Cientos de manifestantes cortaron ayer rutas en Cataluña y calles en Barcelona y anunciaron una ola de protestas por la detención y posible entrega a España del fugitivo Carles Puigdemont. El líder independentista confió a sus abogados, desde su celda en Alemania, que no se rendirá y llamó a la unidad total de los soberanistas.
Los cortes de rutas y las manifestaciones anunciadas anticipan una profundización del proceso independentista. El proyecto soberanista ha dividido a los catalanes, desatando la mayor crisis política en España desde el retorno a la democracia y alarmado a Europa en momentos en que enfrenta múltiples desafíos, como el Brexit o su relación cada vez más difícil con Rusia.
Imágenes televisivas mostraron a policías antimotines rodeando primero y desalojando luego a decenas de personas que se sentaron en el medio de la AP-7, una gran autopista que une España con Francia, a la altura de la ciudad de Figueras. Otros manifestantes abuchearon a los agentes, pero no los enfrentaron. Al caer la tarde, otras dos rutas fueron bloqueadas en la región del noreste de España, una que va de Barcelona a Lérida y otra que une Tarragona y Valencia. En varias otras hubo embotellamientos debido a vehículos que iban deliberadamente lento, informó la autoridad de transporte de Cataluña.
Los cortes, que también bloquearon calles de Barcelona, fueron organizados por los Comités de Defensa de la República (CDR). Estos grupos civiles fueron creados luego de que la región celebrara el referéndum independentista de octubre pasado pese a que había sido prohibido por la Justicia. “Con los recientes encarcelamientos y el arresto del presidente Carles Puigdemont, parece que claramente hemos cruzado el punto de no retorno”, dijeron los CDR en un comunicado en el que anunciaron una primavera catalana de movilizaciones en todo el territorio que, según afirmaron, van a desbordar las previsiones.
El domingo, Puigdemont fue detenido en Alemania en cumplimiento de una orden de detención europea emitida por un juez español. Una jueza le dictó prisión preventiva el lunes a la espera que se decida, en un plazo de 10 a 60 días, su posible extradición a España para ser juzgado. Los abogados que lo visitaron ayer en su celda dijeron que el ex presidente catalán quería pasar el mensaje a todo el pueblo de Cataluña de que continuará luchando.
“Hemos visto al presidente en excelentes condiciones, tanto en lo que respecta a su estado físico como de ánimo”, afirmó el letrado Jaume Alonso Cuevillas ante periodistas en la ciudad alemana de Neumünster, donde está detenido Puigdemont.
“El presidente tiene perfectamente asumido que esto se alargará, es decir, su situación de privación de libertad, pero se siente resistente, fuerte, con coraje y con determinación para resistirlo”, prosiguió Cuevillas, y agregó que Puigdemont hizo un llamamiento a la unidad de todo el soberanismo.
El ex presidente fue detenido tras cruzar a Alemania desde Dinamarca en camino de regreso a Bélgica. Iba acompañado por un historiador, un empresario y dos agentes de los Mossos D’Esquadra (la Policía catalana). En consecuencia, la Policía Nacional española denunció ante la Fiscalía que los oficiales pudieron incurrir en un delito –por ejemplo, de encubrimiento– al ayudar al líder independentista en su viaje cuando existía ya una orden europea de detención desde el viernes. Puigdemont había huido a Bruselas hace cinco meses luego de que fiscales españoles lo acusaran de rebelión y sedición por haber organizado el referéndum del 1 de octubre, al que siguió una declaración de independencia del Parlamento catalán, el 27 de octubre. En total hay 25 líderes catalanes procesados por el plan independentista, nueve de ellos ya en prisión preventiva en Madrid y otros seis fuera de España.
Voceros judiciales alemanes han dicho que no se espera una decisión sobre Puigdemont antes de Pascua. Un tribunal de la norteña región alemana de Schleswig-Holstein decidirá si la extradición es admisible. Tales casos por lo general se resuelven por escrito, sin una audiencia, aunque es posible que se celebre una. El código penal alemán -a diferencia del de Bélgica, donde estaba refugiado Puigdemont- incluye un delito comparable al de rebelión, la principal acusación contra el dirigente en España, por la cual podría recibir hasta 30 años de cárcel.
El vocero del gobierno español, Iñigo Méndez de Vigo, dijo que Madrid confía en una pronta extradición de Puigdemont, porque, afirmó, su caso no está políticamente motivado. “Este no es un asunto español. Saltarse la ley es atentar contra la Unión Europea, y violar las reglas de un estado miembro también es delito en Alemania”, agregó.
En una medida celebrada por los independentistas, el Comité de Derechos Humanos de la ONU anunció hoy que registró una denuncia de Puigdemont de que España ha violado sus derechos políticos. El caso había sido presentado en marzo pasado por un grupo de abogados y expertos en derechos humanos que alegaron que España había violado los derechos humanos, civiles y políticos en su campaña de represión contra los impulsores del proceso independentistas catalán. El gobierno español tiene ahora seis meses para responder.
Los partidos separatistas se impusieron en las elecciones catalanas de diciembre pasado, que fueron convocadas por Madrid tras intervenir la región y tras la huida de Puigdemont. Sin embargo, no han sido capaces de elegir a un presidente y formar gobierno porque todos los candidatos están en el exilio, procesados o presos. Si no pueden elegir un nuevo presidente, la región deberá celebrar nuevos comicios el 22 de mayo.
Hoy, las fuerzas independentistas votarán en una sesión de emergencia el Parlamento dos mociones, incluyendo una que pide a la cámara garantizar los derechos políticos de Puigdemont y de otros dos líderes independentistas presos en España, incluyendo su derecho a ser investidos como presidente de la región. La otra moción pide la puesta en libertad de los diputados independentistas de la cámara que han sido detenidos.