El debate sobre la despenalización del aborto está asentado sobre una falsa dicotomía: no es lo mismo discutir si el aborto está bien o mal, que discutir si debe ser legal o no.
La discusión sobre la legalización del aborto no debería estar enfocada en motivaciones religiosas o morales, ya que estos criterios crean severas contradicciones y desvían el verdadero centro del problema.
Más allá de las magras estadísticas nacionales sobre el tema, miles de mujeres abortan no espontáneamente y los abortos inseguros son una de las principales causas de mortalidad de mujeres embarazadas.
En la mayoría de los países desarrollados, el aborto está despenalizado y las estadísticas de esos países indican que los abortos no aumentan por ser legales.
De lo que se trata es despenalizar el aborto, cuestión que refiere a la política criminal, a las políticas de salud pública y a las políticas de género. En cuanto a la política criminal, como sostiene la experta Mercedes Cavallo, la penalización actual resulta ridícula, ya que salvo contadas excepciones las investigaciones se archivan y no tienen sentencia. La despenalización es una ampliación de lo que ya establece el actual Código Penal, ya que el aborto no es punible cuando se trata de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios y si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente (sic).
Justifica la despenalización la política de salud pública, considerando que los abortos clandestinos inseguros provocan la muerte de mujeres con embarazos no deseados y hospitalizaciones por complicaciones derivadas de dichos abortos.
Finalmente, se penaliza el aborto porque las mujeres son consideradas de segunda categoría y su ilegalidad, como bien señala Mercedes Cavallo, implica una violación a la autonomía reproductiva, salud y vida de las mujeres y, por ello, se trata de una violación al derecho de las mujeres a la igualdad y no discriminación.
La penalización del aborto resulta de una retrógrada concepción de que el cuerpo de la mujeres, y en particular el sexo, es solamente el medio para la reproducción de la especie y no para satisfacer necesidades y deseos.
En definitiva, la discusión debe darse asentada en los datos de la realidad y con la justa intensión de resolver las ocultas consecuencias de las interrupciones de embarazos no contemplados por el actual Código Penal. No se trata de una discusión moral, se trata de una discusión de política pública y de género. No se trata de una ley de aborto obligatorio, ya que cada mujer resolverá de acuerdo a su conciencia, a sus creencias, a sus convicciones y a sus concepciones filosóficas.
El doctor en Medicina y médico obstetra Mario Sebastiani nos recuerda la acertada posición de Valery Giscard d´Estaing, que siendo presidente de Francia en 1974 le respondió al Papa Pablo VI: como católico estoy en contra del aborto, pero como presidente de Francia estoy a favor de la despenalización del aborto.
Tampoco se trata solamente de considerar la necesaria y urgente asistencia médica a las mujeres más pobres. Se trata de que cada mujer pueda ejercer el derecho a la salud sexual y reproductiva, que incluye la libertad de elegir cuándo, cómo y cuántos hijos/as tener.
- Rector de la Universidad Nacional de Río Negro.