"Están todos secuestrados"; "disfruten sus últimas horas libres"; "prepárense para ser raptados". Esos son apenas algunos de los mensajes de WhatsApp que recibieron unos 300 referentes de organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y políticas, legisladores nacionales, provinciales y locales, en los últimos días. Ayer, acompañados por el Espacio Juicio y Castigo Rosario, presentaron una denuncia en el Ministerio Público de la Acusación por "amenazas, hostigamiento e intimidación masiva", a través de grupos de la red social, en los que fueron agregados. "Todo empezó en vísperas del 8M pero el lunes pasado fue compulsivo", dijeron los denunciantes. Además, los ataques se dieron en paralelo con las actividades en el marco del Día de la Memoria: la multitudinaria marcha del 24 de marzo, las denuncias por la violación de la prisión domiciliaria del represor Eduardo Costanzo, y la participación en la audiencia para que no se reabra el caso Larrabure. "Queremos saber quién está detrás de todo esto", exigieron.

La denuncia fue presentada con el patrocinio de la abogada de Hijos, Nadia Schujman. Se relató que desde principios de marzo, personas desconocidas vienen creando grupos de WhatsApp en los que compulsivamente y de manera reiterada se añade a referentes, dirigentes, legisladores y funcionarios judiciales, con fines intimidatorios y amenazantes. Desde los títulos, los grupos marcan una clara postura política: "Muerte a Milagro Sala", "Tucu (Costanzo) vive", por nombrar algunos.

"Entendemos que a los peritos les sobra material para determinar de

dónde viene esto".

Desde la Fiscalía, advirtieron que "se trata de gente que pretende intimidar y amenazar a las personas agregadas, para coartar su libertad y el derecho a participación en los asuntos de la vida pública de nuestra sociedad. Todas las víctimas están ubicadas en el plano de la oposición". Y señalaron: "Pensamos que pueden ser trolls, esos grupos paraestatales que se dedican a generar confusión en las redes sociales y operaciones comunicacionales; o bien servicios de inteligencia, siguiendo los viejos manuales de la dictadura, para hacernos sentir que todos estamos siendo espiados".

Schujman aportó en la presentación los números telefónicos desde donde se arman los grupos. Se trata de líneas de diferentes partes del país, que "deberán ser investigadas para dar con los autores". "Las víctimas son un arco muy amplio. Esto se intensificó después del 24 de marzo, aparecía un grupo tras otro, con mensajes sumamente intimidantes, fotos y reivindicaciones de los genocidas y amenazas. La metodología era incluirnos en esos grupos para empezar a mandarnos esto. Presentamos todas las capturas de pantallas", dijo la abogada. "Entendemos que a los peritos les sobra material para determinar de dónde viene esto", agregó.

Iris Pérez, del Espacio Juicio y Castigo, agregó que una de las amenazas que recibieron habla del represor denunciado por violar la domiciliaria: "Eduardo fue al kiosco, después toca la puerta de tu casa"; y "como a los nazis les va a pasar", tomando las consignas de las organizaciones. "Esto es un volver a 42 años atrás. Creemos que están mezclados trolls, trabajando para este gobierno nacional, y que también hay servicios de informaciones. Además de grupos que apuntan a la teoría de los dos demonios", señaló Pérez. "No sabemos hasta dónde pueden llegar y no podemos subestimar este tipo de amenazas, por eso venimos a la Justicia, para que nos ampare, cuando el Presidente, en un hecho inédito, recibe y felicita a un policía que disparó por la espalda a una persona, cuando la Justicia lo procesó por homicidio", agregó.

Celina Guidoni del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, agregó que se apuntó a una cuestión de violencia de género. "Esto fue también a compañeras feministas, que vienen luchando por el derecho al aborto. Muchos de los mensajes tenían contenido machista y cruzaban estos dos elementos. Es muy amplio el arco de las víctimas de estos ataques".

Para Hijos "se debe iniciar una investigación, seguir la línea de los números de teléfono o dispositivos creadores de estos grupos, para encontrar y sancionar a los responsables".

Los mensajes fueron recibidos, entre otros, por las diputadas Josefina González y Lucila De Ponti; concejales como Norma López, Eduardo Toniolli y Marina Magnani; dirigentes sociales como Alejandra Fedele, integrantes del movimiento de derechos humanos como Ana Moro, Iris Pérez, Pablo Alvarez, Juane Basso, y dirigentes sindicales como Javier Almirón y Paulo Juncos, el ex defensor general de la provincia Gabriel Ganón, el secretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Marcelo Trucco y el fiscal Villate.