A una semana de la denuncia presentada por organismos de derechos humanos ante amenazas contra referentes, vía WhatsApp, el fiscal Gustavo Ponce Asahad habló de hechos de "extrema gravedad", suficientes para derivar en detenciones. Es que el fiscal tiene identificada una quincena de líneas telefónicas correspondientes a 15 titulares distintos. El anuncio se dio ayer, en la víspera del comienzo del postergado juicio oral sobre la causa Feced III, contra trece represores (ver aparte). Según indicó, se está procesando el material recibido de los mensajes que llegan mediante grupos de la red social con nombres como "Muerte a Milagro Sala", "Tucu (el represor, Eduardo Constanzo) vive", entre otros; y podría haber novedades en la causa, en el corto plazo. Ayer estuvo reunido con el fiscal federal Adolfo Villate -uno de los denunciantes- y funcionarios del gobierno provincial se pusieron a disposición.

"A esta altura de la historia, pensábamos que estas cuestiones estaban totalmente erradicadas; pero lamentablemente nos encontramos con esta situación que por la metodología sistemática y la organización nos rememoran a oscuras épocas que vivimos los argentinos", reflexionó el fiscal. Al mismo tiempo, consideró que la cuestión obedece a factores como "la banalización con la que se tratan los temas de derechos humanos, expresiones desafortunadas provenientes de altos responsables. Se torna necesario llamar a la reflexión", dijo.

El fiscal confirmó a este diario lo que dijeron las víctimas acerca de los números de teléfono desde los que parten los mensajes intimidantes: "Son líneas de Rosario, Buenos Aires, Córdoba y del norte del país. También hay un teléfono que sería de un chip radicado en Estados Unidos", detalló Ponce Asahad, pero prefirió no avanzar sobre el rompecabezas que se va armando con el correr de las horas.

En ese contexto, señaló que el hecho es "de extrema gravedad por los ataques que se profieren tanto a militantes y dirigentes de derechos humanos, como a funcionarios de gobierno, legisladores, denunciantes y querellantes de delitos de lesa humanidad. Esto se intensificó la semana pasada, cuando adelantamos una reunión que se iba a hacer el martes pasado, y la realizamos el sábado", recordó. Es que en los días previos se armaron nuevos grupos como "El nuevo Videla", "Muerte a las denunciantes", "Zitelli Vive" o "Fiscales Hijos de puta".

En la investigación, el fiscal dijo que "se cauteló evidencia" y se ordenaron medidas desde el primer momento. La denuncia fue presentada el miércoles 28 de marzo por el Espacio Juicio y Castigo, luego de que unos 300 referentes de organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y políticas, legisladores nacionales, provinciales y locales, recibieran hostigamientos y amenazas vía WhatsApp. "Están todos secuestrados", "Disfruten sus últimas horas libres" o "Prepárense para ser raptados", fueron algunos de los escritos.

"Hay una serie de números identificados, con titulares identificados", advirtió Ponce Asahad. En definitiva, se trata de 15 personas que podrían ser detenidas. El fiscal dijo ayer a este diario que todavía se estaba procesando el material logrado de la investigación, para avanzar en los próximos pasos.

La semana pasada, los denunciantes dijeron que "las víctimas son referentes ubicados en el plano de la oposición, y pensamos que pueden ser los famosos trolls, esos grupos paraestatales que se dedican a generar confusión en las redes sociales y operaciones comunicacionales; o directamente servicios de inteligencia, siguiendo los viejos manuales de la dictadura, con la intención de producir los definidos hechos de acción psicológica, y de hacernos sentir que todos estamos siendo espiados", consideraron.