El Tribunal Supremo español ordenó ayer el ingreso a prisión sin fianza para el candidato a la investidura del gobierno catalán Jordi Turull, tras procesarlo por delitos de rebelión -penado con hasta 30 años de cárcel- y malversación en relación con el proceso de secesión, con lo que frustra su elección en segunda votación. 

“He sido encarcelado por haber sido leal al mandato de los que me escogieron como representante del pueblo de Cataluña, al presidente, al gobierno y al parlamento”, escribió Turull en su cuenta de Twitter. 

El juez del instrucción Pablo Llarena también adoptó la misma decisión respecto a la ex presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, y los ex consejeros Raul Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, alegando el riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Estaba previsto que fueran trasladados a las prisiones madrileñas de Alcalá Meco y Estremera, donde algunos de ellos ya cumplieron poco más de un mes de cárcel hasta el 4 de diciembre.

La decisión del juez se produce a pedido de la Fiscalía, después de la que la “número dos” de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, saliera sorpresivamente de España y no acudiera al Supremo, que había citado a los seis diputados para informarles de su situación procesal. 

La salida de Rovira perjudicó a Turull, quien aspiraba a convertirse en el presidente del gobierno catalán, aunque no tenía garantizados los apoyos para lograrlo, luego de haber fracasado en su primer intento por la abstención de la Candidatura de Unidad Popular (CUP).

Tras perder la votación anteayer, el presidente del parlamento catalán, Roger Torrent, convocó la segunda sesión para hoy, pero en ausencia del candidato, no se podrá celebrar, con lo que queda truncada la formación de un gobierno independentista. Desde ayer, ya corre el plazo de dos meses para convocar nuevas elecciones. 

Llarena, a cargo de la causa por el fallido proceso de secesión, procesó por el delito más grave –rebelión– al ex presidente Carles Puigdemont, al ex vicepresidente Oriol Junqueras y un total de siete ex consejeros del gobierno catalán .También imputó el mismo delito a Forcadell, y los líderes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ex presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, respectivamente. Los siete ex consejeros imputados por rebelión son Turull, Joaquim Forn, Raúl Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antonio Comín y Dolors Bassa. 

Puigdemont, Comín y Ponsatí se encuentran prófugos de la Justicia en el extranjero –ayer se les sumó Rovira, quien se encuentra en Suiza–, mientras Forn está en la prisión, al igual que Junqueras y Jordi Sánchez y Cuixart. 

En la resolución que confirma el procesamiento de los políticos independentistas, el juez relata que el proceso de secesión fue “concertado entre partidos políticos y entidades soberanistas para llevar a cabo la ejecución de un plan predeterminado con el objetivo de declarar la independencia de Cataluña, al margen de la legalidad vigente”.

Al justificar el delito de rebelión, el magistrado explica que tanto Puigdemont, Junqueras, como Forn, quien estaba al frente de Interior, sabían antes del referéndum del 1 de octubre que ese día se podía producir una “escalada de violencia”, y pese a la advertencia de la policía “decidieron que la votación debía celebrarse”. El referéndum, que se llevó a cabo bajo prohibición y en medio de la represión policial, dio la victoria a los secesionistas, que luego utilizaron el respaldo para declarar la independencia unilateral el 27 de octubre en el parlamento regional. 

A Turull, ex vocero del gobierno catalán, el juez le atribuye la responsabilidad de impulsar la movilización, el diseño y la gestión de la publicidad del referéndum; así como la coordinación de la infraestructura informática y el reclutamiento de miles de voluntarios que permitieron celebrar la votación. A Jordi Sánchez y Cuixart los responsabiliza de haber “aprovechado su notoria capacidad de movilización colectiva –y con la finalidad de propiciar la independencia que ambicionaban–” para lanzar a los independentistas contra las autoridades.

El magistrado califica como “levantamiento violento” la protesta que lideraron ambos contra la Guardia Civil ante un operativo para desbaratar el referéndum y llega a comparar los hechos con “una supuesta toma de rehenes con disparos al aire”. 

Los restantes cinco ex altos cargos del gobierno catalán sólo afrontan delitos de malversación de dinero público y desobediencia, de los que fueron acusados también el resto de imputados; mientras a los cinco ex miembros de la Mesa del Parlamento los imputa sólo por desobediencia. 

Por el contrario, Llarena dejó fuera del procesamiento al ex presidente catalán Artur Mas, a la coordinadora del PDeCAT (Partido Democrata Europeo Catalán) Marta Pascal, y a la ex presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras. 

Por otra parte, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) instó ayer a España a que se comprometa a garantizar los derechos políticos del líder secesionista Jordi Sánchez, a quien se le negó la excarcelación para ser elegido presidente del gobierno catalán. Por vía de urgencia y sin entrar en el fondo del asunto, el Comité de la ONU, con sede en Ginebra, exige como medida cautelar al Estado miembro (en referencia a España) que “tome las medidas necesarias” para que Sánchez pueda “ejercer su derechos políticos” con el objetivo de evitar “daños irreparables”. 

“Este requerimiento no implica que se haya llegado a una decisión sobre el fondo del asunto que se está considerando”, subraya el texto. 

La misiva de la ONU, que fue enviada también al Estado español, es una repuesta a la denuncia presentada por la defensa de Sánchez el pasado 21 de marzo, que fue aceptada a trámite. Tanto la defensa como el gobierno español tienen ahora seis meses para enviar documentación o hacer observaciones al respecto.