“La mataron con intención disciplinante”

Silvia Suppo esquivó una vez a la muerte. No le salió gratis, pero sobrevivió para contar todo lo que le habían hecho los genocidas a ella, por militante y por mujer, y al resto de sus compañeros de la Juventud Universitaria Peronista de Rafaela, en Santa Fe. Lo denunció ante la Justicia tres décadas después, pero no le dejaron cosechar su siembra. Un 29 de mayo, ocho años atrás, fue asesinada de varias puñaladas y aunque por el hecho fueron condenados dos jóvenes a prisión perpetua, sus hijos reclaman que la investigación está incompleta, que el de su mamá fue un crimen político. “La mataron con una clara intención disciplinante y de amedrentamiento”, sostuvo Marina Destefani, su hija, vinculando la condición de su mamá como testigo en causas de lesa humanidad con lo que ocurrió aquel mediodía del 29 de marzo de 2010, cuando la muerte no le dejó escapatoria. Esta tarde se reunirán en una mateada para exigir “memoria, verdad y justicia”.

Hace ocho años, Suppo estaba en su local de venta de artículos de cuero, en el centro de Rafaela, cuando dos varones la dejaron tendida en el suelo, sangrando por las heridas que le provocaron con un cuchillo. La encontró una clienta, aún respirando. Falleció un rato después.

Por su muerte fueron rápidamente localizados los dos responsables materiales, detenidos, enjuiciados algunos años después y condenados a prisión perpetua. Con muchísima menos celeridad se está aún trabajando en la investigación que busca motivaciones políticas en el asesinato de la militante social y sobreviviente de la última dictadura, un móvil que la familia advirtió de inmediato tras la muerte. “No hay avances. Nunca se cerró, pero la realidad es que tampoco avanzaron con ninguna de las pruebas que pedimos”, advirtió Lucila Pujol, abogada de la familia de Suppo en el expediente de su muerte y en el de lesa humanidad. 

“Nuestra hipótesis de crimen político se basa en la calidad de testigo y querellante de Silvia en causas por delitos de lesa humanidad tramitados en la provincia de Santa Fe”, explicó Marina Destefani, impulsora de la investigación por la muerte de su mamá y querellante junto a su hermano Andrés en la causa de lesa humanidad que tratará, en agosto, el secuestro de ella y de otros cinco militantes de Rafaela, entre los que se encuentra su papá. Tres meses antes de que fuera apuñalada, Suppo había brindado su testimonio en el primer juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrollaba en Santa Fe y que tenía entre sus acusados al ex juez Víctor Brusa. Varios de los acusados en aquel juicio, que luego fueron condenados, vivían libres en la misma ciudad que Suppo. La abogada Lucila Pujol añadió que “siempre” se le negó a la familia “una investigación completa respecto de lo que pasó” con Suppo aquel 29 de marzo de 2010.  

A la condición de “testigo fundamental” en los juicios de lesa humanidad de Rafaela, se le sumaron otros elementos que nutrieron las dudas respecto de la hipótesis de que a Suppo la habían asesinado en un robo. “Estamos convencidos de que la saña con la que fue asesinada, la fecha, cercana al 24 de marzo, y la falta de botín son motivos suficientes y claros a la hora de entender que la mataron con una clara intención disciplinante y de amedrentamiento”, continuó Marina en diálogo con este diario. El crimen de Suppo se da “en un contexto de riesgo en la provincia”, apuntó Destefani. Antes de que su mamá fuera asesinada, la radio LTD10 de la ciudad “sufrió una amenaza de bomba” y uno de sus móviles fue secuestrado y luego abandonado con la leyenda “si podemos desaparecer un auto, imagínese”.

