El Ministerio de Trabajo provincial convocó para el lunes al mediodía a una audiencia por la interrupción de operaciones, con suspensión del personal sin goce de haberes, decidida por Cargill en su complejo de Villa Gobernador Gálvez y Alvear. Mientras el sindicato de Aceiteros denunció el lock out, la multinacional argumentó que decidió parar la planta por los paros no programados que le impiden operar en condiciones seguras, y también presentó una denuncia en la cartera laboral provincial. "La empresa, que tiene ganancias exorbitantes, no sólo despide arbitrariamente si no que ahora realiza un lock out patronal e impide el ingreso de los trabajadores", señaló el sindicatos de Aceiteros de Rosario. También denunciaron la militarización de la planta santafesina con la presencia de fuerzas federales de seguridad. "Actúan como un verdadero ejército privado de la empresa", planteó con preocupación la comisión directiva de la Federación de Trabajadores Aceiteros.

Con una nota pegada en la puerta de ingreso de su planta en Villa Gobernador Gálvez, la multinacional anunció ayer la interrupción de las operaciones con suspensión del personal sin goce de haberes, en principio hasta el 10 de abril. La multinacional, que hace unos meses despidió a 44 trabajadores del complejo santafesino, impidió el ingreso de los operarios mientras efectivos de la Prefectura ingresaban a la planta.

Más tarde, Cargill emitió un comunicado para explicar su decisión: "Dado que es nuestra prioridad la seguridad del personal, de las operaciones y de las comunidades en donde estamos presentes, y en virtud de los paros no programados que se suceden de forma frecuente e intermitente en distintas áreas de trabajo, que nos impiden operar en condiciones seguras, es que nos vemos obligados a tomar esta decisión. Asimismo, estamos haciendo las denuncias y presentaciones pertinentes ante las autoridades laborales y organismos de control correspondientes".

"Cabe recordar que esta situación de riesgo provocada por más de 80 paradas operativas en lapsos temporales variables entre 1 y 12 horas, se originó luego de que Cargill tomara la decisión irreversible de reemplazar a un total de 33 colaboradores en sus plantas de Villa Gobernador Gálvez y Punta Alvear y 1 colaborador en la planta de Bahía Blanca, concluidos los plazos legales determinados por las autoridades laborales nacionales y provinciales. Reiteramos que el objetivo de dicha medida no es la tercerización, ni la eliminación de puestos de trabajo, sino el reemplazo de colaboradores por otros con características y perfiles adecuados para garantizar la continuidad de las operaciones de un modo seguro y acorde a los nuevos desafíos del negocio", agregaron en el comunicado.

La semana pasada, y ante el anuncio de una huelga por tiempo indeterminado anunciada por la Federación de Aceiteros, en reclamo de una mejor oferta paritaria y por los 44 despidos en Cargill, el Ministerio de Trabajo de la Nación decretó la conciliación obligatoria. Una vez que fueron notificados, los gremios acataron la medida y levantaron la huelga. De todos modos, en el complejo de Villa Gobernador Gálvez y Alvear, el sindicato de Aceiteros Rosario continuó el plan de lucha por la reincorporación de los trabajadores despedidos con paros sorpresivos.

"Cargill ha decidido responder al legítimo reclamo de la reincorporación de los trabajadores despedidos y el legítimo derecho de huelga con un ilegal y arbitrario lock out, cerrando directamente las plantas aceiteras. Y a ello se suma un agravante: ha anunciado que dejará de abonar los salarios de los trabajadores que sin motivo han sido suspendidos, lo que resulta en una nueva violación de la normativa vigente", fue la respuesta de la Federación de Aceiteros.

Además, los aceiteros responsabilizaron a la patronal "de cualquier daño, perjuicio o consecuencia que su irresponsable accionar pueda provocar en la salud y vida de los trabajadores y en las instalaciones de la planta, pues la decisión de parar la producción no obedece a una razón productiva, si no a una maniobra empresaria en represalia del accionar sindical, que se inscribe en la constante persecución a los representantes sindicales y la creciente intimidación a los trabajadores aceiteros para que desistamos en nuestros legítimos reclamos".

Críticas. El diputado nacional del Frente Progresista, Luis Contigiani, fustigó la decisión de la empresa. "Los santafesinos no deberíamos tolerar esta actitud de Cargill, mucho menos en esta coyuntura", dijo el ex ministro de la Producción a Radio Universidad. "Repudio con todas mis fuerzas el accionar patoreril de esta multinacional, injustificado y avalado por el ministro de Trabajo nacional, Jorge Triacca, más que un funcionario nacional parece representante de la multinacional, que despidió sin causa a 44 empleados y ahora redobla la apuesta", agregó.

Por su parte, el diputado nacional del FIT, Nicolás del Caño, junto a Octavio Crivaro, visitaron ayer el acampe realizado por los trabajadores en la planta de Villa Gobernador Gálvez. "Esto es un lock out patronal y es ilegal. Es un escándalo cómo se maneja Cargill, que dejó un cartel escrito de puño y letra en la puerta de la planta y sigue avanzando sobre el derecho de los trabajadores", dijo Del Caño.

En tanto, los diputados provinciales Carlos del Frade (FSyP), Verónica Benas (FPCyS) y Luis Rubeo (FpV), que integran la Comisión de Asuntos Laborales y Previsionales de la Cámara de Diputados de Santa Fe, acompañarán hoy a las 11.30 a los trabajadores en la planta.