Con 41 años de demora, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata puso fin a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la ultraderechista Concentración Nacional Universitaria (CNU), con amparo estatal en 1975. La sentencia por homicidios calificados y asociación ilícita recayó sobre un militar retirado y seis civiles, incluido el ex fiscal federal Gustavo Modesto Demarchi, hombre de peso en la corporación judicial local que en 2010 se fugó para evadir a la justicia y dos años después fue recapturado y extraditado desde Colombia.

Los asesinatos de la CNU contaron “con la protección y encubrimiento de las más altas jerarquías militares, policiales y judiciales”, afirmaron en 2008, al presentar la denuncia que dio inicio a la causa, los jueces Roberto Falcone, Néstor Parra y Mario Portela, que desde hacía siete años escuchaban testimonios, desempolvaban expedientes y analizaban documentos de inteligencia en el marco del Juicio por la Verdad.

“Los crímenes que llegaron a juicio 41 años después no tuvieron justicia porque fueron ocultados por la justicia”, afirmó el fiscal Daniel Adler al iniciar el alegato junto a sus pares Laura Mazzaferri y María Eugenia Montero. “Las agencias que debían aplicar el derecho penal a través del debido proceso se transformaron en agencias del terror: en vez de brindar garantías salían a cazar subversivos, marxistas e izquierdistas. El Estado atendía de los dos lados del mostrador: de día en la Fiscalía, de noche en las calles”. Montero desmenuzó las pruebas y la organización interna de la asociación ilícita, demostró la aquiescencia del Estado y señaló los cuatro espacios de poder que nutrieron, le brindaron logística y recursos a la CNU: la fiscalía de Demarchi, la Universidad Provincial (donde el fiscal era coordinador académicos y varios miembros de la patota habían sido contratados en tareas de “seguridad”), la CGT y algunos gremios, las Fuerzas Armadas y de seguridad.

El mismo TOF pero integrado por Alfredo Ruiz Paz, Víctor Bianco y Luis Imas concluyó esta semana que los asesinatos cometidos por la pata marplatense de la Triple A constituyeron delitos de lesa humanidad y no estaban prescriptos -como pretendían las defensas- y condenó a prisión perpetua a Demarchi, al militar retirado Fernando Alberto Otero y al ex docente del Servicio Penitenciario Bonaerense Mario Ernesto Durquet. El tribunal los responsabilizó como coautores de los homicidios de Enrique Elizagaray, Guillermo Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldemberg, el secuestro y homicidio de María del Carmen Maggi, y en el caso de los dos últimos por los homicidios de Jorge Stoppani y Daniel Gasparri. Demarchi y Durquet fueron condenados también por asociación ilícita.

José Luis Granel fue condenado a siete años de prisión aunque seguirá libre con prohibición de salir del país hasta que la sentencia quede firme. Juan Pedro Asaro fue condenado a cinco años preso, que ya cumplió. Juan Carlos Asaro y Roberto Justel fueron condenados por asociación ilícita a tres años de prisión en suspenso: en los hechos están libres. Raúl Viglizzo y Raúl Rogelio Moleón fueron absueltos y murieron a tiempo de evitar el juicio Roberto Coronel y Marcelo Arenaza.

“Como lo estamos protagonizando todos nosotros quizás no tomamos real dimensión de esto, pero con el tiempo podremos ver que fuimos parte de un juicio histórico no sólo para la ciudad de Mar del Plata sino para la historia del peronismo”, reflexionó la abogada querellante Gloria León. “Los militares fueron el brazo armado, la punta del iceberg, pero los que los motivó no fue solamente el deseo de matar gente o zurdos; hubo un motivo económico, de un modelo de país determinado al que las fuerzas populares siempre se opusieron”, analizó y destacó la importancia de la condena a Demarchi. “Es un antecedente muy importante para los juicios por los delitos de CNU que se llevan adelante en San Juan, Tucumán, La Plata”, consideró.