Pujol sumó elementos. En la escena del crimen “no se encontró ninguna huella”; las pruebas realizadas a la “supuesta arma” que usaron los dos condenados no hallaron restos de la sangre de Suppo. “No se halló sangre” directamente en el cuchillo que  los responsables dijeron –a la policía de Rafaela– haber usado para matar a Suppo. Los condenados, además, son casi analfabetos y al momento de los hechos contaban con antecedentes de baja peligrosidad. “Uno no tenía directamente y el otro tenía un caso por robo. De robar a matar con la saña que mataron a Silvia hay un abismo”, apuntó Pujol. Y concluyó: “Ellos integraron el grupo de responsables de la muerte de Silvia. Tienen datos, tienen información que nos puede ayudar a saber quiénes fueron los instigadores”.

A las 15, familiares de Suppo, organismos de derechos humanos y agrupaciones sociales se reunirán en la Plazoleta que lleva el nombre de la militante, desde las 15, para exigir “memoria, verdad y justicia” a ocho años de su “asesinato político”. 

La llegada del juicio

Destefani trata de imaginar a su mamá ante la inminente llegada del juicio en el que enfrentaría a quienes la secuestraron a ella, a su compañero de entonces y a quien fue su marido años más tarde, entre otros. “Difícil ponerme en su lugar”, reconoció, aunque la recordó como “parte activa en todas las causas de lesa humanidad relacionadas con Rafaela”. 

Además de ser una “testigo fundamental” en el primer juicio que se desarrolló en Santa Fe en torno de los crímenes de la dictadura, Suppo se quedó con la misma categoría en el juicio que comenzará el 30 de agosto próximo y que pondrá el foco en lo que ocurrió con los militantes políticos de los ’70 en Rafaela. 

La investigación comenzó en 2005 y desgranó el secuestro, la desaparición en algunos casos y, en otros, la muerte, de seis militantes de la Juventud Peronista de esa ciudad santafesina. El grupo de víctimas está compuesto por Reinaldo Hattemer, que fue secuestrado el 25 de enero de 1977, el día del casamiento de su hermano, y permanece desaparecido. Entonces, era el novio de Suppo, quien cuando se enteró de que Reinaldo había “caído” trabajó para saber qué había sido de él, dónde estaba encerrado, en manos de quién. Rubén Carignano fue secuestrado el 23 de mayo de 1977 y fue asesinado, aunque a su familia le dijeron que se había ahorcado. Silvia Suppo, su hermano Hugo Suppo y quien fue años después su compañero y el padre de Marina y Andrés, Jorge Destefani, fueron detenidos el 24 de mayo. Ricardo Díaz y Graciela Rabellino, el 31 de mayo. La mayoría pasó por los centros clandestinos Comisaría 4ª, la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y un lugar al que llamaban “La Casita”, que aún no fue localizado. Los últimos cinco sobrevivieron. 

Suppo no solo sobrevivió a la tortura y el secuestro, sino que también soportó tres violaciones durante su cautiverio, y un aborto, ya que producto de esos abusos había quedado embarazada.

Por los hechos están imputados cuatro ex policías. El ex jefe de la seccional 4ª Ricardo Ferreyra, el ex coordinador del Área 212 que operaba en la GIR Juan Calixto Perizotti y la ex carcelera María Eva Aebi ya purgan condenas por delitos de lesa humanidad. Oscar Adolfo Farina estrenará su condición de acusado en este debate, al que llega en libertad. Durante la audiencia preliminar que se realizó la semana pasada, el fiscal Martín Suárez Faisal solicitó al Tribunal Oral Federal de Santa Fe que se lo detenga, pero los jueces aún no tomaron una decisión. 

Había otro acusado, el ex subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122 Jorge Roberto Diab, que falleció en mayo de 2015, en su casa. Los hijos de Suppo y Destefani esperan “con ansias de justicia, pero, por otro lado, con un sabor amargo” el juicio, describió Marina y señaló como responsable de ese sentimiento a “la lentitud de la Justicia y el contexto de impunidad”, con pedidos de 2x1 y prisiones domiciliarias de parte de los genocidas. “Por Silvia, que impulsó la investigación sobre los hechos que sufrió en carne propia, por sus hijos, que sostienen el reclamo de justicia, es importante que estos crímenes no queden impunes. Esperamos que sea una sentencia condenatoria”, concluyó Pujol.