Ante la negativa del gobierno a brindar información sobre la venta del ingenio La Esperanza, la Sala II del Tribunal en lo contencioso administrativo de Jujuy citó para el 11 de abril a las autoridades con el objetivo de que contesten el pedido de información realizado mediante un amparo. Esa medida había sido solicitada por los trabajadores despedidos Silvio Egüez y Walter Farfán, junto con los diputados del FIT, Alejandro Vilca, Natalia Morales y Eduardo Hernández.
Egüez manifestó que “la Justicia con esta decisión reconoce que el gobierno está en falta ante los trabajadores y el pueblo de Jujuy. Nunca explicaron por qué era necesario despedir a 338 compañeros para vender el ingenio y, menos aún, quién definió el listado de despidos. Tampoco informaron cuál es el valor del ingenio, nunca vino un tasador, y sabemos que lo están regalando a un empresario amigo como Omega, que tiene a un funcionario de Cambiemos como director. Además, este grupo está involucrado en los paraísos fiscales. Seguramente es por eso que se niegan a dar la información”. PáginaI12 reveló que el funcionario es Facundo Fernández de Oliveira, quien se desempeña como gerente de recursos humanos de Radio Nacional. También dio a conocer un informe sobre los balances de la empresa, cuyo principal acreedor es el Estado y que ahora está siendo vendida por menos de la mitad de su valor, en cómodas cuotas.
Respecto de las intenciones de los futuros dueños de precarizar a los trabajadores, Egüez afirmó que “el grupo Omega en su oferta por el ingenio pretende que pasemos a la categoría 1, tenemos más de 20 o 30 años de trabajo, esto es un atropello. Queremos saber si el gobierno firmó en diciembre con Omega quitarnos las categorías y nuestros derechos laborales porque ese es el plan que ahora tienen para los 600 trabajadores que tendrían continuidad.”
Alejandro Vilca señaló que “aunque los tiempos de la Justicia no son los de los trabajadores, el gobierno va a tener que dar explicaciones. A nosotros nos las negaron desde diciembre, cuando nos presentamos a la dirección de ‘transparencia y gobierno abierto’, con la excusa del secreto comercial que rige para empresas privadas”. Vilca agregó: “Seguiremos denunciando cada uno de los atropellos del gobierno sobre los trabajadores y el mamarracho jurídico que hizo el juez de la quiebra para terminar liquidando el ingenio. No vamos a permitir que nos roben la esperanza”.
La última semana, el juez de la quiebra del ingenio La Esperanza, Juan Pablo Calderón, abrió los sobres con las propuestas de las dos empresas que presentaron ofertas: el grupo colombiano Omega que había suscripto un acuerdo de venta en diciembre pero luego tuvo un traspié y, el grupo Productora del Norte S.A. de la familia Budeguer, dueña del ingenio Leales de Tucumán. Ambas compañías tienen la misma vocación precarizadora respecto de los derechos laborales, pero Omega anda floja de papeles. “Factura en Colombia una cifra similar a los 86 millones destinados a La Esperanza y declaró un capital de 100 mil pesos en la fundación de Alesa para competir en la licitación del ingenio. A la vez, no se condice este nivel de ingresos del grupo con la decena de empresas offshore que tiene en Panamá e Islas Vírgenes Británicas, una estructura financiera más que sospechosa. Por si quedaban dudas de su vínculo con los paraísos fiscales, la presentación de su oferta por el ingenio tiene el patrocinio del buffet de abogados Mossack Fonseca, que acaba de cerrar por la catarata de denuncias de los Panamá Papers por ser uno de los principales grupos de abogados involucrados en la evasión y fuga de capitales”, explicó Gastón Remy, docente de la Universidad Nacional de Jujuy y autor del informe en el que se basó el amparo solicitado por los zafreros.
El juzgado se dispone a entregar el ingenio libre de deudas y demandas. “Así, Omega (ahora Alesa) pretende con la ayuda del juez y del gobierno hacer borrón y cuenta nueva y quedarse con el ingenio a precio de remate y sin ningún tipo de responsabilidad, en particular, sobre los 338 trabajadores despedidos y frente a los 600 trabajadores que tendrían continuidad”, agregó Remy.
