Seis consultoras firmaron en el último año veintiséis contratos con distintas dependencias del Estado Nacional por un total de 88.974.258 pesos para implementar un software diseñado y desarrollado por la AFIP con el objetivo de facilitar la liquidación de haberes y disponer online de la historia laboral del personal. De este modo, le cobran al Estado por algo que el propio Estado ya venía haciendo por sí mismo de manera exitosa gracias al aporte de los trabajadores del organismo fiscal. Incluso fueron los propios empleados de la AFIP los que tuvieron que capacitar a los miembros de las consultoras para que puedan realizar esa tarea y hasta el día de hoy tienen que intervenir cuando surge algún problema con el uso del software.

En 2002 la AFIP puso en marcha el Servicio de Administración de Recursos Humanos (Sarha). Primero se implementó en esa dependencia y luego la propia AFIP firmó convenios con otros organismos estatales como el Banco Central, PAMI, Cancillería y el Congreso Nacional, a quienes les cedió en forma gratuita la licencia y les brindó asistencia técnica. Debido al éxito de la iniciativa, en julio de 2016 el presidente Mauricio Macri ordenó generalizar el Sarha al resto de la administración pública, pero, tal como adelantó PáginaI12 el 29 de noviembre de 2016, en lugar de ser la AFIP la encargada de llevar adelante esa tarea se decidió contratar a consultoras privadas. Los empleados públicos que ya manejaban el Sarha capacitaron al personal de las compañías, incluso desde antes de la firma del primer acuerdo marco sellado en diciembre de 2016 (Nº 999-1-AM16), para que luego sean esas empresas las que hagan negocios a costa del Estado.

El llamado a licitación pública lo realizó el Ministerio de Modernización el 13 de septiembre de 2016 y el 29 de noviembre de ese año se oficializó la adjudicación a las siguientes firmas: 1) Summant Technologies S.R.L, 2) Open Solutions Argentina S.A., 3) NewRol-it, 4) Intersoft.S.A., 5) Neoris Consulting Argentina S.A., 6) Hexacta S.A., 7) Atos Argentina S.A., 8) Tecninfor SA, 9) Ryaco S. A., 10) Everis Argentina S.A y 11) Unitech S.A. Una vez firmado el primer acuerdo marco, que recientemente se prorrogó por otros 12 meses, las consultoras quedaron habilitadas para cerrar contratos con las distintas dependencias públicas. Hasta el momento, seis de esas firmas cerraron contratos por 88.974.258 pesos. 

  • NewRol-It. La compañía de Alberto Héctor Rolandi firmó ocho contratos por 30.883.280 pesos. El 21 de febrero del año pasado cerró un acuerdo con el Ministerio de Defensa por 5.146.600 pesos, el 18 de abril otro con el Ministerio de Energía también por 5.146.000 pesos, el 22 de junio uno con el Ministerio de Producción por 3.264.240 pesos, el 6 de septiembre uno con el Ministerio de Transporte por 4.014.000 pesos, el 10 de noviembre uno con la Secretaría General de la Presidencia por 455.040 pesos y el 7 de diciembre otro con la Superintendencia de Seguros de la Nación por 4.131.800 pesos. A su vez, en lo que va de este año sumó otros dos contratos: El 14 de febrero firmó con la Agencia Nacional de Discapacidad por 4.866.400 pesos y el 16 de febrero con el Ministerio de la Producción por 3.859.200 pesos. 
  • Tecninfor. Firmó ocho contratos con el Estado por un total de 11.801.520 pesos. El 16 de junio de 2017 cerró un acuerdo con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento por 656.930 pesos, el 6 de septiembre con el Ministerio de Transporte por 1.656.400 pesos, el 22 de septiembre con la Jefatura de Gabinete por 273.660 pesos, el 26 de septiembre con la Autoridad Regulatoria Nuclear por 2.726.590, el 27 de septiembre con la Comisión Nacional de Valores por 2.243.980 pesos, el 19 de octubre con el Organismo Regulador de Seguridad de Presas por 872.320 pesos y con el Ministerio de Ciencias por 3.371.640 pesos, mientras que el 5 de marzo de este año firmó contrato con la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria por 1.632.952 pesos. La empresa es conducida por María Victoria Otaño.
  • Open Solutions. Firmó cinco contratos por un total de 19.856.890 pesos. El 13 de diciembre con el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa por 4.393.373 pesos, el 18 de diciembre con el Ente Nacional de Comunicaciones por 6.369.182 pesos, el 26 de diciembre con el Ministerio del Interior por 61.698 pesos, el 31 de enero de este año con el Ministerio de Cultura por 7.922.073 pesos y el 2 de marzo selló otro contrato con el Ministerio del Interior por 1.110.564 pesos. La empresa, fundada en 1991, es presidida por el contador Miguel Ángel Calello.
  • Unitech S.A. Firmó dos contratos con el Ministerio de Transporte por un total de 5.171.443 pesos. El 6 de septiembre de 2017 cerró uno por 3.171.168 pesos y el 23 de marzo de este año otro por 2.000.275 pesos. En su web la empresa aclara que está implementando la versión 5 del Sahra en tres dependencias del Ministerio de Transporte: La Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil. El presidente y CEO de Unitech es Aníbal Carmona, que además es presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software.  
  • Atos Argentina S.A. La firma de capitales franceses comandada por el ingeniero Carlos Abril firmó dos contratos con el Ministerio de Transporte por un total de 11.642.413 pesos. El 6 de septiembre acordó uno por  3.553.474,53 y el 23 de marzo otro por 8.088.938 pesos. 
  • Ryaco S.A. La compañía presidida por Carlos Alberto Rolandelli firmó un contrato con el Ministerio de Trabajo el 20 de diciembre por 7.985.760 pesos. 

La decisión de avanzar con esta tercerización generó quejas de los empleados de AFIP. “Son los trabajadores de AFIP quienes aplicaron su inteligencia, imaginación y esfuerzo para llegar al mejor sistema de administración de recursos humanos y lo hicieron con los recursos del Estado y en beneficio del mismo. Resulta una burla para el organismo y para todos los que desde su desarrollo han trabajado en el sistema, que hoy se ponga los recursos humanos de la AFIP y el fruto de su trabajo en beneficio de privados, máxime en un contexto donde las restricciones presupuestarias en el organismo ponen en riesgo su normal funcionamiento”, aseguró Guillermo Carlos Imbrogno, secretario general de la Asociación Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIC) en una carta de la mesa nacional del gremio dirigida en diciembre de 2016 al entonces titular de AFIP, Alberto Abad. “Consideramos que es responsabilidad ineludible de su figura como Administrador Federal realizar las gestiones necesarias para revertir esta situación”, reclamó el gremio. Abad dejó trascender en ese momento de manera informal que no estaba de acuerdo con la medida, pero reconoció que no podía ponerle freno porque era una decisión de Macri.

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