El 29 de marzo de 2017, el Senado aprobó por unanimidad la ley 27.350, que autoriza el cannabis para uso medicinal. Un año más tarde, desde ONG como Mamá Cultiva aseguran: “Seguimos siendo criminales porque no se reglamentó el artículo 8 de la ley. Estamos peor que antes porque hay más trabas para la importación del aceite. Siguen persiguiéndonos, allanando nuestras casas y destruyendo nuestros cultivos y nuestro aceite”.

Valeria Salech, de Mamá Cultiva, matiza: “Mirando en un contexto muy amplio, podemos decir que la aprobación de la ley sirvió para cambiar la opinión pública sobre la planta y sacarla del circuito de los adictos. Mucha gente entendió que el cannabis tiene un uso medicinal que es irreemplazable”. 

Pero después plantea el panorama actual: “En el dictamen que se aprobó, faltaban el tema del autocultivo y de los laboratorios para fabricar en el país el aceite. Después de innumerables reuniones con diputados de Cambiemos, llegamos a una especie de compromiso. Nos planteaban que si el proyecto tenía la palabra ‘autocultivo’ no iba a pasar, que había que plantear otra cosa. Entonces encontramos una salida por el lado del artículo 5 de la ley 23.737, de estupefacientes. Como ahí se habla de ‘sin autorización’, se planteó la creación de un registro voluntario de cultivadores y usuarios”.

–Una salida para los cultivadores.

–Ese artículo no se reglamentó todavía. El problema es que la legalización del autocultivo no cuadra con la guerra a las drogas en la que está embarcada la ministra (de Seguridad) Bullrich. En los países en los que el cannabis es legal hay una política no de prohibición sino de control y reducción de daños. Yo creo que Patricia Bullrich vería la legalización como una derrota personal.

–¿Se reunieron con ella? ¿Qué les dijo?

–Aceptó reunirse con nosotros en septiembre del 16. Pero fue una reunión horrible. En un momento yo trato de contarle cómo es vivir con un chico con una neuropatía. Y fue muy cortante: “No trates de sensibilizarme”. Para no discutir el autocultivo, nos prometen que van a importar productos de otros países y que se los van a dar gratuitamente a todos los que lo necesiten.

–¿Y en qué quedó? 

–Uf. Nada de eso se puso en práctica. Para colmo, hubo muchos cambios en el Ministerio de Salud, y todo el tiempo volvemos a empezar de cero. Recién el 13 de marzo fue la primera reunión del Concejo Consultivo Honorario, un órgano creado por la ley para asesorar. Por el lado de los médicos pediatras está Josefa Rodríguez, a la que se le nota que ejerce la medicina en contacto con pacientes, que no es una burócrata.

–Bueno, una a favor...

–Sí. Cuando nos reunimos, le contamos todo desde el principio, empezando por detalles y entretelones de la gestación y aprobación de la ley. No sabía que el Ministerio de Seguridad nos había prometido la importación y distribución gratuita del aceite. Cuando Silvia Kochen, de Cameda, le preguntó por el presupuesto, Rodríguez le confesó que no había presupuesto asignado al cannabis medicinal, y que iba a ver de qué programas podía sacar.

–Por el lado del autocultivo está trabado. ¿Y qué pasa con el INTA? Porque se había hablado del cultivo controlado...

–Por ahí también hay trabas, y siempre vienen del lado del Ministerio de Seguridad. El lugar adecuado es el INTA Castelar. Ellos presentaron un proyecto y esperaron más de seis meses la inspección del ministerio. El dictamen fue que el cultivo debía ser subterráneo, como en Israel. Eso es una burrada por donde se lo mire. Es muchísimo más caro y más complicado que a cielo abierto. En Israel tiene sentido porque no tienen terreno (están en el desierto), pero acá...

–Es cierto, la falta de espacio para cultivar no es uno de nuestros problemas. 

–Volvemos a chocar contra la política de guerra contra las drogas. Y lo que no quieren entender es que nosotros peleamos por la calidad de vida de nuestros hijos o de nosotros mismos. Y en eso también nos enfrentamos con la concepción tradicional de la medicina.

–¿Cómo es eso?

–Partimos de que es inmoral negarle a alguien la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Y para mejorarla, lo primero que tuvimos que aprender es a decirles no a los médicos. Las madres que manejamos el tratamiento de nuestros hijos estamos empoderadas y aprendimos que sí sabemos qué es lo mejor para ellos, para nuestras familias. Nos salimos del sistema capitalista de salud y encaramos un camino diferente.

–¿En qué se diferencia?

–Los médicos suelen atacar los síntomas por separado, no piensan en la persona en su totalidad. Y siempre quieren vender algo. Recetan anticonvulsivantes y medicación psiquiátrica todo el tiempo, y los chicos terminan espásticos, en silla de ruedas y totalmente aislados de los demás. A mi hijo, la medicación contra las convulsiones le hacía mal al hígado, le dieron un protector hepático que le provocó diarreas y tratando las diarreas apareció la constipación. Y así todo el tiempo. Era una bolsa de químicos. Y yo preferí preservar y mejorar su calidad de vida. Con el aceite, por ejemplo, tiene alguna convulsión, pero puede conectarse y relacionarse con los demás. Pude llevarlo a una plaza y hamacarlo... En Mamá Cultiva nos dedicamos a gestionar salud. Eso es lo principal. Porque creo que lo peor no es morir, sino morir sin haber vivido. Hay que aprender a convivir con la patología y vivir lo mejor posible. No es cuestión de cuánto sino de cómo. 

–¿Y cómo sigue la pelea ahora?

–Sabemos que de este Poder Ejecutivo no vamos a recibir nada. Por eso, en principio, tenemos que exigir que cumpla en su totalidad la ley 27.350, incluyendo el artículo 8, que no es lo óptimo pero es un paso. Y después ponemos nuestra esperanza en el Poder Legislativo, para modificar esta ley y que esté el autocultivo. Eso va a ser más fácil que sacar una ley nueva. Hay algo que es muy importante, un cambio que se dio desde antes de la discusión por la ley. Hay una habilitación social para el tema que antes no había. Que la sociedad comprenda nuestra lucha es fundamental.