El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Omar Zeidán, confirmó que la empresa ingresó al Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), adelantó que habrá suspensiones arbitrarias, probablemente más despidos y que no está garantizado el pago de los salarios de marzo para los 2023 trabajadores y trabajadoras que aún quedan en la compañía, luego de haber echado a 500 operarios. En reuniones privadas con los sindicatos, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, manifestó que el objetivo del Gobierno es reducir otros mil puestos de trabajo. Como si no hubiera alcanzado con este anuncio, el alfil político del senador Eduardo Costa transmitió otro mensaje para la Cuenca Carbonífera de Santa Cruz, que incluye a las ciudades de Río Turbio, 28 de Noviembre y Julia Dufour: “Si no se bajan los convenios colectivos de trabajo, nos quedamos sin plata en julio o agosto”. En otras palabras, el funcionario avisó que la empresa podría cerrar dentro de los próximos meses, situación que repercutirá (de cumplirse) en la vida cotidiana de más de 30.000 personas.
“Se está trabajando en el procedimiento preventivo de crisis, si la cosa no se reactiva (los gremios) ponen en riesgo a todos. Necesitamos que la empresa produzca, que revean su convenio colectivo de trabajo, la empresa estuvo manejada por delincuentes y por eso hay que terminar con las cuestiones gremiales”, sostuvo Zeidán en declaraciones a Radio Nacional Río Turbio.
Aranguren ya había avisado que, de no concretarse la modificación de los Convenios Colectivos de Trabajo, la empresa entraría en el PPC a partir del 1 de abril. ¿Qué es lo que buscará el Gobierno a partir de ahora? Probablemente, echar a otros mil trabajadores. En las distintas reuniones que mantuvieron los representantes de la mesa intersindical –hoy bastante fragmentada y desgastada por la intensidad del conflicto–, el ministro les dijo en la cara que la empresa debería “ahorrarse” 1000 millones de pesos y que la única salida era la baja total de los convenios colectivos de trabajo de la empresa. Por eso los gremios no dudaron en calificar la “propuesta” del Ejecutivo como “extorsiva”.
Zeidán sostuvo que “es lógico que necesitemos echar trabajadores si no hay plata”. Pero el problema en YCRT no es económico. El 2 de febrero, la mesa intersindical elevó una propuesta al Gobierno para lograr un superávit en la empresa y reincorporar a los 500 despedidos, de los cuales muchos habían aceptado los retiros (in)voluntarios. La propuesta consistía en poner en funcionamiento el primer módulo de 120 MW de la usina y vender carbón a Chile a partir de un negocio ya cerrado por el Gobierno nacional. De esta manera, la empresa podría generar 2196 millones de pesos en un año (468 millones de pesos por la venta de carbón y otros 1728 millones por la venta de energía), según el análisis realizado por la mesa intersindical. El déficit presentado por el Gobierno en el Presupuesto 2018 sería de 1353 millones de pesos. El Gobierno rechazó de plano la iniciativa de los trabajadores.
El objetivo de Aranguren, Zeidán y Costa es el gesto disciplinador hacia los trabajadores. “Ahora lamentablemente se empezó con el procedimiento preventivo de crisis y a los gremios no les importa, no les importa la empresa. Creo que están totalmente errados. Hay violencia. Hay gente que no defiende una empresa sino a Atanasio (Pérez Osuna, intendente de Río Turbio, preso por una causa armada desde la actual gestión de YCRT). Acá se robaron todo”, esgrimió ayer Zeidán.
La tensión entre los trabajadores va creciendo, al mismo tiempo que la intersindical no encuentra los mecanismos para encausar el conflicto. La tensión se tradujo en los últimos días en un escrache en la puerta de un domicilio donde se encontraban miembros de la intervención de YCRT (llevado adelante por “40 inadaptados”, como los calificó el interventor), situación que ahora es utilizada por el gobierno nacional para legitimar el ajuste y sus pretensiones de echar a un total de 1400 trabajadores. Mientras tanto, la empresa no dice nada de los ocho fallos judiciales de primera instancia que sostuvieron que los despidos concretados hasta el momento fueron “arbitrarios e ilegales” (ver aparte).
–¿El próximo mes van a cobrar el sueldo? –le preguntaron desde Radio Nacional Río Turbio al interventor de YCRT.
–No, hasta ahora no. Vamos a ver el tema preventivo de crisis. Hay cosas que yo ya no estoy manejando, nobleza obliga, algo que ya les manifesté a los gremios, pero se ve que no les importó.
¿Qué quiso decir el funcionario? Los que están detrás de la suerte de los 2023 empleados que quedan dentro de YCRT, sumado al derrotero de la megausina de 240 MW que está finalizada en un 85 por ciento –según reconoció el propio Poder Ejecutivo–, son el senador Costa y Aranguren, los mismos que le solicitaron en persona a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el envío de 200 gendarmes para “prevenir disturbios al orden público”.
