El Sindicato Unico de Trabajadores del Peaje y Afines (SUTPA) amenaza con realizar una medida de fuerza el próximo fin de semana largo. Desde el gremio reclaman que las autoridades de Vialidad Nacional garanticen la preservación de las fuentes de trabajo en distintos corredores que serán licitados y adjudicados bajo el sistema de Participación Público Privada (PPP). El paro todavía está bajo análisis. La medida alcanzará a las principales autovías del país donde se levantarán las barreras de los peajes. Los dirigentes sindicales advierten que, en lo inmediato, están en riesgo alrededor de 300 puestos de trabajo en las estaciones de cobro emplazadas sobre la ruta bonaerense Nº 11, el peaje de Ameghino y un grupo de trabajadores que prestan servicios viales en la localidad rionegrina de Cipolletti. 

Desde Vialidad Nacional indicaron que “es falso que haya habido cesantías”. Desde la dependencia encabezada por Javier Iguacel señalaron ayer que “en los contratos de las nuevas concesiones viales está expresamente aclarado que las empresas tienen la obligación de mantener los puestos laborales, con el mismo sueldo y manteniendo la antigüedad. Con el nuevo plan de obras se generarán incluso más puestos de empleo que los que hay actualmente”. Los directivos del Supta advierten, sin embargo, que los nuevos recorridos viales previstos en el primer llamado a licitación para obras viales bajo PPP no garantizan la preservación o relocalización de los trabajadores cuyas estaciones serán levantadas. 

“Iguacel es responsable de dejar familias en la calle”, lanzaron desde el Sutpa que lidera Sergio Sánchez quien advirtió la posibilidad de medidas de fuerza durante Semana Santa. Ayer por la mañana la autopista Riccheri apareció empapelada con afiches y pasacalles en sus puentes que apuntan a Iguacel como responsable de la “falta de obras”. Asimismo señalaban que su gestión “pone en riesgo la fuente de trabajo de 2500 familias”.

El Sutpa comenzó a reunirse con Vialidad Nacional el año pasado para intentar limitar el impacto del proceso de licitaciones bajo el sistema de PPP sobre los puestos de trabajo en los corredores viales que volverán a ser concesionados. En enero el Ministerio de Transporte oficializó el primer llamado a licitación para obras viales a través de PPP. “Si esta situación avanza, denuncian, no sólo quedarían en la calle cientos de argentinos sino que además se expondría a un riesgo potencial a los millones de usuarios que utilizan las rutas de nuestro país cada día”, sostuvo el gremio a través de un comunicado donde anticipó que evalúa medidas de fuerza.

En la etapa inicial está prevista la “modernización” de 2556 kilómetros de rutas que atraviesan provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y La Pampa. Las concesiones durarán quince años. Los desembolsos necesarios para llevar adelante los proyectos ascienden hasta los 6035 millones de dólares durante los primeros cuatro años. Desde la cartera encabezada por Guillermo Dietrich esperan que las ofertas estén encabezadas por “empresas extranjeras de Europa, Estados Unidos, Asia y el resto de América latina”. Las propuestas serán presentadas hacia fines de abril.  

La experiencia internacional muestra que la canalización de la inversión pública a través de los esquemas de PPP resultó en un excesivo incremento del endeudamiento externo, resintió los ingresos fiscales debido a las exenciones exigidas por los inversores externos, los proyectos mostraron mayores costos de ejecución y se incrementaron los pasivos contingentes.