El gobierno regional de Cataluña celebró ayer una cumbre para iniciar los preparativos del referéndum de independencia que quiere convocar en septiembre y movilizar a su bando frente a una nueva operación de seducción del ejecutivo español. Mientras que el Tribunal Constitucional español asestó un nuevo golpe al proceso independentista al anular el acuerdo alcanzado en su Parlamento para tramitar una serie de leyes que facilitarían la ruptura con España. 

Partidos independentistas y favorables a la autodeterminación, sindicatos, empresas y asociaciones fueron convocados en el Parlamento catalán para constituir un Pacto Nacional para el Referéndum que planifique su celebración. El presidente catalán, Carles Puigdemont, espera cerrar filas en torno de esta consulta tras las recientes discrepancias con la izquierda anticapitalista CUP, vitales para asegurar su mayoría, por la detención de cinco de sus miembros por quemar fotos del rey Felipe VI.

El arresto fue ordenado por un juez de Madrid, pero ejecutado por la policía catalana, dependiente del gobierno regional. Esto sembró malestar en la CUP, que todavía debe aprobar los presupuestos para poder financiar el referéndum. “Tenemos que ir juntos y no nos podemos equivocar de adversario’’, afirmó Marta Pascal, coordinadora general del Partido Demócrata de Puigdemont.

La cumbre llega en pleno despliegue de la “Operación Diálogo’’ del jefe de gobierno Mariano Rajoy tras años de continuo distanciamiento. El mandatario encomendó la misión a su vicepresidenta y fiel colaboradora, Soraya Sáenz de Santamaría, que se instaló un despacho en Barcelona al que acude casi semanalmente. El diario conservador ABC destacó ayer el cambio de estrategia para tratar de corregir la deriva rupturista y reducir el nivel de conflictividad. 

Santamaría ofreció al principal partido opositor, el socialista PSOE, ir de la mano en este tema y prometió negociar una lista de demandas sociales y económicas enviadas hace meses por Puigdemont, aunque dejando fuera el referéndum. También reconoció errores por la campaña de su partido contra el Estatuto catalán del 2006, que terminó anulado parcialmente en 2010 desencadenando un fuerte auge independentista en esta rica región mediterránea.

Estas declaraciones provocaron una reprimenda desde el sector más conservador del Partido Popular, cuyo máximo representante, el ex jefe de gobierno José María Aznar (1996-2004), renunció esta semana a la presidencia de honor. Para Miquel Iceta, secretario general socialista en Cataluña, “el gobierno llega tarde al diálogo. O se dan muchas prisas con hechos y no palabras o esto no llevará a ningún lugar’’.

Desde Barcelona, la “Operación Diálogo’’ es contemplada con escepticismo. “Cuesta entender que haya voluntad de diálogo y siga habiendo acciones judiciales’’, señaló Pascal. A través del Tribunal Constitucional, dominado por jueces conservadores, el gobierno español consigue anular todos los pasos hacia la secesión pero también otras leyes como la prohibición de las corridas de toros o una que fomenta la igualdad de género.

Ayer, el tribunal decretó ilegales las ponencias del Parlamento catalán para redactar las leyes que deben regular el proceso de secesión y las de creación de una agencia tributaria propia y un sistema de seguridad social catalán. A ello se le suman las causas judiciales por desobediencia contra la presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, o el ex presidente catalán Artur Mas (2010-2016), que horas antes de la reunión conoció la fecha de su juicio, en febrero, por organizar una consulta sobre la independencia en 2014. El alto tribunal también estimó hoy parcialmente un recurso interpuesto por el gobierno español contra la ley catalana de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea (UE) al entender que invade competencias correspondientes al Estado español. El Ejecutivo del conservador Mariano Rajoy se ha opuesto desde un principio a los planes secesionistas del gobierno catalán y ha impugnado todos sus pasos ante el Tribunal Constitucional. En las últimas semanas, Madrid ha asegurado que está abierta al diálogo con Cataluña, aunque de momento no ha habido avances.

El portavoz del gobierno español, Iñigo Méndez, pidió a los dirigentes catalanes que no se dejen llevar por los radicales. “Adoptar la agenda radical, la unilateralidad, no es una buena idea’’, dijo Méndez. Pero la falta de acuerdo no disuade a los líderes catalanes. “Lo haremos con nuestros propios recursos’’, advirtió Pascal, aunque el gobierno regional no dispone de censo ni junta electoral. “Podemos sacarlo adelante. No podemos explicar cómo porque no podemos enseñar las cartas. Tenemos que ser pícaros y astutos’’, insistió.

El reto será convencer a los no independentistas de votar en esta consulta, subraya el politólogo Ferran Requejo, para que el resultado pueda ser legítimo. En ello puede jugar un papel clave la carismática alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que está formando un partido antiausteridad, de izquierdas, en la región. Puigdemont, que retrasó la cumbre para permitir su asistencia, quiere seducir a Colau y sus simpatizantes para romper el empate entre partidarios y detractores de la independencia que pronostican muchas encuestas.