Con más de 80 casos que nunca pasaron por la instancia judicial, comenzó ayer el juicio Feced III. La bandera que señala "aquí se juzgan genocidas" volvió a ocupar su lugar en las rejas del Tribunal Federal de Oroño al 900, donde ayer se hizo la acusación contra 13 represores, por los delitos contra 152 víctimas. Al lado, los militantes de organismos de derechos humanos colgaron otra: "Ni el flaco perdón de Dios", rezaba, con una foto del recientemente fallecido cura Eugenio Zitelli. El ex capellán en la Policía provincial de Agustín Feced durante la última dictadura militar debía estar sentado en el banquillo para ser juzgado por primera vez, pero murió el viernes pasado. Para los referentes en la lucha contra delitos de lesa humanidad, esa impunidad tuvo que ver con las reiteradas demoras para iniciar el juicio oral y público que fue postergado tres veces. "Las dilaciones en los juicios son sinónimo de impunidad; en favor de los imputados y en perjuicio de las víctimas. Lo de Zitelli es muestra de ello", expresó la abogada querellante Nadia Schujman.
Decenas de referentes y miembros de organismos de derechos humanos, barriales y sociales colmaron la vereda del Tribunal para hacer "el aguante", en la calurosa mañana de otoño. Adentro de la pequeña sala donde el Tribunal Oral Federal Nº 2 escuchó las requisitorias de elevación a juicio para los sindicados, se sentó la mayoría de los imputados -algunos argumentaron cuestiones de salud‑. Dos de ellos, Héctor Gianola y Daniel González, serán juzgados por primera vez; mientras que Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Dougour, Julio Fermoselle, Ramón Telmo Alcides Ibarra, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Marcelo Olazagoitía, José Carlos Antonio Scortechini, Ernesto Vallejo, Ramón Rito Vergara, ya pasaron por otros juicios y fueron condenados. Altamirano, Dougour, Olazagoitía, Scortechini, Gianola y González están en prisión domiciliaria.
En esta tercera parte del expediente Feced -la causa madre en Rosario-, se juzgan los casos correspondientes a 152 víctimas que ayer fueron nombradas una por una frente al Tribunal presidido por la jueza Lilia Carnero. Más de 80 de esos casos constituyen hechos que nunca llegaron a la Justicia. "No es la justicia que se merecen las víctimas después de 42 años, con Zitelli y muchos otros imputados muertos; pero es la justicia que muchas mujeres y hombres podemos construir hoy. Porque si algo aprendimos es que la justicia es una construcción social, por la verdad. Estos juicios no son cosas del pasado. La embestida que sufrimos de parte del gobierno nacional y de muchos sectores a los que les conviene el silencio y el olvido, demuestran la vigencia de estos juicios. El 24 de marzo dejamos claro que no queremos retroceder. No queremos un país donde reine la impunidad Chocobar, la de asesinar a un pibe de 11 años o la de amenazar a familiares y referentes, sin consecuencias", dijo Schujman.
Los imputados fueron acusados por delitos como privaciones ilegales de la libertad agravadas; tormentos agravados; abusos sexuales agravados (en tres casos); homicidios agravados (sólo los correspondientes a 20 víctimas y no todos los imputados están acusados por esta figura), y asociación ilícita para quienes no fueron juzgados con anterioridad por este delito.
En tanto, por la sala desfilarán 322 testigos ofrecidos por las partes y admitidos por el Tribunal. En principio se anunció que las audiencias se realizarían un jueves cada 15 días, pero frente al reclamo de los querellantes y el mensaje que en febrero pasado dio la Cámara Federal de Casación Penal ‑cuando prorrogó las prisiones preventivas‑ al instar "que se le imprima celeridad una vez empezado" el juicio; la jueza Carnero dijo que, a partir de mayo, la producción de la prueba será todos los miércoles.
La acusación está a cargo del fiscal federal general Adolfo Villatte (titular de la Unidad de Asistencia a las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el terrorismo de Estado, jurisdicción Rosario) quien meses atrás recordó que esta etapa del juicio Feced es la más grande en relación con la cantidad de víctimas e imputados. También actúan como parte querellante la agrupación Hijos; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y distintas querellas particulares.
Quien estuvo ayer en el "aguante" -donde hubo radio abierta- fue Luz Olazagoitía, como lo hace en cada juicio de lesa humanidad ya que milita en la organización social Causa. Como en Feced II, en esta etapa su padre está sentado en el banquillo. En enero pasado, la joven dio una entrevista a Rosario12 en la que contó cómo fue su vida con el hombre al que ya no ve. "Si contar esto suma, si lo podemos ver como una victoria de todos, me parece que está bueno compartirlo", dijo en aquel momento.