El juez federal Reinaldo Rodríguez recusó a su par federal Francisco Miño por "enemistad manifiesta". Miño lo había citado a declaración indagatoria para el 6 de abril en el marco de una defraudación con bonos defaulteados, por la que ya fueron condenados dos personas. El escrito en su primera parte es razonable y estándar. Pero en su segundo tramo denota una implícita voluntad de citar como testigos a todos los actores judiciales con el objetivo de sacarlos de la cancha, porque quien es testigo en un expediente no puede intervenir como funcionario judicial. El artículo 55 del Código Penal de la Nación no deja dudas con respecto a este punto. Así sería el caso de proponer como testigo a Miguel Abásolo, actual juez federal de Rafaela que en caso de proceder a la recusación a Miño debería intervenir en la indagatoria. Si Miño acepta la recusación deberá pasarle la causa al juez más próximo de su jurisdicción que es Rafaela, es decir intervendría Abásolo. Pero si la rechazara debería elevar sus argumentos a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario con un informe para que esta resuelva.

Rodríguez, quien designó al abogado rosarino Gabriel Oscar Romero como su defensor, intenta acreditar la "enemistad manifiesta" señalando que "por distintas razones" desde agosto de 2002 cuando asumió el juzgado federal Nº 2 ha vivido "una completa falta de empatía" con Miño, "trasuntándose en diferencias totales en la forma de trabajo como de miradas opuestas acerca del vínculo con abogados y justiciables, que derivó en un importante aislamiento entre el personal de ambos juzgados y de sus magistrados". "Desde entonces -agrega- no nos hemos dirigido el saludo y no existe comunión entre ambos juzgados".

Rodríguez se toma de una excusación anterior que el juez Miño hiciera en ocasión de una demanda que el ex comisario y defensor de genocidas, Orlando Gauna, hiciera en 2016: "Si Miño se excusó antes, nada ha cambiado".

Además pide que sean citados a declarar veintiún funcionarios judiciales: Mateo Busaniche y Cintia Gómez, miembros de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná; Abásolo en su rol de ex secretario del juzgado federal Nº 1; Enrique Müller, ex magistrado a quien le pide que señale dichos de Miño sobre la causa con bonos que se ventiló en la justicia; Federico Grimberg, ex secretario de derechos humanos en el juzgado federal Nº 1; Santiago Saux, actual secretario penal de juzgado federal Nº 1. El listado continúa con Leticia del Fabbro, prosecretaria administrativa en la Secretaría Penal del juzgado federal Nº 1, a quien la sigue María Magdalena Gutiérrez, secretaria de Leyes Especiales en el juzgado Nº 1, Giselle Wade, en igual cargo pero en el juzgado Nº 2, Patricio Longo, secretario civil del juzgado de Rodríguez, Muriel Belén Arteaga, secretaria de Ejecuciones Fiscales del juzgado Nº 1 y la secretaria civil del mismo juzgado, María Victoria Darsaut. Alejandro Hintermeister, secretario del Tribunal Oral Federal en los Criminal de Santa Fe, es otro de los convocados, igual que Eduardo Capeletti, prosecretario administrativo del juzgado federal Nº 2.

Hernán Tripicchio, secretario penal de juzgado Nº 2 y María Angélica Yebra, secretaria de Ejecuciones Fiscales del juzgado Nº 2.

No deja de llamar la atención el propuesto testigo Nº 17: el fiscal federal Walter Rodríguez, quien pidió su indagatoria en esta causa. Rodríguez pretende que se le consulte sobre "su conocimiento de la relación funcional y personal entre Miño y Rodríguez". Una forma un tanto infantil de intentar dejarlo fuera del proceso.

El testigo Nº 18 tampoco pasa desapercibido: el fiscal del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Santa Fe, Martín Suárez Faisal, que como superior del fiscal Rodríguez pidió en octubre de 2017 que se investigue al juez en cuestión, tras la condena a dos beneficiados con un fallo de Rodríguez con bonos defaulteados. Los tres miembros del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Santa Fe, María Ivón Bella, José María Escobar Cello y Luciano Lauría cierran la lista de actores judiciales.