Pasaron 12 años desde que las leyes de impunidad fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema, un paso fundamental en la historia argentina que permitió nada más y nada menos la reapertura sin trabas ni vericuetos de las investigaciones judiciales a genocidas por los crímenes que habían cometido 30 años atrás, durante la última dictadura cívico militar. Desde entonces, solo 60 de las más de 500 causas que nacieron llegaron a la instancia final del proceso penal nacional: la sentencia firme. Cerca de la mitad de esas causas aún no han abandonado la etapa de instrucción. Suponiendo que se eleven a juicio a lo largo de este año, el cálculo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad es abrumador: la finalización del proceso de justicia sobre el terrorismo de Estado de la última dictadura llegaría a mediados de 2024, año en el que se cumplirían 18 años de juicios, y cerca de 50 años desde los hechos investigados. Es cada vez más urgente que los procesos abandonen el ritmo cansino y fluyan con más rapidez. “El paso del tiempo es impunidad”, definió la abogada Elízabeth Gómez Alcorta.

Ayer la Procuraduría a cargo de Jorge Auat actualizó el informe sobre causas de lesa humanidad que permite observar en una foto no solo cómo circulan por el Poder Judicial, sino también cuántos represores están presos y en qué situación. En el flamante trabajo, la unidad especializada enfocó la atención en los “obstáculos procesales que conllevan enormes demoras en la tramitación de estas causas”. El informe concluyó que una causa demora 5 años y medio entre que es elevada a juicio y obtiene una sentencia firme. En ese proceso, los expedientes descansan un año en los despachos supremos, casi dos en la Cámara Federal de Casación y otro tanto a la espera de que un tribunal oral federal se conforme para ponerla a debate. Las conclusiones fueron analizadas por este diario junto a tres abogadas y dos abogados especializados en estos expedientes.   

Los tribunales

Gómez Alcorta representa a los obreros de la Ford que denunciaron a la cúpula de la automotriz por los secuestros y torturas que recibieron estando en cautiverio. El juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín, comenzó en diciembre pasado pero debía haberlo hecho en 2014. La instrucción de la causa comenzó en 2002. Desde entonces fallecieron víctimas y acusados y con ellos se desvanecieron para siempre hechos que nunca jamás serán debatidos públicamente ni evaluados por la Justicia nacional. 

Para la abogada, la situación merece la declaración de “estado de emergencia en las causas por crímenes de lesa humanidad”. Más allá de que son imprescriptibles, es decir, que esos delitos no vencen con el paso del tiempo, lo que sí tiene fecha de vencimiento es la vida de sus víctimas y de sus perpetradores: si alguno de los dos muere, la acción penal –el delito– se extingue. “No solo queremos apurar los juicios sino también la confirmación de la sentencias. Acelerarlas es absolutamente fundamental”, sostuvo.

En nombre del Colectivo Mario Bosch, que reúne a profesionales del derecho dedicados a las querellas de las causas por violaciones a los derechos humanos, Gómez Alcorta señaló la conformación de los tribunales orales como uno de los “principales conflictos”. “Es un problema en todo el país, pero sobre todo en las provincias en donde hay un solo tribunal oral federal. Allí los juicios de lesa se colocan a la cola del resto de los juicios”, indicó. Muchas veces, como sucedió con debates orales en Formosa, Santiago del Estero o incluso el juicio de la Ford, los jueces de los tribunales orales son recusados, lo cual demora y dificulta la integración del cuerpo. “Se termina trabajando con jueces de otras jurisdicciones, de otras provincias incluso, que además de tener sus trabajos en sus territorios deben trasladarse para llevar a cabo los juicios de lesa”, apunta la abogada. Las agendas de los debates, entonces, se terminan programando una vez por semana o, incluso, cada 15 días.

La solución a este conflicto, que no es nuevo tanto en su análisis como en su reclamo, descansa en las manos del Consejo de la Magistratura y el Poder Ejecutivo: “Es indispensable que aceleren la integración de los tribunales, muchísimos no tienen jueces titulares”, denunció la abogada. Por otro lado, recordó una alternativa que han planteado en más de una ocasión: la conformación de tribunales orales especiales para la realización de juicios de lesa humanidad. “Hay una que habilita la convocatoria a jueces jubilados, que mantienen estado judicial, y se podría utilizar perfectamente en jurisdicciones donde hay mucho atraso, como La Plata y San Martín. Serían tribunales compuestos por jueces dedicados pura y exclusivamente a estas causas”, sintetizó.  

La siesta en Casación 

Desde La Plata, Guadalupe Godoy refuerza la lectura de Gómez Alcorta. Fue abogada de Jorge Julio López y se sabe de memoria la causa que desgrana, desde 2006, las torturas, los secuestros, los asesinatos y las desapariciones en los centros clandestinos que componen el Circuito Camps. “En La Plata el primer nudo se origina con la falta de designación de jueces para los tribunales, el nunca creado y prometido tribunal Oral Federal 3, pero no es el único. El otro es el cajoneo intencional de causas en Casación”, denunció. La sentencia de La Cacha, en Casación, “está esperando hace años y no tiene explicación. La que encontramos nosotros es la presión que está haciendo ( el ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura Jaime) Smart y otros para que siga durmiendo el sueño de los justos”, señaló.  

