Con más de 40 firmas, jueces penales del sur provincial enviaron una nota al gobernador Miguel Lifschitz para pedir la "urgente" creación de centros de tratamiento para adicciones. La carta también llegó a manos de los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores. La preocupación tiene que ver con que la mitad de los casos que llegan a las salas de audiencias por comisión de delitos tienen como acusadas a personas con problemas de adicciones. Consideran que el encierro por sí mismo no es la solución. Aseguran que se trata de una cuestión de prevención de delitos. "Sino terminamos en un sistema represivo, con el pedido de más policías y más patrulleros, cuando se necesita atender estas situaciones", expresaron. El martes habrá una reunión con los organismos competentes.

El veto del Ejecutivo -en diciembre pasado- a la sanción de una ley para la creación de centros de rehabilitación para personas con problemas de adicciones, a través de la presentación de un nuevo proyecto, movilizó al Colegio de Magistrados de primera instancia. "Nos da lo mismo que aprueben uno u otro proyecto, pero que hagan algo urgente porque nosotros vemos que uno de los pilares del problema de la inseguridad es la cantidad de adictos y no tenemos lugares de internación ni un sistema para abordar los casos de manera ambulatoria", dijo el juez Luis María Caterina, coordinador del Colegio.

Se trata de cuestiones que suelen manifestar los propios imputados durante las audiencias, sus familiares o abogados defensores, como un problema reiterado en delitos como robos, arrebatos y otros. "Queremos poder seguir a las personas que están en proceso de tratamiento, pero necesitan contención suficiente. Habiendo dos proyectos, no vamos a opinar sobre uno u otro, pero es necesario que se haga algo", dijo el magistrado.