Un juez decide el futuro catalán

PáginaI12 En España
Desde Barcelona

Cataluña no tiene al mando a un nuevo presidente, como se suponía que tendría ayer después del segundo Pleno de investidura, sino a un juez del Tribunal Supremo. La decisión del magistrado Pablo Llarena de encarcelar a los miembros del ex Govern que aún estaban en libertad, entre ellos a  Jordi Turull, el candidato a la gobernación que ayer iba a someterse al debate previo a la asunción, y la decisión del mismo juez de reactivar la orden de detención internacional para Carles Puigdemont y sus otros compañeros fugados, descalabró a la cúpula secesionista pero también a todo intento de normalización de la vida política en Cataluña. Este sábado Barcelona fue sede, una vez más, de un proceder excepcional en respuesta a circunstancias excepcionales. En lugar de la Sesión de investidura programada como segunda vuelta de la del jueves pasado –en la cual el ex conseller independentista no obtuvo la mayoría absoluta necesaria– el Parlamento catalán albergó un Pleno solo de carácter simbólico y con la silla del presidenciable vacía. 

El candidato Jordi Turull, junto a otros tres ex miembros del gobierno regional anterior, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, y a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, ingresaron en prisión preventiva el viernes a la noche por orden del Tribunal Supremo español, al considerar que existe riesgo de fuga y reiteración del delito de rebelión del que se los acusa. La instrucción de la causa por la organización del referéndum de octubre que el Tribunal Constitucional declaró ilegal llegó a su fin el día previo a la investidura, con un Auto que conmocionó tanto a las filas independentistas como a socialistas y Comuns –coalición entre el grupo de Ada Colau y Podemos– partidos que no apoyan la secesión. Excepto el Partido Popular (PP) y Ciudadanos, todas las formaciones coincidieron en calificar de desproporcionadas las medidas cautelares dictadas por el juez, por las cuales se mantiene a los imputados en la cárcel hasta el día del juicio y se los inhabilita en el ejercicio de cargos públicos sin disponerse todavía de una sentencia. 

El presidente del Parlament, integrante de la formación independentista Esquerra Republicana (ERC), anunció quince minutos antes de la celebración del Debate en la Cámara regional que éste no se realizaría y que, en su lugar, harían un pleno de carácter simbólico con la intervención de los partidos para expresar su opinión sobre la convulsa situación política en Cataluña. “Abro la sesión pero no puedo decir ‘bon dia’. Turull debería estar aquí para exponer su plan de Govern, pero los poderes del Estado están impidiendo la expresión de la voluntad de los ciudadanos”, expresó Torrent al inicio del acto, siguiendo con un rotundo mensaje de apoyo hacia todos los independentistas encarcelados o exiliados: “No descansaré hasta que estéis en casa con nosotros”, proclamó.

Mientras que los diputados del PP se retiraron del hemiciclo por considerar “un fraude de ley” y “un  mítin político” la sesión, el resto de las formaciones sí que aprovecharon el atril para plasmar sus respectivas indignaciones. El portavoz de los republicanos, Sergi Sabrià, quiso remarcar que “con estas maniobras judiciales el Estado firmó su propia sentencia”, apelando a la unión de todos los demócratas porque “al gobierno de Mariano Rajoy tanto le da a quién se lleve por delante, sea independentista o no lo sea”. El diputado de ERC se mostró profundamente dolido por la encarcelación de sus compañeros- que se suma a la del líder de su formación y ex vicepresidente, Oriol Junqueras, otros tres consellers y los presidentes de las dos mayores asociaciones independentistas- pero advirtió que “no van a renunciar a sus anhelos” y que “no hay futuro dentro del reino de España”. “Cataluña ha dicho basta”, remató Sabrià ante los largos aplausos de las bancadas independentistas. 

Del otro lado del Parlamento regional, la número uno de Ciutadans, Inés Arrimadas, también quiso hacer oír a “la otra media Cataluña”, como denomina a quienes la votaron –obtuvo la mayoría en las últimas elecciones– y, en general, a todos aquellos que no abogan por una República independiente. “Se pensaban que se enfrentaban a Mariano Rajoy y se estaban enfrentando a media Cataluña y a una democracia consolidada de la Unión Europea”, les lanzó la diputada a los secesionistas. “Han tenido más avisos y más oportunidades que ningún otro ciudadano a la hora de saltarse las leyes, pero se hacían fotos y se reían con las resoluciones del juez”, profirió Arrimadas, en defensa del Auto del Tribunal Supremo y de las últimas detenciones. 

En medio de estos dos bloques irreconciliables, se posicionaron ayer el Partido Socialista Catalán (PSC) y los Comunes, con la intención de volver a girar la mirada hacia una nueva mayoría de izquierdas, que aglutine también a Esquerra Republicana y la CUP, más allá del eje a favor o en contra de la independencia. Miquel Iceta, el primer secretario del PSC, dijo hacer “un esfuerzo de empatía y comprensión” al considerar desproporcionada la actuación del Poder judicial y alertó de los “riesgos del gobierno de los jueces”. En esa línea, animó a los grupos de izquierda a abandonar la división de bloques para avanzar en el diálogo, al igual que lo hizo Xavier Domènech- líder de Catalunya en Comú- para crear un “frente democrático amplio y transversal”, misión que se presenta complicada, sobre todo, desde el acuerdo de los socialistas con el PP y Ciudadanos para la aplicación del artículo 155 que desde noviembre mantiene suspendido el autogobierno de la región. 

La pelota, en cualquier caso, no se encuentra ahora dentro del campo parlamentario sino judicial, ya que con la nueva ofensiva lanzada desde el Tribunal Supremo, el sector independentista perdió a todos sus cabezas de lista y, por tanto, a sus posibles candidatos para la presidencia. El reloj hacia unas nuevas elecciones empezó a correr este jueves, después de que se celebrara un Pleno de investidura que ya había sido suspendido en dos ocasiones también por razones judiciales. Los partidos tienen ahora dos meses para aprobar un nuevo postulante que no se encuentre entre los 25 imputados que el magistrado Pablo Llarena incluyó en “un amplio colectivo solidarizado con la causa secesionista” y cuyos supuestos delitos podrían conllevar hasta 30 años de prisión.