Aunque parecen soplar nuevos vientos en la justicia con la liberación de dirigentes del gobierno anterior, la persecución a referentes de la oposición está lejos de menguar. Uno de los procesos más emblemáticos tiene como blanco a Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores la Economía Popular (CTEP), quien fue sancionado por el Tribunal Oral Federal 6, que a través un decreto de la dictadura consideró ofensivas contra los jueces sus palabras en el alegato del juicio por la toma de la comisaría 24 de La Boca, tras el asesinato del Martín “Oso” Cisneros. En su exposición final en ese juicio, Grabois denunció la persecución política contra los líderes sociales, criticó duramente al Poder Judicial por ser la “bancarrota moral servida al poder público, oficialista al poder de turno”, y calificó a sus miembros como una “casta privilegiada”. Pero el dirigente social no está solo en la lista: hay otras siete causas abiertas contra diputados kirchneristas, peronistas y de izquierda por haber acompañado las protestas sociales de los últimos meses, acusados por delitos como sedición e intimidación pública por funcionarios de Cambiemos y abogados todo terreno PRO derecha. En algunos pasillos de Tribunales advierten que estos casos pueden derivar en medidas que avancen sobre los derechos elementales de las personas denunciadas, tales como su privacidad y libertad de movimientos.

“Buscan disciplinar la acción y expresión opositora y cuestionadora del sistema, ya sea en las calles como en tribunales, es un brutal ataque antidemocrático del gobierno que impulsa esta política de criminalizar a la oposición”, dijo a Página/12 una fuente que conoce a fondo estos expedientes. 

En el juicio por la toma de la comisaría, Grabois representó a Lito Borello, imputado junto a Luis D’Elía. Por su alegato, el tribunal le impuso una multa equivalente al 15 por ciento del salario mensual de un juez de primera instancia y una denuncia ante el Colegio Público de Abogados. Para hacerlo usó el decreto 1285/1958, de la autodenominada Revolución Libertadora. “Es grave porque sienta un precedente nefasto y porque están aplicando una legislación que proviene de la dictadura”, expresó Matías Aufieri, abogado del Ceprodh (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) que representa a Grabois. 

El TOF 6 rechazó elevar el caso a la Cámara de Casación con el argumento de que el dirigente “no se arrepiente” de sus dichos, sus abogados llegaron al máximo tribunal penal en queja pero también obtuvieron un rechazo rotundo. Así, el Ceprodh se prepara para ir a la Corte Suprema. “Invocando un excesivo rigor formal están acatando el derecho de defensa”, apuntó Aufieri. En el pedido de sanción, el juez José Valentín Martínez Sobrino lo cuestionó por “soltar en público, con una ligereza e irreflexión impropia de quien se dice representante de sectores sociales desprotegidos, tamaña infamia”. El juez no se privó de una licencia paternalista y en un ataque personal: “Creí que había seguido las huellas de su padre, a quien conocí, traté y respeté. Me equivoqué, qué pena”.

La defensa de Grabois también sostiene que no puede el mismo tribunal que lo acusa ser el que finalmente impone la sanción, y a la vez ser la única instancia que revisa lo actuado. “No está existiendo la garantía de la doble instancia. Y para confirmar todas estas barbaridades inconstitucionales, se apoyan en formalidades que de mínima, son dudosas, y ante la duda, debería primar una interpretación a favor del imputado”, apuntó Aufieri.

No está solo quien pelea

En el afán de perseguir a diputados opositores, el gobierno desplegó un abanico de denuncias, al principio con abogados de poca monta y finalmente en forma directa a través del ministerio de Seguridad, de manera tal de garantizar que alguno de los despachos de Comodoro Py impulsara la acción penal contra ellos. Y lo consiguió.

I - Todavía recuerdan en Tribunales la enfática defensa que hizo el abogado Alejandro Freeland de Juan Carlos “Gallego” Fernández, mano derecha de José Pedraza, durante el juicio por el asesinato del militante del PO Mariano Ferreyra, cuando fue cruzado atinadamente por el representante de la familia del joven asesinado, Maximiliano Medina, del Cels. Freeland es quien ahora denunció al diputado Nicolás del Caño ante el juez federal Daniel Rafecas por las manifestaciones del 14 y 18 de diciembre contra la reforma previsional, que fueron reprimidas. A instancias del fiscal Guillermo Marijuán en lugar desestimar la denuncia, se pidió los expedientes respectivos a los juzgados de Claudio Bonadio y Sergio Torres para investigar los presuntos delitos de rebelión, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones agravadas, y daños agravados; el mismo combo que imputaron a los manifestantes en otras causas. Para Freeland, los diputados Andrés Larroque, Agustín Rossi, Mayra Mendoza, Leopoldo Moreau y Máximo Kirchner acompañaron a Del Caño en la “rebelión”. Finalmente, el expediente cayó en manos de Bonadío, quien tiene uno de los dos abiertos contra manifestantes.

