La Comisión Provincial por la Memoria, querellante en la causa que investiga violaciones a los derechos humanos durante la guerra de Malvinas, adhirió al pedido de indagatoria a seis militares solicitado por el Centro ex combatientes (Cecim) de La Plata y requirió además, en base a nuevas pruebas, que otros cinco miembros de las Fuerzas Armadas sean imputados. “A 36 años de la guerra, la condena por los hechos de muertes, torturas y malos tratos cometidos en las islas por los militares argentinos contra sus propios soldados sigue siendo una deuda pendiente de nuestra democracia”, destacó el organismo que encabezan Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendibil.

El Cecim La Plata denunció hace casi once años en el juzgado federal de Río Grande, Tierra del Fuego, las violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas contra soldados argentinos durante la guerra. En la causa hay 105 denuncias por torturas, vejaciones y malos tratos, que incluyen estaqueamientos, enterramientos, exposición al frío extremo y al hambre, entre otras prácticas, y más de 90 oficiales y suboficiales señalados como responsables.

El año pasado, la agrupación reiteró un pedido de indagatoria para los militares Eduardo Flores, Pedro Pierre, Gregorio Cabrera, Rodolfo Cionchi, Osvaldo Vega y Reynaldo Oliver. Ayer, la Comisión bonaerense por la Memoria presentó un escrito ante el juzgado adhiriendo al pedido, pero también reclamó nuevas indagatorias en base a pruebas que surgen de un informe de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad. El organismo de derechos humanos pidió que se impute y se cite a indagatoria al entonces teniente Eduardo Ferrer, a los cabos primeros Miguel Ángel Benítez y Fernando Scicchitano, y al cabo Néstor Marmallon. El informe de la unidad especializada de la Procuración General de la Nación, realizado a partir del entrecruzamiento de archivos desclasificados y requerimientos obrantes en la causa, permitió identificar nuevas víctimas e imputados y se suma como un elemento de prueba para avanzar con las solicitudes de indagatoria.

“Para la comisión existen elementos probatorios suficientes para avanzar con el proceso judicial que se inició hace más de diez años y que aún no tuvo resultados significativos”, informó en un comunicado. Remarcó la “imperiosa necesidad de contar con avances en la determinación de responsabilidades penales”, objetivo que la llevó a constituirse como querellante en 2017. “Estos crímenes de lesa humanidad deben ser juzgados y sancionados sin demora. El paso del tiempo genera más impunidad y revictimiza a los conscriptos que padecieron estas graves violaciones de derechos humanos y sus familias”, concluyó.

La causa por torturas en Malvinas se inició en 2007 a partir de la denuncia de Pablo Vassel, entonces secretario de derechos humanos de Corrientes. A esa presentación se sumaron luego ex combatientes de otras jurisdicciones y por el lugar donde ocurrieron los delitos el expediente se concentró en Tierra del Fuego. La Corte Suprema de Justicia dio en 2015 un duro golpe a las esperanzas de las víctimas de obtener justicia. En apenas tres párrafos, luego de tener la causa en sus manos durante tres años, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y José Luis Maqueda consideraron que no se trató de delitos de lesa humanidad (por ende imprescriptibles) aunque dejó una puerta abierta al entender que la resolución alcanzaba sólo a los casos denunciados hasta ese momento. La desclasificación de archivos sobre Malvinas realizada ese mismo año por la presidente Cristina Kirchner y luego el trabajo de la Procuraduría de Lesa Humanidad permitieron avanzar con nuevas presentaciones.