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Siguen lloviéndoles denuncias a los funcionarios macristas que conducen el INTI. A la presentación penal que hizo Margarita Stolbizer contra su titular, Javier Ibañez, se sumaron otras acusaciones, esta vez ante la Oficina Anticorrupción. La mayoría se concentra en el gerente de Recursos Humanos que trajo Ibañez, Ernesto Luna, aunque también involucran a otros funcionarios. Este diario pudo acceder a tres denuncias separadas: una por el desdoblamiento de una licitación para la compra de cajas navideñas, otra por la contratación de una empresa para servicios de cocina que fue habilitada para esa tarea después de la adjudicación y una tercera en la que señalan que Luna es deudor alimentario y plantean que se lo debe excluir de su cargo. Hasta ahora, no se conoce qué hizo con estas denuncias la secretaria de Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso.
Desde su llegada al INTI y en pleno conflicto por los 258 despidos que decidió, Ibañez viene recibiendo denuncias y críticas por la contratación de 59 asesores y por una serie de contrataciones irregularidades. Stolbizer lo denunció penalmente a raíz de los presuntos sobreprecios otorgados a una serie de empresas que también suelen recibir contratos en el Gobierno porteño.
Luna, quien también es mencionado por Stolbizer, es quien lleva adelante la pelea contra los despedidos: desde su gerencia surgieron los descuentos por los días de paro, que computó como “ausente injustificado”. Es un dirigente con historia en el macrismo: proviene del Ministerio de Modernización, que conduce Andrés Ibarra, y estuvo involucrado en la conducción del Hospital Moyano, desde donde fue cuestionado también por los sindicatos. Además, estuvo a cargo algunos meses de las obras de infraestructura en las escuelas en el primer año del macrismo. Dejó el ministerio después del primero encontronazo de Andrés Ibarra con Esteban Bullrich.
A la denuncia penal se le sumaron una serie de denuncias anónimas, pero con datos muy concretos, ante el área que conduce Laura Alonso y cuya obligación es investigarlas. Este diario intentó comunicarse con la funcionaria para conocer qué medidas había tomado, pero no obtuvo respuesta.
Con Papá Noel
La primera denuncia ingresó en la secretaría de Lucha contra la Corrupción el 15 de febrero. En el texto describe el desdoblamiento de una licitación para la compra de cajas navideñas en diciembre del año pasado. Además de a Luna pide que se investigue a las gerencias de Asuntos Legales, Administración Hacienda y Finanzas y al Consejo Directivo del INTI, presidido por Ibañez.
En la denuncia, se detalla que Luna hizo una contratación directa con compulsa abreviada para obtener 1500 cajas navideñas por 1.575.000 pesos.
Como no superaba los dos millones de tope para las contrataciones directas, fue aprobada. El problema es que luego hizo otra compra por 750 cajas navideñas más, lo que constituye un desdoblamiento de una misma compra con un mismo objeto, según detalla la denuncia. Esa segunda compra costó 785 mil pesos más “en clara contravención de las normas rectoras de las contrataciones del sector público”.
En la denuncia anónima, indican que existen tres hipótesis de por qué sucedió esto: “La gerencia de Recursos Humanos se olvidó de 750 trabajadores” es la primera, que llevaría a considerar “un actuar por lo menos negligente” por parte de Luna. La segunda hipótesis es que Luna calculó una planta 33 por ciento menor, “lo que expondría el plan de vaciamiento de la institución”. Por último, se plantea que se hizo esto para eludir el tope de contrataciones directas y evitar tener que hacer una licitación. Esto hubiera implicado una mayor publicidad de la contratación y la posibilidad de que se presentaran más oferentes.
La denuncia detalla una normativa interna que dictaron las autoridades del INTI que permite ampliar hasta un 20 por ciento los montos de las contrataciones “y en ningún caso podrá exceder el 50 por ciento” y lo contrasta con legislación nacional, que fija ese límite en el 35 por ciento. En este caso, fue un 50 por ciento más. “El INTI va más allá de una norma del Poder Ejecutivo Nacional en el reglamento de compras”, indican los denunciantes. Y piden “que se inicie una investigación sobre esta maniobra fraudulenta”.
En su denuncia penal, Stolbizer también incluyó este caso. En el texto, que presentó con el patrocinio de su abogada Silvina Martínez, dio más detalles de cómo fue la compulsa por las cajas navideñas: indicó que solo se presentaron un monotributista que puede facturar hasta 25 mil pesos por año (y que quedaba claramente afuera), una jubilada que vende al por menor y la empresa ganadora, que curiosamente no vendía hasta su contratación cajas navideñas, sino que se dedicaba al rubro de la construcción. Se trata de Productos e Insumos Andes SA que, con una visión empresarial envidiable, pasó de vender insumos para la construcción a alimentos poco antes de recibir esa contratación directa del INTI.
“Lo más curioso de todo esto es que Ernesto Luna ‘adivinó’ en noviembre los valores de las cajas navideñas que una empresa iba a presupuestar cuando hasta ese momento se dedicaba a la venta al por mayor de artículos para la construcción”, dice Stolbizer en la denuncia. Las cajas navideñas costaron más de mil pesos cada una, cuando en diciembre salían en promedio 700 pesos.
Bien alimentados
No fue la única empresa que se pasó al rubro de los alimentos con una suerte notable. Otra denuncia ante la OA indica que una empresa ganadora de una adjudicación para ocuparse del servicio de cocina consiguió ser dada de alta por la AFIP para ese rubro un mes después de ser contratada, cuando se supone que era un prerrequisito. Se trata de una Unión Transitoria de Empresas entre Compañía Integral de Alimentos S.A. y South Management S.A. Consiguieron ganar una licitación de 64 millones de pesos para proveer el servicio de cocina, comedor y servicios accesorios para el Parque Tecnológico Miguelete y sede Retiro del INTI. Según la denuncia, la adjudicación fue en abril de 2017, cuando no contaba con el certificado fiscal para poder ser contratada. La autorización de la AFIP es de mayo de 2017, lo que indica, además, que son nuevos en el negocio y ya consiguieron un contrato por 64 millones con el INTI.
A las denuncias contra los directivos se suma otra contra Luna en la que se indica que tiene embargado el sueldo por no pasarle alimentos a su hijos: de los 107 mil pesos que recibiría en bruto, se le retienen 14.443,97 pesos, según lo que ordenó el juez de familia de San Isidro Gustavo Halbide en función de una deuda que tiene desde el 20 de octubre de 2016. También lo acusan de detentar una categoría profesional en el INTI sin tener el correspondiente título universitario. Pide investigar “las posibles incompatibilidades que dicha situación podría generar al funcionario público en el ejercicio de sus funciones”.
Hay, incluso, una cuarta denuncia presentada ante la secretaría de Lucha contra la Corrupción señala otra incompatibilidad, en este caso de un funcionario, Leonardo Spina, al que acusan de detentar un cargo que no existe en el organigrama, el de “Coordinador de Gerencias Técnicas”. Cuando se acerque a estos papeles, Laura Alonso tendrá seguramente mucho por investigar sobre el INTI.
