El juez de primera instancia Santiago Becerra ordenó ayer la prisión preventiva efectiva -hasta el 26 de abril- de dos de los ocho policías imputados tras la detención de siete jóvenes en Mendoza y Provincias Unidas, ocurrido la madrugada del último viernes. Es que si bien la fiscal de Violencia Institucional, Karina Bartocci, había ordenado la detención de todos ellos -de los que cuales solo una suboficial no pudo ser aprehendida porque estaría fuera de la provincia- solo exigió la prisión efectiva de los dos primeros en llegar a las Cuatro Plazas. El magistrado les imputó los delitos de apremios ilegales, falsificación ideológica de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario, pero estimó que hubo diferente grado de participación de cada uno. Los que quedarán detenidos son los suboficiales Mariano Saavedra y Erika Denis, ambos del Comando Radioeléctrico y los primeros que llegaron hasta el parque de barrio Belgrano.
El resto permanecerá en libertad mientras sigue la investigación, pero con prohibición de contactar por cualquier medio físico y también por correo electrónico o redes sociales, a los chicos que denunciaron el incidente de violencia institucional. Se trata de Walter Duarte, del Comando Radioeléctrico, de los cabos Ariel Godoy y Santiago Morán y el suboficial Roberto Salinas, de la Policía de Acción Táctica (PAT). Una suboficial, Cristina García, se encuentra prófuga.
La Multisectorial contra la Violencia Institucional acompañó a los abogados de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en el reclamo por justicia, y ayer manifestó su "sorpresa" por la decisión de la fiscal Bartocci de pedir prisión preventiva sólo para dos de los policías, "desoyendo a las víctimas", luego de acusarlos por falsedad ideológica, apremios ilegales, incumplimiento de deberes.
Los jóvenes fueron detenidos ilegítimamente, sufrieron daños físicos, psicológicos, fueron amenazados, vejados y torturados, con lo cual entienden que se debe imputar a los policías por el delito de tortura. Los abogados de la APDH consideraron que la fiscal debió solicitar la prisión preventiva para todos los policías imputados. Para cinco pidió restricción de acercamiento.
Los jóvenes Sasha V., Nelson R. y Desiré C. pudieron ser escuchados por el juez y contar los tormentos sufridos y manifestaron temor a futuras represalias y denunciaron prácticas intimidatorias posteriores. "Hacemos responsable a la Fiscalía de Violencia Institucional y al Ministerio de Seguridad por la seguridad de los jóvenes, sus familiares, amigos, abogados y demás personas que los están acompañando", dijeron desde la Multisectorial, que repudió "las actitudes intimidatorias y provocadoras de parte de los policías imputados y su abogado defensor".
