El ingeniero David Cohen admitió en su declaración indagatoria que se equivocó en la pericia sobre el Gas Natural Licuado y que usó un parámetro que no correspondía para estimar un sobreprecio y un supuesto fraude del ex ministro Julio De Vido y su número dos, Roberto Baratta. Además el perito reconoció que copió gran parte del texto, aunque lo presentó como “un exceso de cita”. Esa pericia, avalada por el fiscal Carlos Stornelli, sirvió para imputar y encarcelar a los dos ex funcionarios. A Stornelli y al juez Claudio Bonadio no les importaron las groseras diferencias entre peritos ni las denuncias de plagio, por lo que avanzaron hacia las detenciones. Cohen fue imputado por falso testimonio agravado y se supone que el juez Sebastián Ramos lo va a procesar en los próximos días.
Uno de los puntos claves de la indagatoria fue que Cohen admitió que el precio del GNL que adoptó como parámetro para establecer los sobreprecios era un precio que de ninguna manera debió utilizarse. El valor se llama Henry Hub, que es un precio norteamericano en boca de gasoducto. Utilizó ese parámetro aún sabiendo que el Henry Hub era un precio interno de Estados Unidos, que ese país no exportó GNL en esa época (2008 a 2015), por lo que no era precio internacional, y sobre todo sabiendo que era un valor de gasoducto, mucho más barato que el gas traído en barcos, que fue el adquirido por la Argentina. Lo llamativo es que en un primer momento, el propio Cohen afirmó que el valor Henry Hub no se podía usar, porque era una comparación incorrecta, pero luego se despachó con un peritaje en el que usó ese precio.
Cohen admitió que tomó buena parte del texto de su pericia de una tesis realizada por dos estudiantes chilenos, es decir un estudio sin relevancia científica ni envergadura en el mundo del gas. Por supuesto que no citó su fuente. Respecto de ese plagio, Cohen dijo que efectivamente copió el texto pero lo consideró “un exceso de cita”, o sea que es “como en cualquier artículo periodístico, que se toma algo escrito anteriormente, pero en mi caso olvidé de citar la fuente”. La cuestión es que no se trató de una nota periodística sino de una pericia decisiva, que llevó a la cárcel a dos personas y al procesamiento de varias más.
El plagio hizo que Cohen cometiera gruesos errores. Por ejemplo, mencionó a la CEE, siglas que –según escribió– correspondían al Comisionado Europeo de Energía. Sin embargo, se trató de una maniobra burda, ya que tal organismo no existe. Además, las siglas no podían corresponder a una eventual European Energy Comission (las siglas hubieran sido EEC). Lo que se develó es que los estudiantes chilenos usaron como fuente al Center of Energy Economics de la Universidad de Texas. Es decir que plagió, pero además plagió mal. En la indagatoria Cohen exhibió un cuadro de una comisión de energía europea pero de 2008, o sea en tiempos anteriores al período cuestionado, pero no tuvo más remedio que reconocer que copió de los estudiantes chilenos.
En su declaración Cohen sostuvo que el único oferente y proveedor de GNL era Enarsa, pero consta en la causa que los compradores eran Enarsa o YPF y los oferentes fueron unos 20, entre ellos las mayores compañías del mundo: British Petroleum, Shell, Repsol, Gas Natural Fenosa, Morgan&Stanley que son las que ganaron las licitaciones y son las mismas que hoy siguen proveyendo al país. Hasta el propio Juan José Aranguren fue a declarar y sostuvo que la pericia era un disparate.
En toda la indagatoria sobrevoló también la falta de idoneidad de Cohen para hacer el estudio. Por de pronto se presentó como ingeniero en petróleo, pero cuando le pidieron que lo sustente sólo pudo exhibir un post grado del año 1977, sobre ingeniería en industrialización de petróleo, cuando la pericia –que es algo muy especializado– trataba sobre gas. De hecho, eso es lo que lo llevó a plagiar el dictamen. Luego Cohen argumentó que tuvo poco tiempo para hacer la pericia y admitió que no coincidió con los otros especialistas oficiales, pero contó que no discutieron las conclusiones entre ellos. Un dato no menos asombroso es que relató que fue a casa de los otros peritos a tratar de convencerlos, pero no lo logró. Finalmente reconoció que fue una pericia más contable que de ingeniero.
Lo más grave que surge de la indagatoria es que un fiscal y un juez adoptaron una pericia tan visiblemente trucha y mandaron a la cárcel a dos personas, pese a que los otros peritos oficiales discreparon y a que las defensas –Máximiliano Rusconi por De Vido, Juan Pablo Alonso por Baratta y Alfredo Huber por Walter Fagyas, ex titular de Enarsa– denunciaron en su momento el plagio y la falsedad de las conclusiones de Cohen.
El juez Ramos tendrá que resolver sobre el procesamiento del perito en los próximos días. La pena por el falso testimonio agravado es de uno a diez años de prisión, o sea que el máximo es superior al del supuesto delito de De Vido o Baratta. Si se utiliza esa lógica, deberían ordenar la detención de Cohen, algo que no corresponde porque no hay peligro de fuga ni de obstrucción de la pesquisa. Pero menos todavía correspondía en el caso de los ex funcionarios.
