Al grito de “¡Libertad a los presos políticos!”, miles de personas salieron a las calles ayer en distintas ciudades y pueblos de Cataluña en protesta por el encarcelamiento del candidato a la presidencia Jordi Turull y otros cuatro dirigentes independentistas. Banderas independentistas, lazos amarillos en solidaridad con los presos y numerosos carteles reclamando “libertad” inundaron las calles y las plazas de Cataluña, en una inmediata reacción a la decisión de la Justicia española que, por tercera vez, frustra la posibilidad de que Cataluña tenga un nuevo presidente independentista.
Apenas unas horas después del anuncio de los encarcelamientos, unas 10.000 personas –según datos de la Guardia Urbana–, se manifestaron pacíficamente en la plaza Cataluña de Barcelona, muchos de ellos con carteles con el lema “Units contra la repressió” (Unidos contra la represión).
En simultáneo, centenares de personas cortaron el tráfico en la céntrica avenida Diagonal en su intersección con Paseo de Gracia, donde los Comités de Defensa de la República (CDR), coordinados principalmente por el partido anticapitalista CUP, habían convocado una manifestación bajo el lema “Rompamos las cadenas de la represión”. “Basta 155”, era uno de los mensajes de los manifestantes, en referencia al artículo de la Constitución que avaló la intervención del gobierno central de Mariano Rajoy en la región. La Asamblea Nacional Catalana (ANC), que convocó la protesta en la céntrica plaza Cataluña, pretendía movilizarse hasta la Delegación del gobierno central en Barcelona, y confluir allí con el resto de manifestantes.
Sin embargo, agentes antidisturbios de los Mossos d’Esquadra (policía catalana) formaron un cordón policial para evitar que los manifestantes llegaran al edificio público, lo que provocó choques con los manifestantes.
Los momentos más tensos se vivieron en la calle Provenza, donde manifestantes quemaron fotos del rey Felipe VI, mientras increpaban a los policías y reclamaban libertad para los presos.
Sin embargo, la protesta se desarrolló mayormente de forma muy pacífica. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ordenó ayer el ingreso a prisión sin fianza de Turull, de la ex presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, y los ex consejeros Raul Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, ante el “grave” riesgo de fuga y de reiteración delictiva luego de procesarlos por rebelión, un delito penado con hasta 25 años de prisión, y 30 en caso de enfrentamientos.
La decisión del juez Pablo Llarena provocó todo tipo de reacciones políticas en España. “Es indecente que mientras los corruptos disfrutan de la más escandalosa impunidad, dirigentes catalanes vayan a la cárcel o se exilien. Queremos a Catalunya en una España fraterna. El conflicto catalán se debe resolver políticamente, con diálogo y escucha, no a la fuerza”, escribió en Twitter el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, vinculó la decisión del juez con la salida hacia Suiza de la “número dos” de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira. “La fuga de Marta Rovira para huir de la Justicia provoca la prisión preventiva por riesgo de fuga a los ex consejeros del gobierno golpista de Puigdemont”, manifestó Rivera en las redes sociales.
