La decisión del Superior Tribunal Federal rechazando el pedido de hábeas corpus presentado por los abogados de Lula lo aparta definitivamente de la competencia presidencial y lo arroja a la cárcel, tal como con singular premura lo decidiera ayer por la tarde el juez Sergio Moro. Lo que antes requería la intervención de las fuerzas armadas hoy lo hacen nuevos actores, convenientemente adoctrinados y entrenados por diversas agencias del gobierno de Estados Unidos con sus programas de “buenas prácticas”. Estos seleccionan jueces, fiscales, legisladores y periodistas y les ofrecen cursos especializados sobre los temas de su incumbencia. Uno de esos jueces es precisamente Moro, que sin prueba alguna condenó a Lula a 9 años y seis meses de cárcel, lo cual quiere decir que aprendió muy bien las lecciones que le dieron en el país del norte. El brasileño es tal vez el más famoso de los muchos jueces y fiscales latinoamericanos que participan en estos cursos de “buenas prácticas”. En su caso asistió al programa para instrucción de abogados ofrecido por la Harvard Law School y también en un workshop sobre lavado de dinero organizado por el Departamento de Estado, pese a que en Estados Unidos hay cuatro estados –Delaware, Nevada, Wyoming y Dakota del Sur– en donde se lava dinero de forma abierta y descarada. Moro aprendió que es una “buena práctica” condenar a un acusado aunque no haya evidencias del delito. Lo mismo había pasado antes con la pandilla de maleantes y corruptos que se adueñó del Congreso brasileño, que sin prueba alguna condenó a Dilma Rousseff por corrupción para luego destituirla en un proceso escandaloso que hundió a los legisladores de ese país en la cloaca más maloliente de la política internacional. 

Pero no basta con jueces y fiscales para concretar los planes destituyentes del imperio. También se necesitan periodistas que aprendan y apliquen las malas artes de la mentira sistemática, la desinformación, la fabricación amañada de consensos, pergeñar y manipular a la opinión pública con vistosas “pos-verdades” y blindar mediáticamente a los gobernantes y políticos amigos y para linchar mediáticamente a los indeseables. No es casual que las opiniones vertidas por las oligarquías mediáticas sean insólitamente tomadas como “pruebas” por esos jueces o fiscales cuyos cerebros fueron prolijamente lavados en Estados Unidos. Por algo el ex presidente Rafael Correa señala que el obstáculo principal que se interpuso a todos su planes de gobierno fueron los medios de comunicación, controlados a voluntad por la oligarquía financiera y sus aliados. En el caso argentino el blindaje de los gobernantes y políticos amigos es impresionante. Por ejemplo, el tema de los Panamá Papers ha desaparecido por completo como también lo hizo el incendio intencional de Iron Mountain en donde perdieron la vida diez bomberos y se convirtieron en humo documentos y testimonios de suma importancia. En Brasil, actor principalísimo de la condena a Lula y la destitución de Dilma fue la Red O Globo, violando como casi todos sus congéneres en toda América Latina las reglas de una nobilísima profesión. En lugar de periodismo lo que hay, salvo honrosas excepciones, son dispositivos de propaganda sólo interesados en promover determinados intereses económicos y políticos y encubrir los delitos de sus aliados. Pero no basta con jueces y periodistas corruptos: se precisa también contar con legisladores inescrupulosos dispuestos a lo que sea “si el precio es el correcto”. Estas categorías sociales han sido entrenadas por décadas por el gobierno de Estados Unidos en lo que sería el sustituto funcional de la tenebrosa Escuela de las Américas. El imperialismo incorporó a sus dispositivos de dominación el mal llamado “golpe blando”, que en los hechos es una estrategia de destitución de gobiernos progresistas –incluso aquellos que son tan sólo díscolos antes las órdenes de la Casa Blanca– que provoca poco después un verdadero baño de sangre. Para quien tenga dudas basta observar lo ocurrido en Honduras o lo que viene ocurriendo en Paraguay o en Brasil, con Río de Janeiro completamente militarizada, y con víctimas como Mariella Franco, crimen escandaloso que no se pudo tapar como sí se hizo con el asesinato de Paulo Henrique Dourado, concejal de  la populosa barriada carioca de la Baixada Fluminense ocurrido apenas una semana después del crimen perpetrado contra Mariella.

Al pisotear los preceptos constitucionales el Superior Tribunal Federal deslegitima la democracia y arroja a Brasil a los brazos de la violencia. Demuestra que de ahora en más nuestros pueblos tendrán que idear otras estrategias de conquista del poder, porque la ruta de la democracia parece desembocar fatalmente en la venganza reaccionaria con la bendición del imperio. No hay muchos dispuestos a tolerar este resultado.