PáginaI12 En Brasil

Desde Brasilia

Justicia divina. Deltan Dallagnol, evangélico y responsable del equipo de fiscales de la causa Lava Jato, anunció que se entregará al ayuno y la oración mañana mientras en el Supremo Tribunal Federal se debata el caso de Luiz Inácio Lula da Silva. En sus plegarias implorará para que los once jueces del Supremo le nieguen un hábeas corpus al ex presidente y lo envíen  a un calabozo de la sureña Curitiba donde purgue la pena de doce años y un mes confirmada hace ocho días por un tribunal de apelaciones de Porto Alegre. En caso de que tales súplicas se hicieran realidad, Lula quedaría impedido de continuar con sus caravanas por el interior del país en las que ha recogido un respaldo creciente gracias al cual continuó trepando en las encuestas que lo sitúan con un 35 a 38 por ciento de intenciones de voto de cara a los comicios presidenciales del 7 de octubre en los que el capitán retirado Jair Bolsonaro aparece segundo con un 16 a 18 por ciento.

Si esta tendencia continúa Lula podría vencer hasta en la primera vuelta de los comicios: lo cual sería el peor de los mundos (o más bien el infierno) para Dallagnol.

De todos modos la postulación de Lula es improbable puesto que al haber una condena en segunda instancia fue alcanzado por la Ley de Ficha Limpia.

La prisión es el antídoto con el que las derechas (jurídica, política y mediática) suponen que podrán erradicar la amenaza del retorno del fundador del PT, sea como candidato o como un actor gravitante en la campaña.

Mañana será el “Día D” en la guerra santa contra la corrupción, según las palabras del fiscal que, junto al juez Sergio Moro, integró la avanzada judicial para acabar con Lula a través de una condena por corrupción y lavado de dinero en primera instancia publicada en 2017 a pesar de la falta de pruebas sobre la compra de un departamento en el popular balneario Guarujá.

El acusado no pasó una noche de su vida en esa propiedad que, según Dallagnol-Moro, le fue cedida como parte de un soborno de la constructora OAS.

La semana pasada un grupo de tiradores hasta ahora desconocidos, que la presidenta del PT Gleisi Hoffmann sospecha pueden estar relacionados con Bolsonaro, disparó contra el convoy en el que Lula viajaba por el interior de la provincia de Paraná.

Los tiros penetraron en dos colectivos y marcaron el inicio de la campaña armada para que el líder petista desista de sus encuentros directos con la población. La intimidación fracasó y el ex tornero mecánico cerró su recorrida ante miles de simpatizantes en el centro de la capital paranaense Curitiba, a unas pocas cuadras de los despachos de Moro y Dallagnol.

Fue una bofetada en plena “República de Curitiba”, considerado uno de los bastiones de la derecha. Ese ataque armado, dijo Lula el miércoles pasado en el centro curitibano, se parece a los que marcaron el surgimiento del “nazismo”. Dos semanas antes del atentado en el interior paranaense había sido asesinada en el centro de Río de Janeiro la concejal Marielle Franco, del Partido Socialismo y Libertad, con cuatro balas 9 milímetros desviadas de un depósito policial. Hasta ayer no hubo avances significativos en las investigaciones sobre los gatilleros que mataron a Marielle y los que dispararon contra los ómnibus petistas. 

Gleisi Hoffman exigió que las averiguaciones no queden en manos de los mismos policías que posiblemente están complotados con los agresores de Lula. Pero u demanda cayó en saco roto.

Lo del rezo para que el Supremo no le conceda un hábeas corpus a Lula fue una escenificación “patética de Dallagnol” sostuvo ayer Waldih Damous, ex titular de la Orden de Abogados de Brasil de Río de Janeiro. El diputado petista Damous deploró las presiones sobre los ministros del Supremo por parte de fiscales y magistrados asociados con “bandas” como el extremista Movimiento Brasil Libre, que flirtea con una intervención militar ante el naufragio del gobierno surgido del  golpe que derrocó a Dilma Rousseff hace 23 meses.

La sesión de mañana en el palacio vidriado de la más alta Corte en Brasilia es la continuación de la realizada el 22 de marzo en la que se determinó que el ex presidente no podía ser preso hasta el 4 de abril, mismo que el tribunal del alzada de Porto Alegre, de segunda instancia, confirme, como confirmó, su condena hace 8 días.

Esa decisión del Supremo, el 22 de marzo, fue un revés para los mentores de Lava Jato y la empresa periodística Globo responsable de una campaña desinformativa y de presiones sobre la presidenta del Supremo, Carmen Lucia Antunes, para evitar que se debata el hábeas corpus en el Supremo.

Ayer la ministra Antunes, que ya adelantó su posición contra Lula, instó a la “serenidad” durante la audiencia de mañana que puede prolongarse por varias horas como ocurrió con la anterior.

“Vivimos tiempos de intolerancia e intransigencia contra personas e instituciones”, sostuvo la jueza en un mensaje televisado, que grafica la tensión imperante.

El éxito provisorio obtenido hace dos semanas por Lula no autoriza a pronosticar otra victoria segura mañana ya que el tribunal está dividido claramente en dos grupos de cinco jueces, restando saber como votará la jueza Rosa Weber.

Recientemente Sergio Moro recomendó a la jueza Weber, durante una entrevista a la TV Cultura de San Pablo, que vote por la detención de acusado.