El diputado nacional por Santa Fe Luis Contigiani presentó un proyecto para modificar la ley 25.188, más conocida como "ley de ética de la función pública". Y los cambios sustanciales pinchan directo dos talones de Aquiles del gobierno de Mauricio Macri: sus funcionarios involucrados en fuga de capitales hacia paraísos fiscales y el origen de otros que, ya en desempeño de un cargo público, exponen un conflicto de intereses que hasta ahora es tolerado porque la normativa no lo prohíbe ni lo sanciona.

La iniciativa pretende modificar solamente los artículos 12º y 13º de la ley. Para el primero, le agrega que aquellos funcionarios del Estado nacional que no hayan sido elegidos por voto popular incluyan en su declaración jurada "sus antecedentes laborales a efectos de facilitar un mejor control respecto de los posibles conflictos de intereses actuales o potenciales".

Esta propuesta ‑según Contigiani, es inédita‑ impacta de lleno en un asunto que el gobierno no lo justifica, o lo hace peor, como cuando el jefe de Gabinete, Marcos Peña, minimizó el conflicto de intereses que generan algunos funcionarios. En junio de 2016, la Oficina Anticorrupción trabajaba sobre una lista de 22 casos de supuesta incompatibilidad de funciones que incluía al ministro de Hacienda de entonces, Alfonso Prat‑Gay, como director de una consultora asesora de empresas y el actual ministro de Energía, José Aranguren, ex CEO de Shell Argentina y accionista de su casa matriz Royal Dutch Shell. Por aquellos días se supo que Shell había ganado siete de ocho licitaciones de barcos de gasoil adjudicadas por la administradora estatal del mercado eléctrico mayorista Cammesa, y 5 concursos de precios entre 9 lanzados por Enarsa para proveer de gas líquido. Otros ejemplos estridentes fueron el secretario de Coordinación en la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, ex CEO de Farmacity, empresa que compró dólares a futuro en el Mercado a Término de Rosario (Rofex) con él ya en el cargo, o los titulares de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici y María Talerico, señalados por haber asesorado como abogados a firmas acusadas de lavado de dinero.

El articulado redactado por Contigiani estable incompatibilidad con la función pública a quien tenga relación con una empresa que brinde servicios, sea concesionaria o proveedora del Estado, y que el cargo tenga "competencia funcional directa" con la contratación, gestión o control de tales concesiones o compras. También impone incompatibilidad para quien sea proveedor, directa o indirectamente, de "todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones".

Al cambiar el artículo 13ª, la iniciativa se propone evitar el acceso a la función pública de todo aquel que posea depósitos en moneda o títulos en bancos, financieras, fideicomisos, etc "o cualquier otro tipo de estructuras jurídicas constituidas en el exterior y que estén radicadas en" paraísos fiscales. Esto es, jurisdicciones que no cooperan con la Afip, y estados off shore. Estas restricciones, si la iniciativa parlamentaria prospera en el Congreso, alcanzarían también al "cónyuge o conviviente, y a los familiares en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado", dice el texto del legislador santafesino.

En este caso, el caso más resonante ‑y al que el gobierno le soltó la mano y lo renunció‑ fue el de Valentín Díaz Gilligan, subsecretario general de la Presidencia de la Nación, a quien se le descubrió que tenía una cuenta oculta en Andorra. Pero también esta norma afectaría al ministro de Finanzas, Luis Caputo, y también a varios miembros de la familia Macri, poseedores de cuentas off shore.

"Es importante porque esas cuentas tienen la finalidad de esconder fondos y evadir impuestos. Las off shore tienen dos objetivos: lavar plata, plata del narcotráfico incluso, o lo que hacen los sectores más ricos, empresarios o multinacionales que buscan en ese tipo de cuentas en jurisdicciones off shore con secreto bancario poner plata para no pagar impuestos en los países de origen. Son situaciones muy graves, y más cuando se ostenta la condición de funcionario público", argumentó el diputado.