Investigadores y funcionarios cuestionaron el impacto ambiental del proyecto de incineración de residuos impulsado por el Gobierno porteño y compararon sus costos con los que tendría consolidar la cadena de reciclado y alcanzar las metas de Basura Cero de la ley vigente, durante un debate en la Facultad de Agronomía de la UBA.
“La ley vigente prohíbe incinerar hasta tanto no se reduzca en un 75 por ciento la basura que se entierra. Busca una economía circular en la que los desechos que son recuperables y tienen valor se reciclan, y no reducir con la incineración ni incinerar desechos que son reciclables”, dijo Cecilia Allen, integrante de la Coalición Ciudadana Anti-incineración. La activista advirtió, además, que “la incineración no convive con el reciclado porque el gobierno tiene la decisión de invertir en los incineradores y no en la industria del reciclaje”. “El proyecto no dice qué incinerar ni dónde se van a instalar los incineradores, tampoco incluye directivas para el control de la calidad del aire”, remarcó el especialista en historia ambiental Elio Brailowsky.
Por su parte, María Senmartín, representante de las universidades en la comisión de seguimiento de la Ley de Basura Cero, objetó que actualmente “tenemos la peor versión de la incineración, que es la quema en basurales a cielo abierto tanto en la zona metropolitana de Buenos Aires como en distintos pueblos del interior bonaerense”.
