Se extiende rápidamente el rechazo de usuarios de todo tipo al pago de los servicios de electricidad, gas y agua, por los desmesurados aumentos recibidos en las facturas.

Las causas de esta rebelión en todo el país residen en su enormidad en relación con sus ingresos o, en el caso de las empresas como pymes, locales e, industrias, en la posibilidad de continuar existiendo.

Pero, además, en la percepción de vastos sectores los aumentos carecen de razonabilidad, ya sea por lo abrupto del proceso, por su calidad de shock y por ausencia de una gradualidad razonable. En algunos casos ni siquiera están explicados. 

Ante esta situación, los sectores afectados recurren cada vez más a medidas cautelares, amparos judiciales, peticiones administrativas y acciones políticas ante las distintas autoridades. La indignación alcanza a los usuarios residenciales, a las pymes, a las organizaciones sociales, y últimamente a industrias chicas y grandes. Así, en Luján los industriales proponen no pagar las facturas eléctricas. En el nordeste las distribuidoras estatales piden tarifas de generación diferenciales, haciéndose eco del malestar de sus usuarios, y el gobernador de Corrientes avala esa actitud. En diversas localidades los usuarios se sublevan contra las cooperativas eléctricas. Desconocen que el valor de la electricidad les viene impuesta por el Estado nacional a través de Cammesa, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, y por el valor de distribución por cada provincia. En muchas partes del país las acciones de amparo paralizan el cobro de los servicios. La UIA también protesta por los incrementos a sus asociados. Empiezan a repetirse los proyectos de ley para paralizar o atenuar los ajustes. La protesta comienza a generalizarse.

¿Era necesario llegar a esto? El Gobierno argumenta que estos servicios estaban ampliamente subsidiados. Dice que en definitiva hay que pagar por ellos lo que valen. Se defiende con el pretexto de que para los sectores vulnerables es suficiente la tarifa social, pero ésta resulta cada vez más acotada y de más difícil acceso. 

Usuarios residenciales y empresarios perciben que los ajustes no tienen justificación alguna. Constatan su inconsistencia, su fragilidad, y fallas de forma y de fondo. 

Veamos un ejemplo. En electricidad, si bien existían evidentes subsidios, especialmente en la zona metropolitana de Buenos Aires –AMBA–, el proceso de quita de subsidios no viene guardando la gradualidad necesaria. Los aumentos no se corresponden con el contexto socio-económico y con el criterio de la Corte Suprema al respecto. A esto hay que sumarle la ausencia de correlación entre los aumentos y la calidad del servicio brindado por las distribuidoras, atrasadas en las inversiones a pesar de los aumentos. Facturas impagables frente a cortes reiterados y a menudo largos crean una insatisfacción que aumenta la tendencia a rebelarse contra estas tarifas.

Gran parte de los aumentos provienen del costo de la generación de electricidad que administra el Estado Nacional a través de la Cammesa, cuyos costos debieran revisarse porque su cálculo contiene inconsistencias importantes, y no justificadas.

En el servicio de gas es mentira que la producción de gas estaba subsidiada. Se ha instalado esta falacia en la opinión pública: se pagaba por el gas su costo real, lo que valía. En todo caso había un subsidio en el transporte y distribución del fluido, que era parte menor de la factura. Pero el Gobierno fijó arbitrariamente un nuevo costo del gas, con lo cual todos los usuarios del país subsidian a las petroleras en su negocio de explotación del gas. Este costo de producción –el equivalente al costo de producción de electricidad– se va incrementando por su dolarización de manera tal que también se hará impagable en muchos casos. El próximo aumento de las facturas de gas será una muestra de esta situación.

Con la tarifa del agua en el AMBA pasa algo similar: los incrementos son exponenciales y no guardan relación con los costos y la gradualidad necesaria, especialmente respecto de los habitantes de las zonas más vulnerables.

Esta modalidad de ajustes tarifarios no solamente traen perjuicios a los distintos sectores de usuarios. Afectan también el funcionamiento de la economía: los índices de inflación reciben su influencia en forma directa; el menor consumo de la población por este motivo restringe el desarrollo; las empresas trasladan estos nuevos costos, o disminuyen su producción y despiden, o cierran.

Pero también afectan al conjunto social: las organizaciones sociales que contienen a diversos sectores a través de sus actividades disminuyen su actividad y entran en crisis.

Ante la imposibilidad de vastos sectores de pagar las tarifas, ¿no será el momento de replantear esta movida por el ajuste? 

* Director del Observatorio de Tarifas de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Miembro del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz.