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En abril de 2009, el G-20 sentenció el final del secreto bancario. Con el estallido de la crisis internacional, el grupo de países se había convertido en el ámbito de discusión económica global. Durante esa cumbre las guaridas fiscales quedaron en el ojo de la tormenta. A nueve años de aquella ambiciosa propuesta, el mundo offshore salió de la agenda y sus engranajes permanecen intactos. La marginación de problemáticas estructurales para el país como la fuga de capitales y la evasión de impuestos se profundizó bajo la presidencia del foro de Argentina. “Los planteos del G-20 para luchar contra la evasión y elusión fiscal de las corporaciones transnacionales resultan insuficientes. No van a acabar con este problema. Están planteando poner un parche a un sistema obsoleto que está quebrado”, expresó a PáginaI12 Luis Moreno, coordinador del área de Justicia Fiscal de la organización Latindadd.
La declaración de los líderes del G-20 forzó a las jurisdicciones consideradas no cooperantes a firmar acuerdos para compartir información bancaria y tributaria. El mundo offshore no solo no sintió el golpe sino que la fortuna ocultada en guaridas como Suiza, Londres, Delaware, Islas Caimán y Luxemburgo aumentó. Con la agenda cooptada por las disputas comerciales entre Estados Unidos y China, la primera reunión de banqueros centrales y ministros de Finanzas del G-20 en Buenos Aires que finalizó la semana pasada ofreció en su comunicado oficial una tímida referencia a las presuntas mejoras en materia de “transparencia tributaria”.
“Todo el circuito del poder offshore revelado por las distintas filtraciones como Panamá Papers, Swiss Leaks y Paradise Papers sigue vigente. Hace casi una década el G-20 prometió que acabaría con el secreto bancario pero nada ha cambiado. Los millonarios, las transnacionales, los bancos y los corruptos siguen valiéndose de las guaridas fiscales para evitar el pago de impuestos”, consideró el economista peruano de Latindadd.
La principal apuesta del G-20 es el proceso de erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) coordinado por la OCDE. “El G-20 mantiene su compromiso con la agenda BEPS, una agenda que no incluye a todos y que debería ser revisada a la luz de sus pobres resultados”, advirtió el coordinador del programa Integración Regional y Desarrollo de la Fundación SES, Adrián Falco. “El cambio real en materia de transparencia fiscal se dará solo en un ámbito más democrático que la OCDE. Es necesario un cuerpo intergubernamental en Naciones Unidas donde pueda discutirse un plan mucho más inclusivo que los propuestos por los países europeos”, sostuvo Falco.
Durante la presidencia argentina la coordinación del espacio de discusión de la sociedad civil quedó coordinado por Poder Ciudadano. “No es claro qué discute el G-20 en materia de transparencia fiscal”, sostuvo la directora de Instituciones Políticas y Gobierno de la ONG, Maria Emilia Berazategui. La sherpa del C-20 consideró “necesario establecer registros de beneficiarios finales públicos, empezar a intercambiar información bancaria de manera automática entre todos los países y no solo los ricos entre si, difundir las estadísticas de esos intercambios para que la sociedad civil y los periodistas puedan conocer aunque sea información básica y, por ultimo, establecer medidas efectivas para terminar con la elusión fiscal por parte de las multinacionales”. A diferencia de países como Kenia, Inglaterra, Alemania o Ucrania, Argentina no cuenta con ningún registro centralizado y la información existente se encuentra dispersa en las distintas provincias que, en contadas ocasiones, exigen conocer la identidad de los individuos al frente de las firmas.
“En Argentina no solo no hemos avanzado en materia de transparencia fiscal sino que además experimentamos una evasión de impuestos a manos de empresas transnacionales equivalente a toda la deuda externa tomada en 2016. Las maniobras de evasión representan la pérdida de 21.406 millones de dólares y ese mismo año el Gobierno emitió bonos por 24.700 millones de dólares”, apuntó Falco para quien es necesario fortalecer a los organismos de control como la Unidad de Información Financiera y la Comisión Nacional de Valores. “Argentina requiere un registro público nacional de beneficiarios finales que permita conocer a los verdaderos dueños de las empresas, fideicomisos y fundaciones”, sostuvo el coordinador de Fundación SES. “El gobierno argentino, que tiene a muchos funcionarios involucrados en operaciones con guaridas fiscales, debe poner sobre la mesa de debate del G20 estos temas para hacer real y genuina su preocupación por la transparencia”, expresó Falco.
@tomaslukin
