El Observatorio Del Derecho A La Ciudad denunció que el gobierno porteño avanza en la implementación de un protocolo de relocalización compulsiva en el barrio Carlos Mugica, a contramano de la ley de reurbanización del asentamiento que protege a los pobladores ante cualquier desalojo forzoso. El titular de la ONG, Jonatan Baldiviezo, sostuvo que “quieren generar esta herramienta para validar los desalojos mientras envían a la Legislatura un nuevo proyecto para reurbanizar, que flexibilice las garantías que impone la ley sancionada en 2009 y que legalice todas las cosas que hicieron en la zona por fuera de los marcos legales”.

El texto, al que tuvo acceso PáginaI12, no lleva membrete ni firma. Según explicó Baldiviezo, fue presentado hace diez días a los delegados y consejeros del barrio Padre Carlos Mugica (ex Villa 31-31 bis) por personal de la Secretaría de Integración Social y Urbana (Secisyu).

El escrito propone “un modelo socialmente responsable para la planificación, implementación, seguimiento y evaluación de procesos de relocalización involuntaria de poblaciones” en el marco de la urbanización del barrio Carlos Mugica. Y define las relocalizaciones como procesos complejos “planificados, compulsivos, desiguales” que se aplican por “razones legales, técnicas y/o políticas” sobre poblaciones que deben desplazarse porque “no tienen opción de permanecer en el lugar”.

El artículo 9 de la Ley N° 3343, –“de urbanización del polígono correspondiente a las villas 31 y 31 bis, comprendido entre Calle 4, vías del Ferrocarril Gral. San Martín, prolongación virtual de la Avda. Pueyrredón, Calle 9, Avda. Pte. Ramón S. Castillo y prolongación virtual de la Avda. Gendarmería Nacional”– establece que la implementación del  proyecto “no implicará desalojo forzoso alguno”. Además, estipula que para aquellos habitantes –de acuerdo al censo poblacional establecido en el artículo 3º– “cuyas viviendas necesiten ser relocalizadas se garantizará, en acuerdo con los mismos, una solución habitacional de similares características”.

La ley creó una Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa, integrada por diversos organismos, que funcionó en 2010 y 2011 cuando finalmente se aprobó el dictamen de urbanización. 

Baldiviezo explicó que “desde 2011 hasta este año el gobierno porteño no le da bolilla a la ley, y ahora necesitan legalizar lo que hicieron por afuera, como modificar las alturas de las viviendas que se iban a construir, la cantidad, el destino del terreno de FlechaBus, que era para viviendas sociales y no para privatizarlo como hizo (Mauricio) Macri por decreto. O los servicios públicos que debían hacerse de nuevo, y el gobierno dice que va a hacer sólo una parte y mejorar lo ya existente. Lo mismo ocurre con el cambio de la traza de la Autopista Illia, que tampoco estaba contemplado ni el parque lineal en altura sobre la vieja traza”, detalló. 

“Al mismo tiempo, necesitan flexibilizar dos artículos de la ley que son garantías rígidas para los vecinos del barrio: el que los protege de desalojos forzosos y el que les garantiza que la solución habitacional debe ser dada dentro del polígono que fija la ley. Y para esto necesitan una nueva norma que ya están preparando para enviar a la Legislatura”, agregó el presidente de la ONG.

El antecedente de este avance sobre los derechos de los pobladores del barrio fue el desalojo forzoso que se realizó el 24 de febrero, cuando una familia del barrio del sector Cristo Obrero fue desalojada “con gases y a los palos, y se les demolió la vivienda con la excusa de que estaba en riesgo la vivienda”.

Baldiviezo asegura que “están utilizando el criterio de desalojo por ruinas para apropiarse de los inmuebles. Si un vivienda tiene riesgos no siempre la solución es la demolición”. Además, señaló, “la ley autoriza el desalojo, no la demolición, ya que la gente tiene derechos y sus domicilios son tan inviolables como el de cualquier habitante de la ciudad”, y advirtió que la decisión “fue llamativa, ya que la orden de desalojo fue firmada por el jefe de Gobierno (Horacio) Rodríguez Larreta”. Baldiviezo añadió que “quienes la ejecutaron fueron más allá del decreto, que ordenaba desocupar pero no demoler. En el barrio de La Boca, donde hubo un desalojo por ruinas, lo firmó una arquitecta de Defensa Civil. Pero como saben que muchas familias no quieren ser relocalizadas, o desconfían de las soluciones, están preparando todo el andamiaje jurídico para desalojarlas sin tener que tener el consentimiento. Ese desalojo fue una señal política muy fuerte, el que no está de acuerdo: palos y afuera”, advirtió el referente de la ONG.

El protocolo establece en qué situaciones no hay opción y se relocalizará “involuntariamente”: “Sectores emplazados en zonas de riesgos (bajo autopista, cercanía a las vías del FFCC, en sectores con peligro de derrumbe)”; Construcciones que, “por sus características técnicas irrecuperables”, en consideración de la Secisyu “ameriten su relocalización”. De acuerdo con el dirigente social “ Con esa discrecionalidad el desalojo forzoso será la regla en el Barrio ”.