Desde Córdoba
Un año transcurrió del desborde de la planta de residuos peligrosos Taym (del Grupo Roggio) que, en medio de un diluvio, comenzó a escurrir hacia el canal Los Molinos que abastece a la población de la capital provincial. A la fecha, los responsables de la empresa ni siquiera fueron indagados, no se realizó ningún tipo de remediación y los habitantes más próximos desconocen qué impacto en el ambiente y la salud dejó ese evento. En este tiempo, los vecinos querellantes en la causa por el derrame confirmaron algunas sospechas: había advertencias para que no se instalara el emprendimiento allí, y que la compañía obtuvo una autorización cuanto menos carente de fundamentos técnicos. La sorpresa fue que unos de los responsables de firmar el apto para Taym hace 17 años fue Fabián López, hoy ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. “Da la sensación de que Roggio es el verdadero gobierno, de que acá hay una simulación de un Estado”, denuncia Eliana Lacombe, de ‘Santa María sin basura’ y querellante en la causa.
Conocidos de años
La lluvia del 28 de marzo de 2017 descargó de forma intensa sobre el centro de la provincia. A unos veinte kilómetros de la ciudad de Córdoba, sobre la ruta 36, no fue la excepción: allí está la planta de Taym. Las imágenes tomadas por vecinos de ríos espontáneos que brotaban del complejo hacia el canal que abastece la planta potabilizadora de Los Molinos (aporta el 30 por ciento de la red capitalina) generaron alerta. “Le pedimos al ministro López que se hagan todos los análisis y toda la investigación que corresponda, porque si esta firma ha cometido algo irregular con el hecho de que el agua entró como pancho por su casa... tiene que caer todo el peso de la ley”, había dicho el gobernador Juan Schiaretti a una semana del hecho.
Dentro de la búsqueda de respuestas, los vecinos encontraron un documento del año 2000 en el cual, en su entonces cargo como Presidente de la Dirección Provincial de Aguas y Saneamiento, López afirmó que “no existirían inconvenientes respecto del escurrimiento superficial desde el punto de vista global” para que la planta se instalara en ese sitio. Esa ambigua definición estampada en una nota sirvió como aval para que Ambiente, a cargo de Néstor Bárbaro, otorgara la licencia ambiental y así avanzara el proyecto. Taym obtuvo de López lo que ni siquiera había logrado de una consultora privada que le había advertido que la zona era “anegable”. El certificado de ‘no inundabilidad’ era una exigencia insoslayable por ley, y ante infructuosos intentos y demoras en obtenerlo, la empresa amenazaba con retirar su inversión. La nota firmada por López cambió el escenario.
Durante el año pasado, el ministro vio circular versiones sobre su desplazamiento. El disparador no fue Taym sino la citación judicial en la causa por la adjudicación y posibles sobreprecios de la planta potabilizadora de Paraná de las Palmas, enmarcada en el escándalo Odebretch. López cumplía entonces el cargo nacional de subsecretario de Recursos Hídricos cuando se realizó la cuestionada adjudicación. ¿Otro involucrado en esa causa? El grupo de origen cordobés Roggio. Las expresiones del gobernador para que el ministro accione frente a la compañía por el derrame no se tradujeron en resultados y con su continuidad el cargo, a entender de los querellantes, no hay otro saldo posible. “¿Puede Fabián López seguir al frente del Ministerio de Ambiente ante estas evidencias? Sólo puede hacerlo en un sistema ilegal de naturalización de las prácticas políticas inescrupulosas que producen desastres con consecuencias graves contra el ambiente y la salud”, se indigna Lacombe.
Todos ilesos
En materia judicial, son escasos los avances. La causa se desdobló el año pasado, tras varios pasamanos y dilaciones. Por un lado, se investiga el hecho de contaminación ambiental, por parte de la fiscalía de Alta Gracia, a cargo Alejandro Peralta Ottonello. En ese carril aún no se conformó la comisión técnica encargada de realizar los estudios ambientales para analizar los impactos del evento y tampoco se convocó a indagatoria a los responsables de la empresa. Asimismo queda por ver si efectivamente Taym cumplió con toda una batería de exigencias enmarcadas en la ley nacional 24.051 y sus adhesiones locales, como los procedimientos para “evitar o impedir el drenaje y/o escurrimiento de residuos peligrosos y la contaminación de las fuentes de agua”.
La otra vía es la de la fiscalía Anticorrupción, unidad a la que recientemente Schiaretti pidió cerrar, debido a los escasos logros exhibidos de 2004 a la fecha. Lacombe sostiene que “está documentado que un funcionario de línea media en el 2000 frente a la queja de Taym hace una nota que la habilita a instalarse sin ningún fundamento científico, y hoy vemos a esa persona en el cargo más alto”. A su vez, agrega que “se realizaron antes del derrame inspecciones que advertían el riesgo de desborde, y siguió funcionando, lo que es en sí mismo un escándalo”. A un año, el único logro es que la planta continúa paralizada. Pero tanto en materia judicial como política el derrame no tuvo impacto alguno.
Incertidumbre sanitaria
Entre los reclamos que exigen vecinas y vecinos de la zona se destaca la remediación y un efectivo relevamiento sanitario. Mariano Gottero, médico, técnico químico y habitante de Santa Ana explica que “el agua entró, diluyó y llevó hacia afuera fenoles, residuos de las mineras, metales pesados, cianuro, por lo que por definición ya hay contaminación”. Todo ese cóctel “no sólo fue al canal sino que también atravesó campos y derivó en otros cursos de agua” que terminan en la laguna de la Mar Chiquita.
Un par de días después del evento, se restableció el normal uso del agua en Córdoba por parte de Aguas Cordobesas (Roggio), al asegurar que no existían riesgos. Gottero plantea que “ante la dilución, algunos análisis pueden dar normal en una zona, pero estos productos son bioacumulables en el organismo, y recién en quince o veinte años una persona expuesta expresa una enfermedad”. No obstante, recuerda que “hubo pobladores que fueron a tomar muestras e instantáneamente se irritaron”, apunta. “Ni bien se desató el hecho se tendría que haber perimetrado el área afectada, comenzar con un protocolo de contingencia e iniciar un análisis de seguimiento de la salud de los vecinos y muestreos ambientales”. Nada de eso ocurrió a la fecha, y engrosan las sospechas de los vecinos sobre un pacto de impunidad.