El abogado de Abuelas de Plaza de Mayo Alan Iud recordó que durante algunos años la Casación hizo “una fuerte bajada de línea a los tribunales orales” con la acordada 1/12 que buscaba acelerar los juicios. “El mensaje fue concreto e impactó fuerte entre 2012 y 2014, cuando las causas en instancia oral avanzaron más rápido”, apuntó. Eso produjo que los hechos sucedidos en centros clandestinos emblemáticos, como Esma o La Perla, tuvieran debates orales de gran volumen en relativamente poco tiempo.

Pero aquel mensaje no se repitió más. Y si bien la integración de la alzada no sufrió grandes cambios, “es notorio que atravesó disputas internas muy marcadas y que un grupo de jueces comenzaron a enviar mensajes claros en contra del avance de los juicios”, postuló Iud. Como ejemplos, la falta de mérito al jujeño Carlos Blaquier y el fallo que revirtió sentencia y lectura de los hechos de la Capilla del Rosario. “Revocaron condenas, frenaron indagatorias, revocaron procesamientos. Trabajaron para frenar los juicios”, insistió el abogado.

En palabras de Godoy, las consecuencias de las demoras son “directas” y apuntan a las víctimas ya que “en todos los casos donde no hay sentencia firme, a los condenados se los excarcela por vencimiento de las prisiones preventivas”. Las excarcelaciones también se empiezan a ver durante el proceso de instrucción. Dijo Godoy: “Está pasando en La Plata que se llega a juicio con todos los imputados excarcelados”. Una posible solución debería llegar, según ella, “con el compromiso de todas las partes implicadas en el proceso, Corte Suprema, Procuración, Consejo de la Magistratura, Ministerio de Justicia. Hoy no tienen voluntad”.

Una decisión política

El abogado Pablo Llonto coincidió con su colega platense. En la actualidad representa a las víctimas y familiares de desaparecidos que permanecieron secuestrados en Puente 12 y la Comisaría de Monte Grande, “la enorme cantidad de causas y la falta de criterio” para abordarlas es un conflicto que “se observó desde el inicio del proceso”, con la caída de las leyes de impunidad. “Se supo desde entonces que había que construir un criterio para darle prioridad a estos juicios. No fue casual que años después se creara la Comisión Interpoderes con el claro objetivo de acelerar el proceso”, contó.

Hace por lo menos un año que esa comisión, que reúne a todos los actores del proceso judicial, al Ejecutivo y a representantes del Congreso, entre otros, no se reúne. “Tenía que pensar soluciones y nunca llegó a cumplir su objetivo.” Para Llonto, la “responsabilidad central” en el atraso del proceso de justicia sobre los delitos de lesa humanidad del terrorismo de Estado “la tiene la Corte y su presidente”, Ricardo Lorenzetti.

¿Responsabilidad de qué? De carecer de “decisión política” para encontrar soluciones.

“Nunca tuvo la decisión política de darle prioridad a estas causas”, denunció y advirtió que “en Argentina alguna vez la hubo”. Se refirió al Juicio a las Juntas, que se desarrolló en 1985: “El juicio se hizo a diario. Por la mañana se tomaban testimonios, por la tarde tenían sitio las audiencias. Se trabajó durante la feria judicial. Se tomaron 833 testimonios en cuatro meses. Cuando hay decisión política de poner prioridades, se puede. Entonces también había otros delitos federales como los hay ahora y no se descuidaron”.

La lucha en instrucción

“El avance de las causas en instrucción depende de las víctimas”, aseguró Victoria Moyano, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, hija de desaparecidos y nieta recuperada. Como querellante e integrante del equipo jurídico de Justicia YA! participó de los juicios por los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor, el Plan Sistemático de Apropiación de Menores y aguarda la concreción de los juicios orales por los hechos de los centros clandestinos de la Brigada de San Justo, Pozo de Quilmes y Pozo de Banfield.

Sabe de lo que habla cuando insiste en que “en las víctimas recae la producción de prueba ya que los juzgados, en general, se paran sobre lo que vamos aportando nosotros. Si es por ellos no se profundizan las investigaciones”. En ese sentido, Godoy hizo una lectura similar: “Si los juicios siguen caminando es por la vigencia del campo popular y por el esfuerzo cada vez mayor los organismos y querellantes. Pero se nota y mucho la ausencia de las políticas públicas que permitían un avance aceitado”, postuló.

Ante la denuncia de inacción en los juzgados, Gómez Alcorta ensayó una explicación: la falta de plata. “Si se destinaran mayores recursos a los juzgados se aceleraría la instrucción. Pero esa plata no está”. Para Moyano, el problema es, otra vez, político: “No hay plata para que se avance. Y no se avanza para frenar el proceso de juicio y castigo que las víctimas y los familiares estamos exigiendo hace 42 años”.

En su acusación, la abogada del Ceprodh amplía el espectro de impacto y le apunta también al Estado que “no aporta lo que venimos reclamando, la apertura de los archivos de inteligencia. El Estado no ha tenido la voluntad de aportar lo que tiene en sus manos”. “Estamos enfrentando las domiciliarias a los represores. Enfrentamos nuevamente a la impunidad a la cara. Estamos en un momento muy difícil, pero no vamos a rendirnos”, concluyó Moyano.