“El 18 de mayo la Argentina podría tener la buena noticia de haber sido aceptada como miembro permanente de la OCDE”, aseguró ayer la vicepresidenta Gabriela Michetti desde París. Acto seguido, apuntó que “la fecha no está confirmada” y reconsideró que “si todo sale bien, esperamos tener la buena noticia alrededor de esa fecha”. El ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es una ambición del gobierno de Mauricio Macri. Las autoridades argentinas solicitaron ser admitidas en la entidad, un recorrido que también fue emprendido por Brasil, Bulgaria, Croacia, Perú y Rumania. A pesar de la contundencia de Michetti, lo que sucederá a finales de mayo es la reunión ministerial anual del organismo donde se definirá cuáles son los países que podrán iniciar el proceso de admisión. El recorrido puede extenderse entre 3 y 4 años.
Las exigencias para ingresar a la OCDE forman parte del conocido recetario de buenas prácticas neoliberales. En julio pasado el organismo le entregó al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, un informe de 174 páginas sobre el estado de la economía local con sugerencias sobre las transformaciones necesarias para sintonizar con los estándares del club y lograr una “Argentina más próspera e inclusiva”. Con sofisticados eufemismos, la entidad recomendó privatizar empresas estatales, flexibilizar el mercado de trabajo, avanzar en la eliminación de los subsidios a la energía, recortar el empleo público, elevar la edad jubilatoria para las mujeres, mejorar el clima de negocios y profundizar la apertura comercial. Dentro de la estética discursiva del organismo, la privatización se plantea como la necesidad de “definir más claramente el razonamiento detrás de cada empresa de propiedad estatal y eventualmente reverlo”. A diferencia del diagnóstico oficial, la OCDE advierte sobre la vulnerabilidad externa de la economía local.
La semana pasada, durante la primera reunión de ministros de finanzas y banqueros del G-20 en Buenos Aires, las autoridades de la OCDE difundieron un nuevo informe sobre el país. “Debe darse prioridad a garantizar que se implementen en su totalidad las diversas iniciativas de reforma emprendidas recientemente. Se necesitan nuevas actuaciones para reducir las barreras a la entrada y la competencia en los mercados de productos y servicios, a fin de desbloquear el potencial de crecimiento por medio de una distribución más eficaz de los recursos”, considera el reporte que fue entregado por el director de la OCDE, Angel Gurría, a Dujovne. Ese documento recuerda a la Argentina que debe “reducir la carga regulatoria”. Para avanzar en ese camino recomienda “flexibilizar la legislación de protección del empleo, con el fin de garantizar un mejor funcionamiento del mercado laboral y redirigir los recursos hacia actividades más productivas”. Antes de finalizar, la OCDE celebra la reforma tributaria, el lanzamiento de las licitaciones bajo la modalidad de Participación Público Privada y la reducción de las contribuciones a la seguridad social.
Si como pretendió anticipar la vicepresidenta durante su participación del Foro Anticorrupción de la OCDE en París, Argentina es aceptada, entonces el país deberá atravesar la evaluación en distintas áreas para garantizar el cumplimiento del manual de buenas prácticas exigido por ese club. La OCDE se conformó formalmente en 1961 pero su historia se remonta a la ayuda a Europa después de la segunda guerra mundial con el Plan Marshall. Los integrantes iniciales fueron Estados Unidos, Canadá y los estados europeos occidentales. Tres años después se sumó Japón y a principios de los 70 lo hicieron Australia y Nueva Zelanda. La cuarta oleada se abrió en 1994. Tras la caída del Muro de Berlín se acoplaron varias de las ex repúblicas soviéticas como República Checa, Hungría, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. En total fueron once países los que se sumaron al grupo desde entonces para alcanzar hasta un total de 35 socios. Los miembros más recientes son Chile, Israel, Estonia y Letonia. Existen tres países que aguardan el visto bueno para incorporarse como miembros plenos. Colombia empezó el recorrido en 2013 mientras que Costa Rica y Lituania lo hicieron en 2015.
