El proyecto que presentó el gobierno porteño en la Legislatura para permitir en la ciudad la incineración de residuos, una práctica prohibida por la ley de Basura Cero, generó el rechazo de las organizaciones ambientalistas, puso en alerta a los recolectores urbanos y levantó críticas de legisladores opositores. Las ONG consideraron que la iniciativa, que se tratará el martes próximo, será una solución contaminante que degradará la calidad del aire. Además, advirtieron que abrirá un conflicto social grave para las más de 5500 personas que de manera formal trabajan en la recolección (otras tantas lo hacen de modo informal), y que la iniciativa pone de manifiesto el fracaso de las políticas de gestión de residuos del oficialismo.

La propuesta oficial, que además cambia las metas de la ley de Basura Cero, introduce modificaciones en la ley vigente para impulsar la incineración de residuos en hornos controlados a través de un sistema de “valorización energética”, es decir, para producir energía. Para eso, propone cambiar el artículo 6 de la ley actual, que prohíbe “la combustión, en cualquiera de sus formas, de residuos sólidos urbanos con o sin recuperación de energía”, y habilitar la incineración con fines energéticos.

Decenas de organizaciones sociales y ambientalistas (Coalición Ciudadana Anti-Incineración, Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores –Faccyr–, Fundación Ambiente y Recursos Naturales –FARN–,  Greenpeace, entre otros) que venían alertando sobre este proyecto, que era un secreto a voces, rechazaron la iniciativa y exigieron que se respete la ley vigente y se garantice “que la reducción de la disposición final se lleve a cabo desarrollando y fortaleciendo la separación en origen, la reutilización, el reciclaje, el compostaje y demás medidas de recuperación previstas” por la norma. Al mismo tiempo, sostuvieron que la prohibición de incinerar “garantiza que los recursos destinados al manejo de residuos se inviertan precisamente en los circuitos de recuperación, y no en tecnologías que permitirían reducir las toneladas dispuestas más rápidamente, pero por un camino equivocado y contrario a la jerarquía de manejo de residuos”.

Según fuentes de Greenpeace, cada vez que el gobierno buscó avanzar con esta propuesta, primero instaló la crisis de los rellenos sanitarios del Ceamse (Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado). “Se hizo en 2010, después en 2012 y ahora vuelven a hacerlo. Sí, es un problema, pero ésta no es la solución. En lugar de hacer autocrítica por el incumplimiento de la ley, buscan imponer nuevas metas y abrir las puertas a una incineración que es contaminante”, advirtieron.

Una de las preocupaciones es que los hornos para incinerar basura emiten dioxinas y furanos –sustancias químicas tóxicas que pueden afectar la salud– cuyas emisiones al aire con las nuevas tecnologías pueden ser reducidas pero no eliminadas. El otro foco de alerta al incinerar es que el 30 por ciento de la basura que se quema se reduce a cenizas que son contaminantes y a las que hay que tratar como residuos peligrosos. La disposición final de estos restos requerirá también de un relleno sanitario y, para los ambientalistas, es una incógnita cómo serán tratados y dónde se van a depositar, teniendo en cuenta que ni la Ciudad ni la provincia de Buenos Aires permiten este tipo de desechos. 

Otra de las cuestiones sobre las que alertaron es al argumento del oficialismo según el cual son numerosos los países europeos que han complementado su gestión de residuos con plantas de este tipo: Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, España, entre otros. Según fuentes de Greenpeace, “vamos a contramano. Es cierto que Europa tiene plantas de este tipo. Pero, en enero de 2017, la Comisión Europea recomendó que los países que no tienen plantas no las construyan, y convocó a cerrar las existentes”. Además, advirtió que “la industria ve que les cierran las puertas en Europa, y miran a América latina y Asia. Están haciendo punta en México, donde quieren instalar la planta incineradora más grande, y ahora en Buenos Aires, que es la entrada para que se replique en el resto del país”.

Para el director ejecutivo de FARN, Andrés Napoli, esto “no hace más que reconocer el fracaso del gobierno en la gestión de residuos y abre una caja de Pandora, ya que no sabemos qué tecnología tiene atrás, ni los impactos que tendrá. Desde el punto de vista económico es caro, el costo por tonelada que se quema es alto y en los países donde funciona lo hace con subsidios”, y además remarcó que “compite con la economía del reciclado que genera gran cantidad de fuentes de empleo”.

En este sentido, Alejandro Valiente (Faccyr, una rama de la Ctep) sostuvo que “el problema es que se quitan los incentivos para avanzar en el reciclado y la separación en origen, y en el país hay alrededor de 100.000 recicladores, por eso estamos en alerta”.

En la Legislatura también se alzaron las críticas. La legisladora de Unidad Ciudadana Andrea Conde sostuvo que “no hay excusa, hace once años que el macrismo gobierna la Ciudad, lo que demuestra que han desaprovechado  tiempo y recursos de los porteños que se deberían haber destinado para instaurar un sistema de separación de residuos eficiente”. La iniciativa “perjudica a los recicladores urbanos y beneficia a las empresas recolectoras”, añadió.

Para la directora ejecutiva de Salud Sin Daño, Verónica Odriozola, “es un enorme paso atrás. La razón de estas planta es que haya residuos, se van a alcanzar las metas quemando basura, y desde el punto de vista del cambio climático no es una buena decisión. Buenos Aires asumió el compromiso de convertirse en zona carbono neutral para 2050, y esto no va en esa dirección”, subrayó.