambio a último momento en la querella del Estado para pedir la absolución de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, acusados de peculado, coacción y privación ilegal de la libertad. De esta manera se profundizó el conflicto interno en Cambiemos, que ya se había abierto con las acusaciones en el mismo sentido de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien adelantó que acompañará un planteo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de los familiares de las víctimas del atentado.

“El ministro falta a la verdad cuando habla sobre este tema o está muy mal informado por sus colaboradores”, aseguró ayer Cimadevilla luego de presentar su denuncia, que recayó en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini. Entre otras cuestiones, en el texto asegura que “la intención del ministro Garavano siempre fue tener el control absoluto de la querella de la Unidad Especial de Investigación” y que “violentó compromisos asumidos por la República Argentina en el orden internacional y por ende comprometió la responsabilidad internacional del Estado Nacional”.

Acérrimo opositor de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, Cimadevilla fue nombrado por decreto del presidente Macri en enero de 2016 al frente de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA. Tenía como tarea dos temas centrales: por un lado, aportar en la investigación del ataque contra la mutual judía de 18 de julio de 1994, paralizada por la imposibilidad de juzgar en ausencia a los acusados iraníes. Por el otro, continuar con la querella en representación del Estado nacional en el juicio oral por encubrimiento que involucra al ex juez Juan José Galeano, los ex fiscales Mullen y Barbaccia, el ex presidente Carlos Menem, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorregui y el ex jefe de Policía, Jorge “Fino” Palacios, entre otros. 

A poco de asumir, Cimadevilla reemplazó a la mayoría de los abogados de la Unidad que venían de la gestión kirchnerista, incorporando a la abogada Mariana Stilman, persona de confianza de Carrió, como representante principal del Estado en el expediente. Con el juicio oral ya en proceso, Stilman presentó su primera renuncia “en razón de la conflictiva relación que con ella, y los restantes abogados del equipo, estableció el doctor (Miguel) Inchausti”. Inchausti había sido designado en la unidad por pedido expreso de Garavano y según relató Stilman, en una reunión con el ex jefe de Gabinete de esa cartera, Eduardo Conte Grand y el asesor Manuel Izura, le hicieron saber que él “era el Ministro” y que cualquier manifestación que éste hiciera respondía a la voluntad del titular de la cartera de Justicia.

Cimadevilla relató que el emisario designado por Garavano “impartía directivas al equipo de abogados, que se habrían exteriorizado en indicaciones tales como ‘no preguntar tanto’, ‘bajar el perfil’, ‘descansar más en el trabajo de la Fiscalía’ y, sobre todo, ‘mostrarse más distantes de las querellas, especialmente de Memoria Activa’.” Inchausti comenzó a asistir a las audiencias aunque en un primer momento no estaba formalmente en el expediente. El ex senador radical hasta detalló que en una oportunidad Inchausti se enojó porque, a falta de sillas en la audiencia, debió sentarse detrás de Stilman. El conflicto se fue profundizando y se volvió insostenible hasta que finalmente Stilman y otros dos abogados, Ezequiel Strajman (el único que continuaba de la gestión anterior) y Natalia Ferrari renunciaron a fin de marzo de 2017. Según la denuncia de Cimadevilla, entre otras cuestiones, Inchausti les había exigido que, a partir del episodio de la silla, “cortaran todo tipo de comunicación con el doctor Borda (abogado de Memoria Activa), incluso fuera de las audiencias”.

Previo a las renuncias, el ex titular de la unidad cuenta que mantuvo una reunión con Stilman, Inchausti y Garavano, en la que le ministro le aseguró, entre otras cosas, que él se haría cargo de “definir los términos de la acusación” (decidir a quien acusar o no) y le indicó “que ‘la gente de su equipo’ se reuniría con el equipo de la Unidad Especial de Investigación que llevaba el juicio para tomar conocimiento de los elementos probatorios colectados”.

Se resolvió nombrar un nuevo equipo de abogados integrado por Héctor Ventos, Luis Ortea, Valeria Gómez y José Console. A partir de entonces Inchausti dejó de presentarse en las audiencias y fue Ventos quien asumió la representación de la Unidad en el desarrollo juicio. 

Cimadevilla aseguró que la decisión de la totalidad de los integrantes del equipo era “la de acusar a todas de las personas sometidas a proceso, en función de la contundencia de la prueba producida en el curso del debate”. Esa posición coincidía con la del ministerio público fiscal, quien en diciembre de 2017 pidió 8 años de prisión para Mullen y Barbaccia. Sin embargo, un mes después y días antes del inicio del alegato de la Unidad, Garavano ordenó que se revoque el poder otorgado a Ventos como querellante y en su lugar se envíe a Console a la audiencia. En otra resolución, el 1 de febrero, el ministro ordenó que se “siga la línea alegatoria consensuada por la mayoría de los abogados que han atendido, apreciado y valorado las pruebas producidas durante el debate”, es decir, solicitar la absolución. 

En la denuncia, Cimadevilla acusa a Console directamente de faltar a la verdad por afirmar el pedido de absolución fue compartido por la mayoría de los profesionales de la unidad y aporta una carta en la que ratifican que los abogados estaban en desacuerdo con esa posición. 

Como si ésta situación no fuera suficiente, luego del alegato, Console fue denunciado por ser un funcionario judicial (ocupa un cargo de secretario letrado en el Consejo de la Magistratura porteño), lo que lo inhabilitaba legalmente para ejercer la querella del Estado en el juicio. La Justicia lo apartó del cargo, pero permitió que fuera tomado como válida su presentación, ya que se hizo en compañía de otro abogado. 

Para coronar el caso, y una vez cumplida la misión de no pedir penas para los ex fiscales, el Gobierno utilizó el decreto de achicamiento del Estado para disolver la Unidad y desplazar a Cimadevilla. Le quitó el rango de secretaría y la ubicó bajo la órbita del Programa de Verdad y Justicia dependiente de la secretaría de Derechos Humanos.

Los delitos que ahora tendrá que investigar la justicia son abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, y encubrimiento. 

Además de Garavano, Console y Conte Grand, los acusados son el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, el actual jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Ricardo Martín Casares; los asesores Martín Gershanik, Manuel Izura, Leonardo De Martini; el letrado Miguel Inchausti; el director de asuntos jurídicos del Ministerio de Justicia, Damián Crespo y Luis Ortea, abogado de la querella del Ministerio de Justicia.