La Justicia brasileña volvió ayer a aumentar la presión sobre el presidente Michel Temer con sus investigaciones por corrupción, poco después de que el mandatario especulara públicamente con una posible candidatura en las elecciones de octubre. La Policía Federal detuvo en la mañana de ayer a dos personas muy cercanas a Temer por una investigación sobre corrupción en el puerto de Santos, el último caso que amenaza con salpicar al presidente.

Además de al ex asesor presidencial José Yunes y al coronel Joao Batista Lima Filho, ambos amigos personales del mandatario, las autoridades arrestaron al empresario Antonio Celso Greco, dueño de la empresa de logística Rodrimar, y al ex ministro de Agricultura y compañero de partido de Temer Wagner Rossi, así como a dos personas más. Los seis detenidos están bajo sospecha de haber participado en una trama corrupta para que Rodrimar obtenga una concesión pública en el puerto de Santos, uno de los principales del gigante sudamericano, a cambio del pago de sobornos.

La fiscalía confirmó un gran operativo para ejecutar órdenes de detención temporal por el caso, pero se negó a divulgar los nombres. La televisión mostró imágenes de los arrestos de la “operación Skala” realizados en San Pablo y Río de Janeiro.

El decreto que benefició a Rodrimar fue promulgado el año pasado, cuando Temer ya era jefe de Estado. Sobre todo el caso de Yunes, colaborador personal durante años del presidente y acusado de ser intermediario en varias tramas corruptas, podría poner en problemas al mandatario. Temer está rodeado desde hace tiempo por acusaciones de corrupción.

“Es inaceptable la prisión de un abogado con más de 50 años de abogacía, que siempre que fue citado compareció para colaborar”, señaló la defensa de Yunes para negar los cargos.

Las detenciones ordenadas por la fiscalía y autorizadas por el juez de la Corte Suprema Luís Roberto Barroso generaron preocupación en Brasilia. Según el diario Folha de Sao Paulo, los aliados de Temer hablaron de un “cerco político” y temían que la fiscalía pueda emitir en breve una tercera denuncia penal contra el mandatario.

En la actual constelación política es sin embargo improbable que el caso tumbe al gobierno de Temer. El líder conservador fue denunciado el año pasado dos veces por la fiscalía por corrupción. El Congreso, donde Temer tiene aún amplios apoyos, se negó sin embargo a levantar su inmunidad para que el mandatario sea juzgado.

Las investigaciones sobre el puerto de Santos sí podrían afectar en cambio los planes políticos de Temer. El presidente sugirió recientemente que evalúa ser candidato en las elecciones del 7 de octubre para evitar que su legado político sea “destruido”. 

“Sería una cobardía no ser candidato”, sostuvo Temer en una entrevista con la revista Istoé. El mandatario, que asumió el poder tras el golpe institucional contra Dilma Rousseff en 2016, descartaba hasta hace poco una postulación.

También la reciente intervención militar decretada por Temer en Río fue vista en clave electoral, como un intento del presidente por aumentar su popularidad mostrando mano dura con el crimen organizado. En las últimas encuestas Temer tenía unos índices de aprobación de apenas un seis por ciento.

El líder del conservador Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) debe dejar en el cargo el 31 diciembre de este año. Y se espera que la Justicia impulse las investigaciones por corrupción contra él a partir de 2019, en caso de que el presidente ya no tenga inmunidad por algún cargo público.

El caso del puerto de Santos salió a la luz a raíz de las investigaciones de “Lava Jato” (“Lavado de autos”), el enorme escándalo sobre corrupción por el que son investigados decenas de políticos y numerosos empresarios desde 2014.