A más de cinco años de ocurrido el hecho, tres policías federales están siendo juzgados por el crimen de Marcelo Montenegro, de 21 años, ocurrido en la Villa 15, conocida como Ciudad Oculta, en el barrio porteño de Villa Lugano. Los imputados son los policías Emmanuel Alejandro Díaz, Mario Nicolás Medina y Diego Marcelo Calderón, quienes se desempeñaban en la comisaría 48 y que al principio dijeron que el episodio había sido por un supuesto enfrentamiento; sin embargo, los abogados de la familia de la víctima lograron demostrar que se trató de un virtual fusilamiento. Nahuel Berguier, uno de los abogados querellantes de la Asociación Miguel Bru, comparó el Caso Montenegro con la violencia institucional actual a partir de la “doctrina Chocobar” avalada por el gobierno de Cambiemos. “Esta vía libre desde la doctrina del Poder Ejecutivo, sumada a las dificultades de despliegue de los casos en el Poder Judicial, generan un estado de indefensión absoluta para el conjunto de la población, un estado social violento”, sostuvo Berguier, en alusión a las trabas que demoraron la realización del juicio por el “homicidio agravado” del joven Montenegro.

El juicio, que comenzó la semana pasada, tendrá mañana su segunda audiencia en el Tribunal Oral 30, con sede en Paraguay 1536. Berguier es acompañado por los abogados Federico Paruolo y Gabriela Carpinetti. Según la versión policial, Montenegro iba con un amigo en un Renault Twingo con el que entró a toda velocidad a la Villa 15 y los agentes comenzaron a perseguirlos. Los acusados argumentaron que “el acompañante sacó un arma de fuego por la ventanilla y efectuó dos o más disparos”, tras lo cual el Twingo derrapó y se estrelló contra un paredón. 

Aunque esa versión estaba llena de datos inexactos y contradictorios, la Justicia sobreseyó tres veces a los policías hasta que finalmente se desestimó el relato oficial del enfrentamiento y los tres fueron procesados. El auto en el que iban Montenegro y su amigo “recibió cinco balazos”, uno de los cuales provocó la muerte del joven, mientras que el móvil policial “no tenía ni un signo de ataque”, dijo Berguier. El episodio ocurrió el 7 de julio de 2012, en la esquina de Piedrabuena y Saraza. Rosa, la madre de Marcelo Montenegro, tardó varios días en confirmar que su hijo había muerto, por “las vueltas que me hicieron dar”, tanto en el hospital Santojanni, donde estaba el cuerpo, como en la comisaría 48, donde le decían que “no había ningún muerto”. 

En la primera audiencia del juicio oral, además de los primeros testigos, se escucharon las modulaciones de radiofrecuencia por medio de las cuales los policías involucrados reportaron a sus superiores, a las 3,30 de la madrugada del 7 de julio de 2012, lo que había ocurrido. Lo que quedó en claro fue que “en ningún momento los agentes reportaron que se había producido un enfrentamiento”, según el informe enviado a PáginaI12 por la Asociación Miguel Bru. 

“En cambio, se pudo saber que la referencia a la existencia de un enfrentamiento la hicieron después de que el auto en el que viajaba Marcelo Montenegro había chocado y que él estaba gravemente herido”. Dos policías que declararon en el juicio señalaron que la noche del asesinato de Montenegro “no tuvieron conocimiento de ningún tiroteo”. 

La madre de Montenegro recordó que su hijo, conocido en el barrio como “El Pela”, hacía changas, trabajaba en la panadería de la Villa 15 y era también ayudante de albañil. Una de las balas que le dispararon esa noche atravesó el baúl, el asiento trasero del auto, para luego impactar en el tórax de Marcelo Montenegro. La autopsia determinó que el joven tenía una herida de proyectil sobre los labios que no concuerda con la dirección de los tiros disparados durante la persecución a la que aluden los policías. 

Un agente de la Comisaría 48 dijo que, a trescientos metros del lugar donde quedó el Twingo, encontró un arma que, según los imputados, estaba en poder de Montenegro. Las pericias determinaron que el arma hallada no estaba en condiciones de ser usada. Vecinos que declararán en la audiencia dijeron en la etapa de instrucción que los policías no dispararon durante la supuesta persecución, sino que lo hicieron luego que el coche de la víctima se estrelló contra el muro. 

El día en que comenzó la investigación, los peritos de la Gendarmería designados por la Justicia llegaron a la escena del crimen 13 horas después de ocurrido el hecho. Durante todo ese tiempo, la custodia del lugar estuvo a cargo de personal de la comisaría 48, a la que pertenecían los tres acusados. Esa fue una de las primeras graves irregularidades del caso. 

En octubre de 2015 el Juzgado Instrucción 38, a cargo de Susana Wilma López, elevó a juicio la investigación contra los policías Díaz, Medina y Calderón por el homicidio agravado de Marcelo Montenegro, medida que fue ratificada por la Cámara del Crimen. En el juicio interviene la Fiscalía 26, con la colaboración de la Procuraduría de Violencia Institucional. 

Rosa, la mamá de Montenegro, sufrió presiones y amenazas por parte de policías de la comisaría 48. Una vez, incluso, un uniformado trató de convencerla para que firmara un papel en el cual, supuestamente, aceptaba la veracidad de la versión policial. “Mi hijo no tenía armas y si ellos creían que había robado un auto, lo podrían haber llevado preso, pero después iban a comprobar que era inocente y lo iban a largar, como hicieron con el chico que lo acompañaba. Si lo hubieran hecho, mi hijo estaría vivo”. Rosa consideró que “a él y a mí nos trataron así porque vivimos en una villa, porque ellos se creen dioses, pero no lo son”.