II - Un planteo similar hizo el abogado Santiago Dupuy de Lome, quien reconoció ser militante del PRO, contra Del Caño y Myriam Bregman, por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La denuncia, que ya fue desestimada por el juez federal Ariel Lijo, decía que los diputados habían “encabezado una marcha de grupos violentos con fines destituyentes” el 18 de diciembre, cuando participaron de la protesta contra la reforma provisional y fueron reprimidos. En su dictamen, el fiscal Juan Pedro Zoni destrozó la acusación de Dupuy y planteó la inexistencia de hechos concretos. La causa que tiene Bonadío es por estos mismos hechos, que ya fueron desestimados por Lijo. 

III - El ministerio de Seguridad, a instancias del funcionario Guillermo Soares Gache logró que el fiscal Gerardo Pollicita impulsara su denuncia y abrió el expediente 20.899/17 en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría, también por los hechos del 14D. Los denunciados son Moreau, Mendoza, Horacio Pietragalla, Larroque, Daniel Filmus, Máximo Kirchner, Axel Kiciloff, Marcos Cleri, Gabriel Mariotto, Bregman y Del Caño. La fiscalía evalúa si hay conexidad con hechos del 18D que investiga el juez federal Sergio Torres. Las pruebas son informes de Gendarmería e imágenes de canales de televisión. “Legisladores imputados rompen perímetro de Gendarmería. Los diputados se tiraban contra los escudos inventando que eran reprimidos y que se les obstaculizaba avanzar. Moreau amenazó a los gendarmes con que ‘los iba a hacer echar’. Pietragalla forcejea para evitar detenciones, Araceli Ferreyra y Cleri impiden el traslado de los detenidos. Perturbaron la sesión”, sintetizan los informes de los gendarmes. La acusación contra estos diputados es por encubrimiento agravado, perturbar una sesión legislativa, amenazas e intimidación pública. La causa está activa, fueron solicitadas las imágenes a los medios y la citación testimonial de los gendarmes.

IV - De nuevo el abogado Dupuy de Lome va contra Moreau, Pietragalla, Carlos Castagnetto y Rossi, de la mano del fiscal Pollicita en la causa 20.184 del juzgado de Daniel Rafecas, y fue acumulada con la 20.177 que había iniciado Elisa Carrió contra Moreau. El fiscal Marijuán solicitó que el juez pida los videos de la sesión del 14D.

V - El fiscal Jorge Di Lello impulsó una causa por la movilización del 14D ante el juez Claudio Bonadío. El 20 de febrero la Cámara Federal porteña resolvió para casi todos los imputados que no hubo intimidación pública y demás delitos contra el orden público, y  excarceló a algunos detenidos que quedaban, pero otros siguen procesados por resistencia a la autoridad y daños.

VI - Una vez más, Dupuy de Lome presentó una denuncia contra el dirigente Grabois por considerar que el 18D cometió el delito de sedición. El fiscal Zoni y el juez Rodolfo Canicoba Corral ya la desestimaron. 

VII - La fiscal federal Alejandra Mángaro impulsó una acusación contra los manifestantes del 18D, que recayó en el juzgado de Sergio Torres. Es la causa 20.270 en la que estuvieron detenidos los militantes del PO César Arakaki y Dimas Ponce. A solicitud del fiscal Germán Moldes deberían volver a prisión preventiva con el argumento de que estando prófugo Sebastián Romero, ellos podrían entorpecer la investigación, a pesar de que sólo están acusados de lesiones en riña y atentado a la autoridad. El PO apeló a Casación así que hasta tanto están en libertad.

El Ceprodh es querellante en este último expediente en nombre de Daniel Sandoval, el docente que perdió un ojo en la represión y ya declaró como testigo. Y también patrocina al diputado Leonardo Grosso en la causa 20.027 caratulada “Patricia Bullrich s/lesiones leves” por hechos del 13 de diciembre, ocurridos durante la vigilia de organizaciones sociales previa a las manifestaciones del 14 contra la reforma provisional. Al juzgado de Torres llegaron los videos de los medios, que a su vez fueron remitidos a Ciberpatrullaje de Policía de la Ciudad. Allí no “lograron” discernir la identidad de los gendarmes agresores. Ahora el material está en un área del Ministerio Público Fiscal. “Esta denuncia la presentamos el 14 de diciembre, horas antes de la represión, planteábamos el afán represivo del gobierno y pedimos que se retiren los operativos. No fuimos oídos y luego vino el 14 y el 18D”, dijo Aufieri a Página/12.