El Poder Ejecutivo promulgó la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019 la Emergencia Social en los términos de reforma votada por el Congreso nacional, tras el acuerdo entre el Gobierno con las organizaciones sociales. La legislación establece un financiamiento de 30 mil millones de pesos en tres años al salario social complementario y crea, además, un registro de trabajadores de la economía informal.
La ley fue publicada en el Boletín Oficial, extiende la emergencia hasta el final de la gestión de Mauricio Macri y habilita a la Jefatura de Gabinete de ministros para hacer "las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias" para proveer y administrar los fondos extra durante los próximos tres años.
También se crea del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (Cepssc) en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social para determinar los lineamientos a seguir en el cumplimiento de los objetivos de la ley.
La Ley de Emergencia Social fue una iniciativa impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que obtuvo media sanción en el Senado y luego fue reformulada en acuerdo con el Ejecutivo en un nuevo proyecto que obtuvo la aprobación de ambas Cámaras del Congreso en sesiones extraordinarias.
