La represión de la policía de Jujuy a un grupo de diputados y diputadas que quisieron presenciar la última jornada del juicio oral y público contra Milagro Sala continuó cosechando rechazos ayer.
La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires repudió la represión en Jujuy, a la que entendió como “un hecho que agrava aún más la falta de garantías constitucionales que se viene registrando en esa provincia y que se expresa de manera extrema en la detención arbitraria de la dirigente opositora Milagro Sala”. El organismo presidido por Adolfo Pérez Esquivel reclamó que la Justicia “actúe de forma independiente, investigue y sancione a los responsables de la represión, de manera de garantizar el funcionamiento republicano donde el Poder Judicial es parte del control del poder ejecutivo”. “Esto es imperioso puesto que con estas acciones la democracia está en peligro”, concluyó mediante un comunicado.
En tanto, la referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) María del Carmen Verdú consideró que “Jujuy vive bajo un Estado policial”. En una entrevista al programa radial A los Botes, de Futurock, la abogada apuntó: “Si un policía ahorcó ayer así a Mayra Mendoza, que es una diputada nacional, imagínense cómo será la situación con un laburante”.
Los repudios también llegaron desde el claustro universitario. A través de una comunicación oficial, las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA repudiaron “la represión durante el juicio a Milagro Sala, las constantes intimidaciones a las organizaciones populares de Jujuy y el accionar de la policía impidiendo la entrada de distintos referentes al juicio”. “Nos solidarizamos con la diputada Mayra Mendoza, que como es de público conocimiento fue brutalmente golpeada por la policía de esa provincia”, aseguraron. En tanto, la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA) también la represión.
