Organizaciones que trabajan contra la violencia institucional manifestaron preocupación por los últimos casos de apremios ilegales y muertes en custodia. El caso de Sergio Giglio, el chico de 22 años que murió el fin de semana pasado en el Hospital Eva Perón, tras haber estado detenido en la comisaría sub 21°; el ataque a siete jóvenes en las Cuatro Plazas, por el que hay media docena de policías recientemente imputados, pero sólo dos presos; y otros hechos que tienen a agentes señalados pero no imputados, renovaron el reclamo. Representantes de cuatro organismos hablaron con Rosario/12 y criticaron tanto a la Justicia como a los responsables políticos. Lamentan que las investigaciones se basen en el relato policial y que no comiencen hasta que llegan las actuaciones policiales a Fiscalía. También, que no haya políticas públicas para evitar los hechos. Aseguran que hay "negación" de quienes tienen que actuar. Las familias que sufrieron pérdidas sostienen que las causas tienen un destino marcado cuando se trata de víctimas pobres.
Si bien el planteo de los organismos se hace a partir de los últimos casos, advierten que se suman las muertes en custodia y que las causas no avanzan.
"Muerte dudosa", se caratuló, en 2017, la muerte de Cristian Ordóñez, tras haber sido detenido en Villa Gobernador Gálvez por una denuncia de intento de robo. La versión policial dice que se descompensó en la entrada de la seccional. Cinco meses antes, el 3 de mayo, la docente María de los Angeles Paris murió en la comisaría 10ª, minutos después de entrar a hacer una denuncia en circunstancias que aún se investigan. La Fiscalía dijo que fue una muerte "natural"; pero los querellantes reclamaron una segunda autopsia para determinar por qué el cuerpo de la mujer tenía más de 90 hematomas, como denunciaron sus hermanos.
Apenas 17 días después, Elina Rivero, de 27 años, vivió para contarla. Fue detenida por una pelea a la salida de un bar, y la llevaron a la seccional 7ª, la misma donde estuvo preso Franco Casco antes de que su cuerpo apareciera flotando en el río, en octubre de 2014. La muchacha salió inconsciente de la comisaría y estuvo en coma 8 días. La versión de la policía fue que se había lesionado sola en el calabozo. Lo que no sospecharon es que se recuperaría para denunciar que fue atacada por los agentes. Pese a ello, no hay acusados en el expediente.
Al respecto, el criminólogo Enrique Font, de la Cátedra de Criminología de la UNR ‑querellante en el caso Paris‑, dijo a Rosario/12 que "como primer punto, hay una continuidad entre las violaciones más leves y las más graves. Hay un contexto de apremios, detenciones ilegales, torturas y malos tratos, muertes en custodia (recordó también las de Roberto Martelón, en Rosario y la de Sergio Loza, en Venado Tuerto), ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas (como las de Franco Casco y Gerardo Escobar) para cubrir las muertes en custodia", enumeró sobre los casos. "Sucede que el espectro, en su parte inicial, en general no se detecta porque no hay mecanismos para hacerlo, entonces el caso emerge cuando hay muertes. El patrón da cuenta de que la policía trata de hacer desaparecer pruebas", dijo. Al mismo tiempo, se refirió a casos que "dan cuenta que no se cumple con el protocolo para las autopsias". Y lamentó que "hay poca diligencia por parte de los fiscales: la familia Paris denunció las faltas graves e irregularidades en la investigación", ejemplificó. Además, señaló que el protocolo para casos de violencia institucional "no solo obliga a fiscales y forenses, sino al Estado en su conjunto. No vemos una política dirigida a investigar estas cuestiones, para prevenirlo y evitar la repetición. Lo que vemos es negacionismo permanente, porque si no ven el problema, difícilmente lo puedan solucionar".
Julieta Riquelme, de la Multisectorial contra la Violencia Institucional, dijo que las prácticas policiales "no están separadas unas de otras, sino que hacen al fenómeno general: las prácticas menos represivas generan el escenario perfecto para que las más graves ocurran. La impunidad genera la oportunidad de repetición de las mismas. Si llevamos esto al caso de mi hermano, posiblemente no hubiera sido asesinado si los policías no estuvieran acostumbrados a dispararles a los pibes", dijo sobre la causa de Jonatan Herrera, el chico que fue baleado por policías mientras lavaba su auto en enero de 2015.
Guillermo Campana, abogado de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud lamentó que los casos tienen "demasiada presencia en lo cotidiano. Están vinculados a prácticas clandestinas e íntimamente vinculados a un ejercicio del poder, que en el ámbito de una comisaría es absoluto contra la persona privada de la libertad. Se trata de hechos relacionados a prácticas sistemáticas que salen a la luz cuando las consecuencias son graves. Esto se hace en virtud de una práctica sin sanciones, que no tiene persecución por parte del Estado a nivel de los responsables, porque es negada. Por eso tampoco hay políticas para revertir estas situaciones y evitar que se reproduzcan. Muchas veces las organizaciones y abogados que intentamos llevar adelante las investigaciones terminamos siendo perseguidos o investigados", aseguró.
En tanto, Julia Giordano, abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), dijo a este diario que "no hay una política criminal en Fiscalía, para priorizar casos. Se invierten muchos recursos en causas sin trascendencia, como las pintadas y graffitis en espacio públicos, y no se priorizan los casos realmente importantes. En el caso de Violencia Institucional, hay una sola fiscal a cargo (dijo por Karina Bartocci). En muchos de esos casos, las víctimas son investigadas por los delitos de los que los acusa el personal policial, entonces hay dos fiscales investigando, en lugar de uno que cruce las informaciones que se contraponen. No hay criterio", lamentó. Sobre el relato policial, la letrada lamentó que las causas no se inician hasta que no hay un anoticiamiento de la policía. "Nada se hace hasta que no llega el relato policial, que suele tardar. Hasta que se entera el fiscal, pasan horas. Y en ese tiempo no se hace nada", dijo sobre una de las aristas que hacen a la pérdida de pruebas. "Hay que darle prioridad a cualquier información que llega sobre un hecho", como la que se informa, por ejemplo, de la Defensoría Pública provincial.
