Un grupo de agentes de la Policía Federal protagonizó el lunes pasado una sorpresiva movilización desde Plaza de Mayo hasta la Legislatura porteña para rechazar su traspaso a la Policía de la Ciudad. Pasaron los días y, como el reclamo no tuvo respuestas, el malestar continúa. Sostienen que la transferencia fue hecha de manera “anticonstitucional”, denuncian que recibieron “aprietes” y aseguran que sus derechos laborales fueron afectados.

El planteo sobre la “inconstitucionalidad del traspaso” se explica porque la disposición que dispuso el cambio de fuerza a la órbita porteña se hizo con una legislación local sancionada por la Legislatura el 18 de enero de 2016, por encima de una ley nacional. Lo que fue legislado por el Congreso, esgrimen, fue el traspaso a la disuelta Policía Metropolitana, no así a la de la Ciudad.

El malestar se destapó el lunes, cuando cientos de miembros de esa fuerza se movilizaron por el microcentro porteño, muchos de ellos acompañados por sus familias. Entregaron un petitorio con un largo listado con los nombres de los policías que quieren volver a ser federales.

No hubo cánticos ni bombos ni cámaras de televisión. En varias oportunidades se formaron en fila y, tal como lo muestra un video que circula por las redes sociales, con voz en alto exigieron el respeto por su identidad: “¿Qué somos?/ Policías federales”. Así, una y otra vez.

Las exclamaciones llegaron hasta los despachos de legisladores y funcionarios porteños, pero fueron dirigidas al ministro de Seguridad de la ciudad, Martín Ocampo, quien hasta ahora no se expresó al respecto.

Los uniformados aseguran que el traspaso trajo consecuencias negativas en los miembros de la fuerza. Los fundamentos fueron sintetizados en sendos comunicados publicados por la Asociación Civil Policías por los Derechos Humanos a través de las redes sociales.

En esos textos revelaron que hubo recortes salariales y cuestionaron que, desde 2017, los agentes “fueron perdiendo todo derecho sobre asistencia médica y seguro de vida, y lugar de cobro de haberes”. Todo esto, por decisión del gobierno porteño en “forma obligatoria, ilegal, arbitraria y anticonstitucional”.

Además, agregaron que quienes acataron el traspaso de fuerza lo hicieron “obligados por aprietes de suspensiones” por parte de sus superiores y producto de “un objetivo sobre un acuerdo político” que deja a los agentes “en estado de indefensión”.