Desde Brasilia

Con una ajustada votación decidida en la madrugada de hoy por seis votos contra cinco, el Supremo Tribunal Federal, con el desempate de su presidenta, Carmen Lucía, rechazó el hábeas corpus solicitado por Luiz Inácio Lula da Silva. La sesión fue por momentos tensa dentro y fuera de un recinto que no fue ajeno a la presión, evidentemente exitosa, ejercida por el comandante del Ejército. Lula y Dilma Rousseff  se reunieron en el Sindicato de Metalúrgicos de San Pablo Bernardo do Campo desde donde asistieron al debate de la Corte que no había concluido al cierre de esta crónica.

Junto a ellos estaba Luiz Mari- nho, ex alcalde petista de San Bernardo do Campo, que anticipó que el revés en la Justicia no impedirá que Lula continúe con las caravanas por el interior del país ni su campaña hacia las elecciones del 7 de octubre, en las que se perfila como favorito con entre el 35 y el 38 por ciento de respaldo.

Condenado en enero por el Tribunal Regional Federal 4, de segunda instancia, el líder del PT demandó un hábeas corpus para permanecer en libertad, y continuar en campaña, hasta que se agoten todas las instancias de apelación. Estas instancias incluyen al Tribunal Superior de Justicia, que es la tercera  y al Supremo Tribunal Federal, el cuarto y último paso.

Con todo el arresto de Lula no será inmediato porque aún hay margen para que sus abogados soliciten la revisión a de algunos puntos del fallo, incluyendo su constitucionalidad.

El voto de la jueza Rosa Weber, que a la postre resultó decisivo era el principal interrogante en un Supremo fracturado en dos grupos antagónicos, con cinco jueces en contra, incluyendo la presidenta Lucia, y otros cinco a favor del líder petista. 

Fuera del Palacio de Justicia una columna formada por militantes petistas y de movimientos sociales desplegó pancartas con la consigna “Lula Libre” en la Explanada de los Ministerios, la principal avenida brasiliensa. Un camión con parlantes de los que se utilizan en los desfiles de carnaval  sirvió de palco al que se treparon diputados y sindicalistas, en su mayoría vestidos de rojo. Dirigentes  repudiaron al comandante del Ejército, Eduardo Villas Boas, por haber presionado a favor de la prisión en un comunicado en el atacó la  “impunidad” y dijo estar junto a la “gente de bien”. 

Otro grupo menos numeroso con camisetas amarillas de la selección, ubicado a unos trescientos metros de los petistas, soltó fuegos artificiales tras el voto de Rosa Weber. Los antilulistas recibieron con vivas al capitán retirado y precandidato presidencial Jair Bolsonaro, reivindicaron una intervención militar y elogiaron al jefe del Ejército. Bolsonaro reconoció que el pronunciamiento filo-golpista del general Villas Boas pudo haber tenido influencia y respaldó al “ partido del Ejército que se llama Brasil”.

El ataque comenzó el martes por la mañana cuando el diario Estado de San Pablo publicó una entrevista con el general retirado Luiz Gonzaga Schoreder Lessa, quien amenazó con una “reacción armada para restaurar el orden” si el Supremo concedía el hábeas corpus. El bando insurgente no recibió ningún cuestionamiento del presidente  Michel Temer, jefe nominal de las Fuerzas Armadas, ni del comandante del Ejército Villas Boas.

Por el contrario horas más tarde Villas Boas adhirió a la posición del general retirado Schroeder Lessa a través de un tuit en el que apenas disimuló su amenaza a los jueces que se inclinaran por Lula. El tuit, amplificado por la cadena Globo , fue el tema saliente de la agenda noticiosa desde el martes por la noche hasta minutos antes de iniciarse la sesión del Supremo, a las 14 horas de ayer. Lejos de cuestionarlo, el ministro de Defensa, general Joaquim Silva e Lima destacó la “coherencia” de Villas Boas y su apego a los “preceptos constitucionales”. En la misma tónica el ministro de Seguridad, Raúl Jungmann, dijo que no hay motivo para pedir explicaciones al titular del Ejército y que es menor a cero la posibilidad de un golpe. Algunos jueces que hablaron desde el anonimato reconocieron por la mañana de ayer que tomaron nota del apriete castrense.

La injerencia de Villas Boas fue cuestionada ayer por el abogado  Roberto Batochio, defensor del ex presidente, poco antes del inicio del debate en el Supremo. “Creo que el lugar militares es en el cuartel, (ellos) tienen que cumplir su misión y la política quedar en manos de los políticos, así está organizada la república”, sostuvo Batochio. Anoche Batochiodeclaró que pediráaltribunalquese garantice lalibertad de Lula hasta que el STF se expida acerca de laconstitucionalidad deencarcelar a una personaantes de que se agoten las instancias jurídicas, o sea la cuestión de fondo, sobre la cual la corte no se pronunciado.

Si el ataque armado contra la caravana de Lula la semana pasada en Paraná había indicado un punto de inflexión en el uso de la violencia política de cara a las elecciones de octubre, la embestida de los militares marcó una nueva etapa del golpe que derrocó a Dilma Rousseff hace dos años. El golpe mutante, que nació como un artefacto mediático-judicial ahora cuenta con el sostén del partido militar. Ya se puede hablar de una constelación de fuerzas cívico-militar.

Las Fuerzas Armadas se tornaron un brazo determinante de una administración encabezada por un gobernante casi abstracto como es Temer, arrinconado por casos de corrupción sobre los que existen hartas evidencias. El último de ellos destapado la semana pasada cuando dos de sus hombres de confianza fueron detenidos por una red de corrupción vinculada al puerto de Santos, el más importante de América Latina.