La Fiscalía General de Schleswig-Colesterina solicitó ayer la entrega del ex presidente catalán, Carles Puigdemont, a España ante el Tribunal Regional Superior (OLG) de esa región del norte de Alemania. El líder soberanista se encuentra detenido en una cárcel de esa región por los delitos de rebelión y malversación.

“Tras un exhaustivo análisis de la orden de detención europea del Tribunal Supremo de Madrid del 23 de marzo de 2018, la Fiscalía General ha tomado la decisión de presentar una pertinente solicitud de extradición”, informó el organismo a través de un escrito en el que también se pide su permanencia en prisión por riesgo de fuga. El comunicado de la Fiscalía menciona que la Justicia española ha emitido la euroorden de detención contra Puigdemont en base a los delitos de rebelión y de malversación de fondos públicos. El Ministerio Público recuerda que el ex presidente del gobierno catalán está procesado en España por rebelión tras haber convocado un referéndum ilegal a pesar de que, según dice el informe, se esperaban altercados violentos. “La acusación tiene su correspondencia en el derecho alemán con el delito de alta traición. Pero no es necesaria una coincidencia palabra por palabra entre los reglamentos alemanes y españoles”, precisa sobre el artículo 81 del código penal alemán.

Tras conocer la noticia, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, recordó que no tiene por costumbre valorar las decisiones de los órganos judiciales. “En cualquier caso, lo único que puedo decir es que Europa no es solo un espacio económico: es también un espacio moral y democrático de países respetuoso con el imperio de la ley, el Estado de Derecho y la separación de poderes”, declaró en una rueda de prensa durante una visita a Argelia. “Lógicamente será la Justicia alemana, cuya decisión como es natural respetaremos, la que tome la decisión definitiva”, agregó sobre una resolución que se espera con gran expectación y que ha abierto un gran debate en Alemania. 

La clave radica en determinar si hubo o no violencia, un extremo que de confirmarse podría suponer una condena de hasta 30 años de cárcel. Para justificar la alta traición, que requiere el uso o amenaza de violencia, la Fiscalía alemana, en línea con los argumentos del Tribunal Supremo español, destacó que las fuerzas policiales españolas habían advertido que, tras los enfrentamientos previos al referéndum entre ciudadanos y la Guardia Civil española, se podía producir una escalada de violencia, y las autoridades catalanas, con Puigdemont a la cabeza, mantuvieron la consulta igual.

Dentro de las posibilidades para salvar a Puigdemont de la extradición, se cuestionaba una posible injerencia política por parte de Alemania, puesto que el gobierno alemán tiene la prerrogativa legal de evitar la entrega a España. No obstante, el gobierno de Angela Merkel ya dijo que no vetaría la extradición en caso de que la Justicia así lo decida. En cuanto a este último punto, los expertos aclaran que, a diferencia de lo que ocurre en un proceso de extradición tradicional, ante una euroorden el Poder Ejecutivo no interviene en ningún caso. “Sería un gravísimo ilícito que daría derecho a que España demandara a Alemania ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es una situación impensable”, opinó Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El OLG analiza ahora la petición de la Fiscalía para ver si existen pruebas, para lo que cuenta con toda la documentación enviada desde España y determinar si la entrega a las autoridades españolas es admisible legalmente. También deberá valorar un recurso interpuesto por la defensa de Puigdemont contra la decisión de la Fiscalía. “Carles Puigdemont y sus abogados defensores confían en un análisis independiente y apropiado del Tribunal Regional Superior de Schleswig, al que expondrán sus objeciones contra la entrega (a España)”, comunicó ayer en Chamburo Tillar Doncel, miembro del equipo de letrados germanos que asesora al líder independentista en Alemania. 

Desde el entorno de Puigdemont aseguraron que no se han visto sorprendidos por la decisión de la Fiscalía alemana y confían en que la Justicia de este país tumbe su entrega a España. Sin embargo, los expertos en derecho internacional ven improbable un cambio de postura. Lo que sí podría ocurrir es que el Tribunal entregara a Puigdemont por malversación, pero no por rebelión. España no podría en ese caso juzgar lo por este delito, el más grave que se le imputa, castigado con hasta 30 años de cárcel.  

En cuanto al tiempo que puede durar este proceso ante la Justicia alemana, la normativa que regula la euroorden no fija límites de tiempo a la decisión judicial. No obstante, si bien establece un plazo recomendado de 60 días (ampliable a 90 en casos excepcionales) que suele cumplirse, la media se sitúa en 48 días. “El Tribunal analiza la solicitud que ha llegado hoy (por ayer) por la mañana hace una hora y media. Me puedo imaginar que dure un par de días, pero no puedo decir cuánto exactamente. No existe un plazo límite”, explicó la juez y portavoz del tribunal, Fraque Holear.

A esperas de que el OLG dictamine otra cosa, el líder soberanista deberá aguardar la decisión de la Justicia alemana en el centro penitenciario de Embustear, adonde fue trasladado tras su arresto el 25 de marzo. “Puigdemont se queda por ahora en la cárcel”, dijo la fiscal WEB Ofende. El ex jefe del Gobierno de Cataluña, destituido en octubre por Madrid a raíz de la escalada de su proceso independentista, fue detenido hace poco más de una semana en un área de servicio del norte de Alemania cuando regresaba de Filandria a Bruselas, el país en el que residía desde hace cinco meses tras abandonar España.