La fiscal de Violencia Institucional, Karina Bartocci, ordenó ayer la detención de los ocho policías involucrados en la paliza a un grupo de jóvenes, ocurrida el último fin de semana en las Cuatro Plazas. Son cinco efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) y tres del Comando Radioeléctrico, sospechados de golpear y encerrar por unas 15 horas a chicos de entre 19 y 24 años. En el listado no hay ningún agente de la seccional 14 involucrado.

Según confirmó el Ministerio Público de la Acusación, todos serán imputados por apremios, falsificación de acta, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Los jóvenes víctimas de las agresiones declararon en horas del mediodía en la Unidad de Violencia Institucional aportando datos de interés para la causa. Relataron que hace una semana, en horas de la noche, un grupo de amigos se reunieron en el parque Scalabrini Ortiz, habitual punto de encuentro. Ya de madrugada, siete de ellos decidieron ir comer y a tomar algo al carrito de las Cuatro Plazas, en Mendoza y Provincias Unidas. Fue allí donde ocurrieron los hechos. Un grupo de policías llegó al lugar a los gritos y con armas. Los jóvenes fueron golpeados y encerrados en la comisaría 14 hasta las 19 del viernes.

Julia Giordano, abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, cuestionó el inicio del expediente, que también es materia de investigación. El fiscal Fernando Dalmau -ex policía- aseguró que recién fue notificado de la situación a media mañana, varias horas después de las detenciones. "La policía debe notificar una detención a Fiscalía inmediatamente. Acá esto no sucedió. Fueron los amigos y las familias de los chicos los que dieron el aviso al no tener noticia de ellos", detalló Giordano. La abogada cuestionó también el trabajo de Dalmau por no haber tomado las medidas que ameritaba el caso, como el pedido de detención de los policías involucrados, el secuestro de sus celulares o la búsqueda de pruebas dentro de la comisaría.

El fiscal solo dio aviso a Asuntos Internos y "se desentendió del caso", a juicio de Giordano, quien, por ejemplo, tuvo que insistir para que se cambiara el lugar del examen médico. Los jóvenes iban a ser revisados en la propia comisaría. Finalmente fueron atendidos por funcionarios del Instituto Médico Legal.